(Foto: Alonso Chero)
(Foto: Alonso Chero)
Enrique Vera

Ante sus padres y la policía, el niño de 11 años, a quien llamaremos Andrés, aseguraba que no había tenido contacto con desconocidos, en persona o por Internet, ni compartido datos de su familia.

Su nombre, edad, dirección y colegio estaban clasificados en los archivos de una banda de secuestradores que cayó en Lima. En medio de los papeles recogidos por los detectives, también figuraban los empleos y cargos de los padres de Andrés.

Las pesquisas arrojarían que la organización criminal había acopiado y rastreado información personal y familiar del menor, desde que este descargó la aplicación de una empresa que promocionaba concursos y premios.

Esta vez, los delincuentes no tuvieron que ganarse la confianza del niño ni martirizarlo con chantajes hasta verlo sometido. El delito lo habían generado vía mecanismos virtuales (redes sociales o aplicaciones) aprovechando el poco conocimiento que aún hay sobre la información que los menores incorporan a Internet.

La mafia, al parecer, tenía hackeado el banco de datos de la empresa para delinear a sus potenciales víctimas: Andrés y decenas de niños.

El abogado Omar Alfaro, asociado senior del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, dijo a El Comercio que entregar a un menor el uso de una red social y no supervisarlo, o no leer los términos y condiciones de las aplicaciones, son hoy en día los grandes riesgos de los niños en Internet.

En el ámbito empresarial, remarcó, el peligro parte desde no implementar medidas de seguridad necesarias en las redes sociales o aplicaciones que administran. Así, la confidencialidad de la información que reciben nunca está garantizada.

“Están expuestos al ataque de hackers, que pueden ser de la misma empresa o que buscan la información para venderla a sus contactos en el mundo delictivo”, dijo.

Una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) da cuenta de que una de cuatro personas es víctima a diario de algún ataque cibernético. Del total, más del 50% corresponde a fraudes electrónicos, 20% a delitos vinculados a la pornografía infantil y 10% a suplantación de identidad.

En el Perú, la Ley de Protección de Datos Personales establece que las empresas deben incorporar en sus términos y condiciones el tipo de información que van a utilizar, para qué y por cuánto tiempo. Además, cuáles son los derechos de las personas para que tal información sea modificada, eliminada o ya no sea utilizada.

Según detalló Alfaro, en el país casi el 80% de las empresas no son conscientes de cómo deben recopilar los datos de los menores, pues sus términos y condiciones son muy generales o copiados de otras páginas webs.

“La ley también contempla que para manejar datos de menores se requiere un consentimiento informado de sus padres”, refirió.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales impone multas que van desde 0,5 UIT hasta 100 UIT. Pero si a partir del tratamiento no autorizado de datos se produce algún delito, entran a tallar las normas que los tipifican. Pueden ser, entre otras, las referidas a pornografía infantil, falsedad genérica o suplantación de identidad.

-Grave riesgo cibernético-
Un estudio desarrollado por el DQ Institute de Singapur, entidad investigadora en materia de seguridad infantil, reveló que el riesgo cibernético en el Perú es más alto que el del promedio mundial.

El DQ Institute incluyó en su investigación a 38 mil niños de 29 países, con edades de 8 a 12 años. Unos tres mil estudiantes peruanos participaron en el estudio.

Lo hallado en los menores connacionales fue que el 64% estaba expuesto a riesgos como el acoso digital o ‘cyberbullying’. El promedio mundial con respecto a estos riesgos fue de 56%.

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