Narcovuelos: radar detectó 175 en los últimos tres meses

La misma semana en que el Congreso aprobó el proyecto de ley 2891 (ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional), que permitirá retomar la interdicción y eventual derribo de avionetas que ingresen al país para recoger o traer drogas, Devida terminó de imprimir un libro institucional titulado “Recuperando el Monzón”, que detalla cómo este territorio del Alto Huallaga, antiguo bastión del narcotráfico, fue cambiando lentamente de giro (con aciertos y errores) y es ahora un distrito bastante menos hostil que lo que alcanzó a ser hasta hace pocos años. Según Alberto Otárola, se trata de un “caso ejemplar”. La experiencia en el Monzón, por cierto, permite mirar en perspectiva lo mucho que queda por hacer en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el principal foco de producción y tráfico de droga en el Perú. 

— ¿Por qué ha sido tan difícil que el Estado intervenga en el valle del Monzón? 
Era una zona tomada por el narcotráfico y el terrorismo. Se asignó un presupuesto para desarrollo alternativo, se ingresó con el Proyecto Corah para erradicar cultivos de coca y, en febrero del 2012, se capturó a ‘Artemio’, con lo cual se aniquiló a las columnas de Sendero Luminoso. Se cumplieron tres condiciones para pacificar una zona: seguridad, inversión del Estado y decisión política al más alto nivel. Ahora casi el 90% de cultivos ilegales han sido erradicados en el Monzón, un pueblo cuya Plaza de Armas tiene como monumento una hoja de coca. Puedo decir que se ha recuperado el Monzón.

— Muchos de los narcotraficantes huyeron. Eso, entre otras cosas, generó un problema económico en la zona: los mercados estaban casi desiertos hasta hace poco tiempo.  
La coca dejó dos graves problemas; uno agrícola, porque las tierras quedaron absolutamente afectadas –la coca degrada los campos de cultivo– y hubo que invertir en la recuperación de suelos antes de avanzar con los cultivos alternativos; y otro de tipo social, porque la expulsión del narcotráfico generó desplazamientos. Ahora es una ciudad en ebullición. Sin embargo, todavía hay resistencia de un sector radical de cocaleros. Ahora hay poco más de 200 hectáreas de hoja de coca en el Monzón; hace pocos años había 10 mil hectáreas. 

— Usted fue ministro de Defensa entre el 2011 y el 2012. Ya en esa época se sabía que decenas de avionetas ingresaban al Perú cada mes para recoger droga. ¿Cuánto cambia la lucha antidrogas la aprobación de la ley de soberanía aérea?
Se trata de una ley que afirma el respeto por la soberanía y pretende ser altamente disuasiva. Es una ley bastante técnica, hay un protocolo de varios pasos antes de derribar una nave.

— El congresista Carlos Tubino, promotor de la ley, reconoció que hubo cierta oposición de Estados Unidos (en el 2001 una avioneta fue derribada en Loreto por el Ejército Peruano, creyendo que trasladaba a narcotraficantes, pero eran misioneros estadounidenses. La interdicción aérea se suspendió desde entonces). 
Con Estados Unidos hay convenios vigentes sobre interdicción aérea, y no se están vulnerando. Los aspectos esenciales de la interdicción corren a cuenta del Gobierno del Perú.

— ¿Se sabe con exactitud cuántas avionetas ingresan al país para recoger droga?
El año pasado, asignamos presupuesto de Devida para la reparación de un radar que estaba en desuso. Los técnicos de la Fuerza Aérea lo repararon y se instaló en Madre de Dios el 10 de mayo de este año. Desde esa fecha hasta ayer, se han registrado 175 vuelos en la frontera del Perú y Bolivia. Vuelos sin permiso ni control; eso, técnicamente, es un acto hostil. La nueva norma busca reducir a cero el sobrevuelo de estas aeronaves. No busca derribarlas, sino disuadir.

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