El pleno del Tribunal Constitucional acordó que a más tardar el 29 de octubre definirán la admisibilidad de la demanda competencial de Pedro Olaechea contra el Ejecutivo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)
El pleno del Tribunal Constitucional acordó que a más tardar el 29 de octubre definirán la admisibilidad de la demanda competencial de Pedro Olaechea contra el Ejecutivo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)
Karem Barboza Quiroz

El magistrado del (TC) Carlos Ramos tendrá plazo hasta el próximo martes 29 de octubre para entregar su proyecto de resolución –declarando admisible o inadmisible– la demanda competencial interpuesta por , presidente de la Comisión Permanente, contra el Ejecutivo.

Ayer Ramos Núñez fue elegido por la mayoría del pleno del TC como el encargado de realizar la calificación de forma del reclamo constitucional.

Fuentes de El Comercio informaron que dicho magistrado recibió el respaldo de sus homólogos Manuel Miranda (vicepresidente del TC), Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña.

Ernesto Blume (presidente del TC) y José Luis Sardón, votaron en minoría para que Augusto Ferrero Costa fuera el ponente.

Como se recuerda, la demanda competencial cuestiona la dispuesta por el Ejecutivo el pasado 30 de setiembre.

—Enorme compromiso—

El presidente del TC, Ernesto Blume, en rueda de prensa –ofrecida ayer por la tarde– confirmó la designación de Ramos Núñez y anunció la fecha límite en que el caso deberá ser calificado.

El 29 de octubre el proyecto de Ramos será debatido por el pleno del TC. El documento puede ser aceptado o rechazado.

La demanda de Olaechea pide que se defina si el Ejecutivo tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones del Legislativo. Además, solicita al TC que declare que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Legislativo de manera expresa a través de una votación en el pleno y no de manera tácita o fáctica.

El pedido fue acompañado por una medida cautelar para que el TC suspenda los efectos de la resolución que ordena la disolución del Congreso.

Al respecto, el magistrado Carlos Ramos anunció que “probablemente” presente también una ponencia sobre la medida cautelar planteada.

El magistrado calificó su designación como “una gran responsabilidad”.

“Más allá de las responsabilidades personales que nos tocan, es algo de carácter histórico y es un enorme compromiso para todos”, dijo.

Ramos Núñez aseguró que él no adelantó opinión de ningún tipo sobre esta demanda.

“No había ningún proceso ingresado en el Tribunal Constitucional [...]. Ingresó hace poco, ahora yo soy ponente y no puedo en estas condiciones hacer ningún adelanto de opinión”, manifestó.

El magistrado también se pronunció sobre un proyecto elaborado por el coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales del TC, Omar Sar Suárez. Según dijo Ernesto Blume a El Comercio, el informe se hizo sin que alguien se lo pidiera al funcionario y plantea que la demanda competencial presentada por Olaechea como presidente del Congreso disuelto sea admitida.

“Voy a considerarlo [el informe de asesoría], pero al final tengo plena libertad para hacerlo mío, rechazarlo, cambiarlo, en fin [...]. Es un tema que a estas alturas no deja de ser anecdótico, nada más, porque la prerrogativa para la propuesta del auto está en manos del ponente”, indicó Ramos ante la prensa.

Finalmente, Ramos Núñez también indicó que, si bien el reciente informe de la Comisión de Venecia solicitado por Olaechea “tiene un carácter informativo”, se tomará en cuenta.

—Cada quien con su rol—

El presidente Martín Vizcarra, poco antes de conocerse la decisión adoptada por la mayoría del pleno del TC sobre la demanda competencial, consideró que cada institución debe cumplir con el rol que le corresponde.

“Cada institución tiene que cumplir con su rol, cada poder del Estado tiene que, responsablemente, hacer lo que corresponda. No solo por el deber de cumplir todos la Constitución, sino porque todos tenemos la vigilancia y los ojos puestos de los ciudadanos”, enfatizó el jefe del Estado.

Desde Piura, donde acudió a la inauguración del colegio Almirante Miguel Grau del distrito de Huarmaca, el mandatario sostuvo que las decisiones se deben tomar en pro de la ciudadanía.

“Porque nos debemos a los ciudadanos tenemos que tomar las decisiones en función de lo mejor para la ciudadanía y en cumplimiento de la ley”, sentenció Vizcarra.

El mandatario también se pronunció sobre la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que enviará una misión de observación para las elecciones del 2020. “Ellos ven con mucha tranquilidad y confianza lo que ocurre en el Perú porque ven que se cumplen las normas y la Constitución”, remarcó.

—Cronología—

31/7/2019

El presidente Martín Vizcarra envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020.

25/9/2019

Se conoció el predictamen de la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, recomendando archivar el proyecto.

27/9/2019

El jefe del Estado anunció que plantearía una cuestión de confianza y un proyecto de ley para modificar las reglas para el proceso de elección de magistrados del TC.

30/9/2019

Vizcarra disolvió el Congreso. Consideró que se había rechazado la cuestión de confianza, ya que no se había debatido. En la mañana el Congreso había concretado la elección de magistrados del TC, pese al pedido del Gobierno para suspenderla.