¿Patrulla marcial contra la inseguridad ciudadana? [INFORME]

La mañana del 14 de febrero del 2014, la ciudad colombiana de Bellavista –desde donde parten la mitad de las exportaciones del país– amaneció con una presencia extraña. Ante la creciente ola de inseguridad que enfrentaban los vecinos, más de 2.000 militares patrullaban sus calles tratando de controlar la escalada de extorsiones y homicidios que sufría el puerto.

La colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad ciudadana no es una demanda únicamente colombiana. Según una encuesta de junio de este año de Ipsos, en el Perú el 87% de peruanos cree que los militares deben patrullar las calles. Un porcentaje similar estaría de acuerdo con imponer el toque de queda en las zonas peligrosas. Las estadísticas se mantienen firmes independientemente de la edad, género y nivel socioeconómico de los encuestados.

Algunos políticos nacionales han tomado nota de este pedido. Alejandro Toledo, por ejemplo, dijo que quería solicitar “la participación de nuestras Fuerzas Armadas por seis meses” para “poner en orden la casa en el Perú”. Asimismo, César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), indicó esta semana que está de acuerdo con que “las Fuerzas Armadas salgan de manera disuasiva a las calles” pues “no es posible que nuestras familias vivan con temor”. Alcaldes municipales también se han sumado a la iniciativa. Los burgomaestres de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Chaclacayo, El Agustino, entre otros distritos de la capital, al ver la capacidad de la policía y del serenazgo sobrepasada por la delincuencia, solicitan que sean los militares quienes tomen la posta de la seguridad ciudadana.

MARCO  LEGAL
¿Es viable legalmente el pedido? El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1095, de agosto del 2010, señala que son tres los posibles objetivos de cualquier intervención de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional: hacer frente a un grupo hostil, apoyar a la Policía Nacional “con la finalidad de restablecer el orden interno ante otras situaciones de violencia”, y apoyar a la policía “en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país”. De estas, las primeras dos requieren la declaración del estado de emergencia. Según este decreto, entonces, el combate a la delincuencia a través de las Fuerzas Armadas no es posible sin la suspensión de los derechos que supone el régimen de excepción.

La norma va en línea con los requerimientos de la Constitución del Perú. Esta, en su artículo 137, indica que las Fuerzas Armadas únicamente asumen el control del orden interno previa declaración del estado de emergencia, que no puede exceder los 60 días, o en caso de estado de sitio (invasión, guerra exterior o guerra civil). En otras palabras, sin el estado de emergencia –que es una medida excepcional, transitoria, y en la que se suspenden derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión–, la única manera de hacer legal la militarización de las calles para combatir la delincuencia es mediante una enmienda constitucional.

EFICACIA AL LÍMITE
Antes de abrir los candados legales o asumir los altos costos de suspender los derechos personales, conviene preguntarse si la medida es realmente efectiva. ¿La presencia militar en las calles ha demostrado reducir el crimen ahí donde ha sido aplicada? ¿O, por el contrario, tiene una eficacia limitada?

Los ejemplos en la región parecen ser claros y el caso de México es el más sonado. En ese país la militarización de la seguridad pública vino de la mano con una escalada en la violencia cotidiana al tiempo en que los criminales fortalecían su armamento para luchar contra las nuevas fuerzas del orden. Según información oficial del Gobierno Mexicano, en los últimos años se han desplegado casi 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad interna en 14 estados. Desde entonces, se estima que más de 150.000 personas han sido asesinadas. La tasa de homicidios, que alcanzó un mínimo histórico en el 2007 con 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, llegó a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2011.

Medidas similares han sido aplicadas en países como Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador en distintos niveles de intensidad y duración. Los resultados de la participación de los militares en la seguridad ciudadana muestran, en la mayoría de casos, que la efectividad de la iniciativa depende de su duración y viene siempre acompañada por altos costos sociales y humanos.