Orellana: ¿empresario o jefe de la más grande red delictiva?

RODRIGO CRUZ ARANA (@rcruza)

En esta historia de corrupción, todos los caminos conducen a Rodolfo Orellana Rengifo. Lo ha dicho la procuradora Julia Príncipe, el congresista Víctor Andrés García Belaunde y las decenas de periodistas que se atrevieron a investigarlo, y que fueron querellados por este empresario y abogado. ¿Quién es Orellana y por qué se dice que sería el jefe de la red delictiva más grande del país?

La primera denuncia que apareció contra este empresario en la prensa se remonta a junio del 2005. La hizo el Colegio de Abogados de Lima (CAL). En ese entonces, este gremio dio a conocer que le habían retirado la confianza a Orellana por sus malos manejos presupuestales, por haber tomado decisiones unilaterales y por una serie de inconductas cuando estaba al frente de la Dirección de Economía del CAL. Él, por supuesto, se declaró inocente de los cargos.

Paralelamente, en el Ministerio Público ya le seguían el rastro, pues existía la sospecha de que comandaba una organización dedicada al tráfico de terrenos y al lavado de activos.

Pero eso fue solo el preludio de una serie de denuncias que luego presentarían personas perjudicadas por este empresario de 50 años, nacido en Tocache.

Una de ellas es Giovanni Paredes, quien logró, luego de una interminable batalla judicial contra los allegados a Orellana, recuperar su propiedad: el camal de Yerbateros.

Paredes sindicó a este empresario, en televisión nacional, como el jefe de una mafia dedicada al tráfico de terrenos. “Rodolfo Orellana Rengifo es un gánster jurídico que, a través de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legítimas propiedades”, afirmó Paredes en setiembre de 2011.

¿Y CÓMO LO HACE?
Según contó el mismo Paredes a El Comercio, Orellana utiliza tres modalidades para llevar a cabo sus operaciones. La primera de ellas: el laudo arbitral para despojar a privados. “Orellana se aprovecha de que existe un vacío legal en la ley de arbitraje para crear un falso proceso arbitral que termina en un laudo declarado como cosa juzgada. El verdadero propietario recién se entera de esta operación cuando ya está inscrita en Registros Públicos y lo están por desalojar”, señala. Para ello, agrega Paredes, Orellana cuenta con el apoyo de un equipo de notarios, jueces y policías. Bajo este mecanismo, cerca de 100 personas y asociaciones se han visto despojadas de sus bienes.

El segundo modus operandi es la creación de liquidadoras que levantan las hipotecas de los bancos. “Ellos se aprovechan de un vacío en la ley concursal y simulan una deuda con el propietario de un bien que le está adeudando al banco. Esto se da a través de un testaferro de Orellana. Ellos utilizan empresas liquidadoras para fabricar una deuda y ejecutar la liquidación. Al final, este proceso termina en un remate, y así los embargos, hipotecas y todas las deudas con la entidad financiera se cancelan. Cuando el banco se entera de lo que hicieron, ya es demasiado tarde”, sostiene.

El tercer artilugio es la emisión de las cartas-fianza de Coopex. Esta cooperativa las elabora para que sean presentadas por empresas constructoras a los respectivos organismos del Estado con el fin de demostrar su solvencia en un proceso de licitación. Una vez concretado el contrato, estas compañías piden un adelanto por la obra para después desaparecer. La fiscalía ha denunciado que, a través de Coopex, Orellana ha estafado al Estado por más de S/.56 millones, pues estas cartas serían falsificadas.

Coopex tuvo entre sus socios a ex jueces, figuras políticas –como Fredy Otárola Gonzales, ex alto funcionario del gobierno toledista–, personajes vinculados tanto al narcotráfico como al tráfico de terrenos.

‘DETECTIVISMO’
Si hablamos del engranaje de esta supuesta red delictiva, no se puede dejar de mencionar a su principal defensor: el coronel PNP (en retiro) Benedicto Jiménez, hoy abogado de Orellana.

Jiménez y su patrocinado fundaron en junio del 2008, la empresa Investigaciones Corporativas S.A.C. En ella también participó el coronel (en retiro) Óscar Cánepa Ruiz, quien, según informó la revista “Caretas”, fue destituido de su institución por cambiar 45 kilos de cocaína por sal en un almacén de la división antidrogas que tenía la policía en Ayacucho. Según su inscripción, esta firma capta todo tipo de información usando métodos como el ‘detectivismo’.

El congresista García Belaunde sostiene que esta empresa es usada como fachada para realizar acciones de espionaje. Esta denuncia fue respaldada por un informe de la Procuraduría Anticorrupción, el cual señala que Orellana habría suministrado a la corrupción en Áncash información obtenida mediante interceptación telefónica.  

“EMPRESARIO COMÚN”
Orellana rompió su silencio esta semana para criticar la creación de una comisión parlamentaria que lo investigará. Señaló que es inocente de todos los cargos que se le imputan, pues dijo que desde hace años lo vienen investigando y no le han encontrado nada. Alegó que todo esto es “una persecución política contra un empresario común”. Pero Orellana, como se ha visto, no tiene nada de común.