El presidente Pedro Castillo también presentó una acción de amparo contra el Congreso. (Foto: Presidencia)
El presidente Pedro Castillo también presentó una acción de amparo contra el Congreso. (Foto: Presidencia)
/ Luis Iparraguirre
Redacción EC

El resolvió no ha lugar el pedido de rectificación de la defensa del presidente de la República, , por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

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Fue al responder la solicitud del mandatario a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para rectificar una serie de afirmaciones hechas en la denuncia constitucional que presentó en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencia y colusión.

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A través de un documento, el jefe de Estado señala que en la página 27 de dicha denuncia dan cuenta que las declaraciones que brindó el colaborador eficaz CE-04-2022-EFCOOP el 30 y 31 de julio del 2022, sobre una reunión realizada en Palacio de Gobierno para “desprestigiar a la fiscal de la Nación”, fueron corroboradas y descartaría la aseveración sobre una presunta reunión.

En ese sentido, el jefe de Estado pide que se rectifique lo “afirmado y corroborado” sobre la existencia de la mencionada reunión que se habría dado entre su exasesor técnico Eder Vitón; el ministro de Justicia, Félix Chero; sus abogados, Eduardo Pachas y Benji Espinoza, y él.

“Hechos que como se demuestran son totalmente falsos lo cual se corrobora con el Reporte de Registro de Visitas del día 23 de julio del 2022, expedido por el portal de transparencia de Palacio de Gobierno”, agrega el mandatario.

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El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

A Castillo se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión.

La denuncia constitucional también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).