US$175 millones es el valor de Doe Run en un escenario de precios bajos y legislación ambiental poco amigable, según un reporte de PricewaterhouseCooper. (Foto: El Comercio)
US$175 millones es el valor de Doe Run en un escenario de precios bajos y legislación ambiental poco amigable, según un reporte de PricewaterhouseCooper. (Foto: El Comercio)

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reaviv el debate sobre la empresa metalrgica Doe Run cuando convoc a los trabajadores a marchar al Congreso para que se ample el plazo de la liquidacin de sus activos, que concluye el prximo 27 de agosto.

PPK luego aclar que l plantea una movilizacin pacfica, pero desencaden una serie de crticas, sobre todo de Fuerza Popular, que tendr mayora en el prximo Congreso con 73 de los 130 escaos. En estas cinco claves explicamos el problema de Doe Run.

1. Antecedentes de la problemtica de Doe Run. El complejo metalrgico de La Oroya se encuentra ubicado en la regin de Junn y est compuesto de un conjunto de fundiciones y refineras que operan desde 1922.

La ciudad de La Oroya es considerada una de las cinco ciudades ms contaminadas del mundo, debido a los elevados niveles de plomo en el aire emanados por los ms de 90 aos de operacin.

En 1997, Doe Run gan la buena pro del complejo y, como parte de sus obligaciones, el Estado le encarg implementar un programa de adecuacin ambiental, que nunca lleg a ejecutar.

En el 2009 la empresa fue declarada en insolvencia y paraliz parte de su operacin. Un ao despus se instal su junta de acreedores, que es presidida por representantes del Estado Peruano al ser el principal acreedor de Doe Run.

2. Problemas en el proceso de liquidacin de la empresa. La junta de acreedores acord liquidar la empresa en marcha. Esto es, venderla en funcionamiento. Como parte del acuerdo, los ms de 2 mil trabajadores del complejo conservaran su empleo.

Sin embargo, hasta hoy no hay compradores. La fallida subasta de sus activos en agosto del ao pasado hizo que se cierren las operaciones de la mina Cobriza. La produccin de esta mina financiaba el salario de los trabajadores de la refinera.

3. Argumentos de los trabajadores y sus reclamos. De acuerdo con los trabajadores de Doe Run, el complejo hasta ahora no es subastado porque la legislacin ambiental nacional es muy estricta. Segn ellos, esto impedira que nuevos postores quieran invertir.

En el Per los estndares de calidad del aire exigen emisiones de dixido de azufre por debajo de 20 microgramos por metro cbico. Los trabajadores dicen que en Chile este valor es de 250.

En agosto del ao pasado los empleados iniciaron una huelga que dej un muerto y 60 heridos. Entre sus reclamos se encuentran flexibilizar la legislacin ambiental y que el Gobierno se interese en la reactivacin del complejo metalrgico paralizado.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha declarado en reiteradas oportunidades que los estndares de calidad ambiental no se modificarn.

4. Intentos del gobierno por mantener la operacin. Segn la antigua ley concursal, la junta de acreedores poda liquidar una empresa en marcha por un plazo de seis meses prorrogables por seis meses ms.

No obstante, a poco tiempo de que se venza el plazo para la liquidacin en marcha de Doe Run, el gobierno de Ollanta Humala, en virtud de una delegacin de facultades, emiti un decreto legislativo por el cual prorrog este perodo por un ao adicional.

El nuevo plazo para liquidar Doe Run vence el prximo mes de agosto. Hasta la fecha no hay compradores.

5. Reciente propuesta de Pedro Pablo Kuczysnki. En su reciente visita a la ciudad de La Oroya, PPK subray que la fecha lmite para liquidar en marcha Doe Run se acerca y dijo que era necesario emitir antes de fin de agosto una prrroga adicional. Para ello ofreci sacar del Congreso poderes delegados o una ley.

Si es que vence el referido plazo, los activos de la empresa no podrn ser liquidados en marcha y se estima que perderan valor al tener que ser vendidos por separado. Las operaciones se paralizaran y terminaran los vnculos laborales.

La propuesta de PPK ha sido criticada por diversos especialistas, ya que ni el presidente de la Repblica ni el Congreso, pueden emitir normas por intereses o casos particulares. Adems, porque no se debe intervenir en asuntos de una empresa privada.

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