Hugo Chávez: los años de cárcel que purgaría y los elementos en su contra en el Caso Petro-Perú

Chávez Arévalo, para quien la fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva, habría cometido presuntos delitos de colusión agravada en organización criminal (16 años y 8 meses de cárcel), tráfico de influencias (8 años de cárcel) y lavado de activos (13 años y 4 meses de cárcel). Por lo que, al aplicarse el concurso real de delitos, correspondería la sumatoria de las penas, señaló la fiscalía.

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La audiencia para evaluar el requerimiento de prisión preventiva, en el que también está incluido el empresario Daniel Asunción Príncipe Trujillo, fue programada para el próximo 23 de marzo por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria contra la Corrupción a cargo del juez Manuel Chuyo.

Para Príncipe Collazos, la fiscalía estimó una pena por concurso real de delito de organización criminal y tráfico de influencias de 17 años y ocho meses.

La fiscalía, según el requerimiento de prisión preventiva obtenido por El Comercio, ha presentado más de 200 elementos de convicción contra Chávez Arévalo, a fin de sustentar su presunta pertenencia a la red criminal que habría operado en el gobierno anterior, desde mayo del 2021 hasta diciembre del 2022.

Entre estos, las declaraciones de los colaboradores eficaces N°3-2022 y N°6-2022, así como las versiones de Fermín Silva Cayatopa, Yober Sánchez, la misma declaración de Hugo Chávez, registro de antecedentes penales, registros de visitas a Palacio de Gobierno, registro de visitas a Petro-Perú, mensajes de WhatsApp, entre otros.

Por ello, sostiene que el expresidente de la República, conjuntamente con su exsecretario Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Fermín Silva Cayatopa, Yober Sánchez Delgado, Rudbel Oblitas Paredes y Chávez Arévalo, planificaron designar como director y gerente General de Petro-Perú al último de los nombrados, a cambio de sumas de dinero.

De acuerdo a las pesquisas, Silva Cayatopa, en coordinación con Yober Sánchez Delgado, pagó la suma de S/.45,000 a Castillo Terrones a través de su exsecretario general de Palacio de Gobierno para la designación de Chávez. Ello, con la finalidad de copar el poder en dicha institución estatal.

En tal sentido, habría tenido “interés en copar el poder más alto de la empresa pública denominada Petro-Perú”, con el fin de lograr “direccionar las licitaciones o adquisiciones de bienes y servicios”, entre ellos por procesos de compras COM-012 y COM-013, para obtener ganancias ilícitas a través de la modalidad de “licitaciones públicas fraudulentas”.

Agrega la fiscalía que la organización criminal también contaba con integrantes y personas vinculadas que se encargaban de realizar los “contactos” o “negociaciones” para favorecer el proyecto criminal, habiéndose identificado a Marco Antonio Zamir Villaverde García y Karelim Lopez Arredondo para el “Caso Tarata”; por su lado tenemos a Yenifer Paredes Navarro cumplió dicho rol en el “Caso Anguía”, también a Alejandro Sánchez Sánchez en el “Caso Asesores en la Sombra”.

En las pesquisas, se explica en el requerimiento, se ha identificado que todos los integrantes de la red habrían coadyuvado con el proyecto criminal, habiendo ejecutado actos de colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros ilícitos; con la finalidad de “direccionar ilicítamente” las adjudicaciones y “beneficiar” a la organización, a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., de Samir Abudayeh Giha y Carlos Alfonso Siles Chehade.

“Producto del cual se habrían procurado generar ganancias ilícitas que habrían sido insertadas al sistema económico y financiero del país a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Para ello habría estado en constante coordinación con el líder de la organización criminal desde Despacho Presidencial”.

Fiscal Raúl Martínez Huamán. Requerimiento de prisión preventiva.

Además…

Los roles en el Caso Petro-Perú

Direccionamiento. Según la fiscalía, los integrantes cumplían un rol; Arnulfo Bruno Pacheco Castillo coordinaba la designación irregular de Hugo Chávez Arévalo en Petro-Perú, en tanto, Hugo Ángel Chávez Arévalo gestionó la designación -en Petro-Perú - de personas afines a los propósitos de la organización criminal y el direccionamiento del proceso de adquisición de Biodiesel en Petro-Perú.

