Contraloría General de la República expresó su rechazo por la vacunación irregular contra el COVID-19 a personas menores de 80 años en la región Loreto. Foto: GEC
Contraloría General de la República expresó su rechazo por la vacunación irregular contra el COVID-19 a personas menores de 80 años en la región Loreto. Foto: GEC
Redacción EC

La Contraloría General de la República (CGR) expresó hoy su rechazo por la vacunación irregular contra el a personas menores de 80 años en la región Loreto y que no estaban consideradas en los grupos priorizados, según el padrón de inmunización. Además, informó que ya inició acciones de control sobre el caso que involucra a más de 60 personas, entre las que figuran dos alcaldes y varios funcionarios del Gobierno Regional.

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En un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, informó que el pasado 22 de marzo y de inmediato se comunicó lo ocurrido a las autoridades del Ministerio Público. En ese sentido, afirmó que inició las medidas de acción para determinar las responsabilidades que corresponden al caso denunciado.

Detalló que, la vacunación a personas que no formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados por su condición de vulnerabilidad en Loreto no se realizó en un centro de vacunación autorizado. El hecho se concretó en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto que no era punto programado para ese fin.

“Es indignante que funcionario y servidores públicos vulneren la confianza y disposiciones y que, en beneficio propio, se hayan vacunado irregularmente. Por lo que se debiera identificar y sancionar ejemplarmente a los responsables”, acotó.

El caso

Los días 18 y 19 de marzo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto comenzó las jornadas de vacunación con 5.850 dosis del laboratorio Pfizer. Se destinaron 5.634 dosis a los afiliados de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años que contaban con Seguro Integral de Salud o Essalud, o aquellos sin seguro. Otras 150 se destinaron para el programa Padomi de Essalud.

Sin embargo, un total de 66 dosis de Pfizer restantes fueron aplicadas a autoridades locales y funcionarios del Gobierno Regional de Loreto. Algunos de ellos ni siquiera cumplían los requisitos de edad para la vacunación.

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En este grupo hay funcionarios en actividad, como el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63); y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73). También figuran Mirna Villacorta (68), ex alcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante (63), actual directora ejecutiva de Promoción de la Salud, es decir, una funcionaria que participaba directamente en los planes del sector.

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