Alejandro Soto: claves de la denuncia de la procuraduría por presunto delito de concusión

La Procuraduría General del Estado solicitó el martes 22 de agosto a la Fiscalía de la Nación que inicie diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión.

El pedido responde a que Soto estaría recortando el salario de sus trabajadores parlamentarios bajo el camuflaje de “aportes voluntarios”.

El programa “Cuarto poder” reveló el domingo pasado que los trabajadores de Soto le financian su publicidad en redes sociales, supuestamente por libre decisión.

El programa accedió a conversaciones de WhastApp en las que se evidencia que Phenélope Contreras Cabezas, trabajadora del despacho de Soto, recibe y pide dinero para pagar los avisos publicitarios del ahora presidente del Congreso.

En uno de los chats, que data de septiembre del 2022, se lee: “Penélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre”.

En otro, Phenélope Contreras escribe: “Doccito [sic], cómo estás, buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. Cincuenta es de noviembre y si gustas pagas de una vez de diciembre”.

Según información pública de Facebook, Contreras ha pagado por 92 anuncios publicitarios de Soto desde el 2021 hasta el 2023. Estos suman en total S/ 1,808.

AQUÍ LOS ANUNCIOS DE SOTO EN FACEBOOK PAGADOS POR PHENÉLOPE CONTRERAS:

Fuentes de la procuraduría señalaron a El Comercio que existen algunas similitudes entre la acusación contra Soto y una imputación a la congresista Katy Ugarte, hoy integrante de la bancada Unidad y Diálogo.

En abril pasado, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Ugarte por el presunto delito de concusión, luego de que se revelara que sus trabajadores entregaban parte de sus sueldos para pagar por publicaciones a su favor en medios de comunicación cusqueños.

Aquella vez, el entonces trabajador parlamentario Roger Torres, asesor principal de la legisladora, aseguró a “Cuarto poder” que los montos mensuales que daba cada uno eran voluntarios. “Eso no califica como un descuento porque la congresista ni recibía ese dinero ni estaba al tanto”, afirmó.

Personal del Ministerio Público acudió a las oficinas de Ugarte en el Congreso para recabar información el pasado 13 de abril.

El Código Penal establece que el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Soto dijo el martes pasado que se someterá a las investigaciones.

“Ante el anuncio de la Procuraduría General del Estado hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la fiscalía y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno”, señaló vía Twitter.