Por su parte, Rudbel Oblitas Paredes, sobrino y persona de confianza del Presidente de la República, participó en la decisión del Presidente de la República para la designación de Chávez Arévalo; por su parte, Daniel Príncipe Collazos, también se encargó de participar en la designación de Chávez Arévalo, además, se encargaba de gestionar los intereses de la organización ante Petro-Perú y otras instituciones del estado y coordinar con otros integrantes de la organización criminal como era Jose Nenil Medina.

En el marco del encubrimiento, habrían contado con Henry Shimabukuro Guevara, Beder Camacho Gadea y José Luis Fernández Latorre, quienes tenían como función realizar actos destinados a sustraer de la acción de la justicia a los integrantes de la organización.

Del análisis de los roles y actos ilícitos atribuidos, la fiscalía señala que Chávez Arévalo y Príncipe Collazos formaron parte de una organización criminal que sería “una de tipo vertical”.

En esta carpeta fiscal, los investigados, habrían operado en Lima, en el contexto del ingreso al gobierno de Pedro Castillo Terrones como Presidente de la República, para lo cual, sus integrantes, en sus diversos roles, coordinaban con la finalidad de vincularse con empresarios que tenían interés en obtener la buena pro de los procesos de adjudicación por competencia de Petro-Perú, logrando que estos proveedores se integren a la organización.

Además, según fuentes de la Contraloría General, próximamente se estaría resolviendo una posible sanción de inhabilitación contra Hugo Chávez Arévalo, por haber dispuesto el uso de un vehículo oficial de Petro-Perú para asistir al cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco.

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La fiscalía, para sustentar el peligro de fuga y obstaculización, puso en relevancia diversos aspectos. Entre ellos, que Chávez no contaría con arraigo domiciliario pues no tiene un inmueble a su nombre y tampoco tendría arraigo familiar, puesto que el investigado no ha precisado tener alguna relación de cercanía, dependencia o unión con alguna otra persona; solo ha indicado que vive con su hermana.

Además, han precisado que Chávez Arévalo, con fecha 15 de diciembre del 2022, presentó documentos remitidos por la Minera Maraycasa S.A., en los cuales se adjunta el contrato de trabajo, así como otros documentos que supuestamente acreditarían el arraigo laboral. Sin embargo, la mencionada empresa registra el mismo domicilio que la ficha Reniec del exfuncionario.

“Además, los citados documentos se encuentran suscritos por Roger Arévalo Ramírez, en calidad de gerente general, quien resulta ser su tío”,

señaló la fiscalía.

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El Ministerio Público señala además que, dos días antes de ejecutarse la orden de detención preliminar que se dictó en su contra, Hugo Chávez viajó al Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, el día 28 de noviembre de 2022 se “entregó” ante las autoridades peruanas; sin embargo, su ingreso a territorio nacional no se encuentra inscrito en el Registro de Migraciones.

En efecto, según el Registro Migratorio obtenido por este Diario, solo se encuentra registrada la salida del exfuncionario de Petro-Perú, mas no su ingreso de manera legal.

“Advirtiéndose así que ha evadido a las autoridades nacionales para efectuar su ingreso, circunstancia que genera un elevado nivel de peligro de fuga del citado imputado, por cuanto conocería cómo evadir el registro de ingreso y salida por las fronteras del país”.

Fiscal Raúl Martínez Huamán. Requerimiento de prisión preventiva.

Finalmente, la fiscalía también remarca que, cuando Chávez Arévalo procedió a “entregarse” lo hizo sin su equipo telefónico, perdiendo así sustento el sentido de la detención e incautación de bienes, “pues la no entrega de su equipo móvil demuestra su poco apego al adecuado desarrollo de la investigación”.

Y, además, el investigado no precisó el nombre de las personas con quiénes mantuvo una supuesta reunión en Bolivia, tampoco presentó documentación que establezca el contacto con las personas de Bolivia (email, cartas, etc).