Exhortan al gobierno a aprobar la autoridad de transparencia
Exhortan al gobierno a aprobar la autoridad de transparencia
Redacción EC

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad () exhortaron al gobierno a que apruebe la norma que crea la autoridad nacional de transparencia y protección de datos personales.

El gobierno solicitó facultades legislativas al Congreso de la República para la creación de esta entidad; sin embargo, el proyecto parecía entrampado en el Ejecutivo.

Según el viceministro de Justicia, Edgar Carpio, la aprobación del texto normativo está fuera de discusión y argumentó que el gobierno se encuentra evaluando la calidad regulatoria de la norma y el impacto que tendrá en los recursos públicos. Además, aseguró que la norma será aprobada antes de que venza el plazo otorgado para la delegación de facultades. Es decir, el próximo 7 de enero.

Carpio se comprometió a aprobar la norma en los términos aprobados por la comisión técnica: una entidad autónoma e independiente que cuente con un tribunal administrativo con potestad sancionadora y que resuelva controversias. “Será el Indecopi de la transparencia”, señaló.

Por su parte, el ex defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, manifestó que la aprobación de una autoridad de este tipo tendrá un costo muy pequeño para el Estado. “Desde que se aprobó la ley de transparencia, la Defensoría ha recibido más de 8 mil quejas relacionadas a problemas de acceso a la información pública”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, el embajador Allan Wagner, sostuvo que es importante que esta autoridad sea autónoma y efectiva. “Esta entidad tiene que tener la capacidad de resolver controversias de manera expeditiva para los ciudadanos”, anotó.

El proyecto para crear la Autoridad de  fue aprobado por una comisión técnica creada por el ministerio de Justicia en la que participaron el IPYS y CPP, además de miembros de la sociedad civil.

La norma establece que la autoridad de transparencia tendrá un Consejo Directivo de cinco miembros que trabajará a tiempo completo y que será elegido mediante concurso público por seis años. También tendrá un tribunal, con autonomía técnica y funcional, para resolver conflictos en materia de acceso a la información y protección de datos personales y contará con capacidad sancionadora.

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