Ex funcionario de Onpe, José Luis Cavassa Roncalla, detenido por caso "Cuellos blancos del Puerto".
Ex funcionario de Onpe, José Luis Cavassa Roncalla, detenido por caso "Cuellos blancos del Puerto".
Karem Barboza Quiroz

Especialistas analizaron el futuro legal de la presunta organización criminal conocida como  integrada por magistrados, abogados, empresarios y ex miembros del ; y coincidieron en que podrían recibir hasta 35 años de cárcel.

Como se recuerda, la imputación que ha realizado hasta el momento la fiscal contra la criminalidad organizada, Rocío Sánchez, va desde la pertenencia a una organización criminal, aceptación ilegal, tráfico de influencias, peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y cohecho activo específico.

Según el abogado Luciano López, en este tipo de casos los delitos se habrían realizado de manera independiente y de forma continuada, por lo que se tendría que analizar bajo un concurso real de delitos que para los fines prácticos significa la sumatoria de las penas.

Así las cosas, indicó López, la pena llegaría a sobrepasar los 35 años de cárcel cuya cantidad es el máximo se que establece el Código Penal en el Perú.

“Las penas de todos los delitos van entre 10 a 15 años, y al ser un concurso real de delitos tendrían que sumarse lo cual ya excede los 35 años de prisión y según el artículo 50 del Código Penal las penas en el país no pueden exceder los 35 años y esa es la pena máxima que se le puede imponer”, explicó.

En el caso de las personas que tienen la condición de aforados (como jueces supremos o ex integrantes del CNM) -explicó- aún se debe esperar la decisión del Congreso.

Remarcó que, teniendo en cuenta que los delitos imputados en su contra van desde la criminalidad organizada y tráfico de influencias, también la pena llegaría hasta los 35 años, teniendo en cuenta el articulo 50 del Código Penal.

Los delitos, agregó, incluso podrían aumentar en el caso de los aforados a medida que vayan avanzando las investigaciones.

-Sin beneficios-

Por su parte, el penalista Mario Amoretti coincidió en que con los delitos que hasta el momento se les viene imputando, “superarán los 35 años de cárcel que es el máximo”.

El delito más grave -remarcó- es de pertenencia a una organización criminal cuya pena va hasta 15 años, peculado doloso que es hasta ocho años y si tiene la condición de funcionario público se agrega cuatro años más. Añadió que el tráfico de influencia que va hasta seis años y el peligro de la condición de funcionario público va hasta ocho.

“Allí en realidad ya superaron los 35 años y creo que lo que más les convendría es acogerse a la colaboración eficaz”, comentó.

Amoretti recalcó que en la eventualidad de que los integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto sean condenados, no podrán acceder a ningún beneficio penitenciario.

Recordó que en el 2017 se emitió el Decreto Legislativo 1296 que modifica los beneficios penitenciarios sobre redención de la pena por el trabajo o la educación, prohibiendo que los internos que cometieron delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077 (Ley Contra el Crimen Organizado), puedan acceder a dichos beneficios.

“Cuando se trata de organización criminal y dado la gravedad del delito que son materia de imputación, no pueden acceder a ningún beneficio y deberían cumplir toda la pena impuesta”, advirtió.

-Afinar criterios-

Finalmente, la abogada Delia Muñoz, quien ha litigado casos de corrupción y derechos humanos, indicó que la Fiscalía debe “afinar los criterios de investigación y probanza de sus acusaciones, para que posteriormente los integrantes de esta supuesta red criminal no invoquen afectaciones en sus derechos fundamentales”.

En el caso concreto, dijo, estamos en una situación de hechos presuntamente delictivos que involucran esencialmente a funcionarios públicos de los más diversos niveles, “lo cual implica que en caso de ser condenados las penas van a contener los agravantes que se determine para cada persona en función a su participación".

En ese sentido y ante la multiplicidad de delitos, se puede generar la acumulación de las penas, es decir que las sanciones que el juez impone su suman, hasta un máximo de 35 años.

“Es decir que puede estar condenado por el delito A por 15 años, por el delito B por 9 años y por el delito C por 20 años, estas penas se suman y al total se aplica el límite establecido, esto es de 35 años de cárcel”, anotó.