"Hay que buscar soluciones para los oficiales maltratados"

El abogado constitucionalista Enrique Bernales fue presidente de la comisión que evaluó los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) entre el 2012 y 2016, durante gran parte del gobierno de Ollanta Humala.

Fruto de su investigación, el jurista presentó ayer su informe ante la Comisión de Defensa del Congreso, que también investiga el caso. Como en anteriores oportunidades, reiteró que el gobierno de Ollanta Humala ejecutó maniobras para favorecer con ascensos a determinadas promociones del Ejército del Perú.

Hoy, el gobierno entregó un proyecto de ley al Congreso para modifica el artículo 7 de la Ley de Ascensos Militares, dejando así sin efecto los anexos 1, 2 y 3 del Decreto Supremo 009-2013-DE, que "generaron distorsiones y falta de uniformidad en los ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas" durante la administración de Ollanta Humala.

En entrevista con El Comercio, Enrique Bernales dijo que este proyecto coincide con el diagnóstico realizado por su comisión, pero advierte que este no basta para restituir el daño ocasionado.

—¿La ley presentada por el Ejecutivo se hizo por recomendación de su comisión?
Sí, coincide con nuestro diagnóstico. Recién ayer fuimos informados de que se estaba preparando un proyecto de ley, pero no sabíamos que estaba tan avanzado. Me parece muy útil y, con cargo a una revisión mayor, tengo la impresión que recoge aspectos sustantivos de las sugerencias que fueron presentadas por el grupo de trabajo.

—¿Ustedes elaboraron algún proyecto?
No, lo que nosotros señalamos es cómo, durante el gobierno de Humala, se habían alterado y modificado las leyes de situación militar y ascensos de tal modo que en realidad habían quedado muy distorsionadas. En algunos pasajes, ya prácticamente no eran aplicables y más bien aplicaban un decreto supremo que permitía manipular ascensos y pases al retiro, particularmente para favorecer a algunas promociones.

—¿Habrá otra norma a proponer o esa abarca todas las irregularidades que hallaron?
La propuesta es, por un lado, corregir los vicios que están afectando las leyes, en eso hay coincidencia. Pero, lógicamente, está la otra parte en la que hay que buscar soluciones de justicia para los oficiales que han sido injustamente maltratados.

—¿Se debe buscar restituir a los militares que fueron pasados irregularmente al retiro?
Hasta ahora no se ha hecho, pero este proyecto que han enviado es un primer paso en la dirección correcta. Sí faltaría algo en esa otra línea.

—Ha mencionado que Humala influyó en ascensos y favoreció y la figura del ex presidente ha aparecido mellada. ¿Puede determinarse una responsabilidad penal en su caso?
No es que quede mellada, sino que en realidad él actuó de un modo que no era el correcto. Ahora, no corresponde a una comisión como la que yo presidí calificar esos hechos. Eso ya es una investigación de otro tipo que deberá ser estudiada por el Ministerio Público. Nosotros simplemente señalamos los hechos.

—¿Qué vías podría tomar este caso?
Hay dos: una es que la comisión del Congreso, que está haciendo una investigación en los mismos términos, considere necesario que esto sea remitido al Ministerio Público para que investigue. La otra es que, dado que el informe es público, el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, abra una pesquisa para determinar si el asunto requiere una investigación mayor.

—Desde su punto de vista de jurista, ¿hay elementos por los que convenga una investigación a nivel penal?
El problema es que hay que determinar la gravedad de los hechos, hasta dónde fue la interferencia. Nosotros hemos dicho que interferencia política definitivamente hubo, pero esta puede estar como no acompañada de acciones de tipo delictivo. Hasta ese punto no podemos llegar porque no nos corresponde, pero eso no significa que los órganos que investigan la comisión de un delito hagan las pesquisas necesarias.

—¿El caso lo vería definitivamente el Ministerio Público o podría ser un fuero militar?
Creo que es un asunto que le correspondería a la vía ordinaria, porque si hay un delito, no es un delito militar sino uno que atenta contra derechos adquiridos de los oficiales. Ahí lo que hubo es falta contra el debido proceso y desconocimiento de los derechos fundamentales. Se ha violado el derecho a la igualdad, hay discriminación, se ha atentado contra la dignidad de la persona en la figura del oficial de carrera militar, esos son los hechos que hemos señalado.

—¿Seguirán colaborando con la comisión que ve el caso?
Creo que aunque el grupo ya terminó su labor, de alguna manera estamos comprometidos con el informe que hemos escrito y, si es necesaria una aclaración, evidentemente será nuestro deber cívico hacer la contribución que se nos pida.

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Roberto Chiabra: Medida del Gobierno amplía oportunidades para ascensos ►https://t.co/sr8nOKsfYB pic.twitter.com/FEccseN2SG— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 19 de enero de 2017