De comprobarse que las liquidaciones presentadas por la congresista Cecilia García son falsas, ella podría ser denunciada por fraude procesal y falsificación de documentos. (Foto:  EC)
De comprobarse que las liquidaciones presentadas por la congresista Cecilia García son falsas, ella podría ser denunciada por fraude procesal y falsificación de documentos. (Foto: EC)
Carlos Neyra

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Hace algunos días, la , participó como expositora en la , en Estados Unidos, un evento que busca contribuir con lineamientos para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables. Sin embargo, al mismo tiempo, su extrabajadora del hogar Constanza Méndez Méndez buscaba justicia para que la parlamentaria le reconozca los beneficios laborales adquiridos durante nueve años.

El Comercio pudo conocer que Méndez demandó a la legisladora ante la Corte Superior de Junín tras negarse a pagarle los beneficios sociales que le correspondían. La demanda fue desestimada en esta instancia luego de que presentara documentos que supuestamente acreditaban haber hecho los pagos. Ante ello, la extrabajadora Méndez la denunció en la fiscalía por la presunta falsificación de estas pruebas. No obstante, ambos procesos fueron archivados sin haberse corroborado la autenticidad de los documentos mediante un peritaje, según lo que ha podido verificar este Diario con el fiscal del caso.

En diálogo con El Comercio, Méndez sostuvo que informó a la jueza a cargo del proceso laboral que García había falsificado su firma en las liquidaciones de pago presentadas, pero la magistrada no lo tomó en cuenta. “En la audiencia le dije a la jueza que era mentira. A mí la señora Cecilia [García] nunca me ha hecho firmar un cuaderno, ni un papel, no me ha pagado. Esos documentos que está presentando son falsos”, aseguró. “El fiscal me pidió el peritaje. Como no tenía plata, no lo hice y lo archivó”, añadió.

Cabe mencionar que, en setiembre de este año, la de Junín por presuntamente incurrir en un cambio de identidad y así participar en las elecciones.

—Despido y demanda—

Actualmente, y accesitaria en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El 28 de abril del 2016, Méndez comunicó al Ministerio de Trabajo (MTPE) que había sido despedida de forma arbitraria por García. La inspectora a cargo de la diligencia levantó un acta en el domicilio de la parlamentaria, donde constató que la extrabajadora del hogar laboraba 14 horas al día de lunes a sábado y tras ser despedida le reclamaba todos sus beneficios sociales.

Constanza Méndez en la celebración del cumpleaños de la hija menor de la parlamentaria de Podemos. (Foto: Constanza Méndez)
Constanza Méndez en la celebración del cumpleaños de la hija menor de la parlamentaria de Podemos. (Foto: Constanza Méndez)

“La empleadora manifiesta que no le hizo ningún contrato por escrito; ni tampoco la recurrente le giró recibo”, según se lee en dicha acta. En la diligencia, García negó haberla despedido, no mencionó haberle adelantado pago alguno por beneficios sociales, aunque admitió que nunca le pagó el seguro social.

El 5 de junio del 2017, Méndez demandó a García ante el Tercer Juzgado Laboral de Huancayo pidiendo que le reconozca los derechos laborales adquiridos durante nueve años, que ascienden a S/40.485. Sin embargo, el 29 de enero del 2018, la declaró infundada la demanda porque García presentó unas hojas donde se consigna haberle pagado S/10.200 por beneficios.

convocó audiencia unos días antes de que desestimara la demanda y validó los presuntos pagos que le había hecho García, a pesar de que la extrabajadora había declarado que esos documentos eran falsos y que nunca le pagó. Los referidos documentos eran cuatro hojas donde se leía la entrega de distintas sumas de dinero, más una firma y huella digital atribuidas a Méndez.

El 19 de abril de ese mismo año, la extrabajadora planteó un recurso de nulidad contra la sentencia debido a que no le habían notificado. La magistrada declaró “inadmisible” este recurso.

—El archivo fiscal—

La extrabajadora del hogar denunció el 5 de setiembre del 2018 ante la fiscalía a García por falsificación y pidió que las liquidaciones que presentó su exempleadora fueran sometidas a peritaje. El , abrió investigación contra la ahora parlamentaria por los delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso y falsedad ideológica.

El fiscal Guardia solicitó que se nombre un perito para corroborar la autenticidad de las firmas y huellas dactiloscópicas que le atribuyen a Méndez y también requirió el expediente al juzgado laboral. Sin embargo, archivó el caso sin el peritaje.

En diálogo con este Diario, Guardia reconoció que archivó la denuncia el 9 de noviembre del 2018: “El documento que [Méndez] presenta son copias nada más. Los peritajes se hacen con originales”, dijo. Agregó que archivó el caso porque Méndez no presentó el peritaje: “Como no ha podido recabar en su oportunidad, lo archivo bajo ese argumento”.

El fiscal también señaló que el archivamiento fue ratificado por el fiscal superior Alberto Vicente Moreno Huaccho. Según Guardia, en la parte resolutiva dice que “debe advertirse” que los documentos han sido declarados válidos ante el Tercer Juzgado Laboral de Huancayo, con la jueza Quinteros.

Este Diario entrevistó al abogado Renzo Gotelli, especialista en temas laborales, quien luego de revisar el caso dijo que “el juez al tomar conocimiento de la ilegalidad de un documento, tuvo que haber solicitado un peritaje a las liquidaciones presuntamente falsas”.

Gotelli enfatizó que la OCMA debe intervenir para verificar si hubo irregularidades en la sentencia y sobre la falta de valoración del acta de inspección laboral en la sentencia. “Los jueces tienen la obligación de pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos y pronunciarse sobre cada uno de ellos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el fiscal no habría actuado conforme a ley. “El fiscal no puede decir que no vamos a seguir con el caso porque los originales están en el Poder Judicial”, concluyó.

Por su parte, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la congresista García podría afrontar una pena de ocho años de prisión por los delitos de falsificación de documentos y fraude procesal.

Enfatizó que un juez laboral no puede determinar la autenticidad de un documento. “No convalida si los documentos son verdaderos o falsos, sino la fiscalía y el PJ”. Añadió que desde el 2004 todo pago por beneficios sociales mayor a US$1.000 debe ser bancarizado.

Caro precisó que la decisión fiscal es una “cosa juzgada mas no decidida”.

Descargos

“Que se sometan a peritaje”

La parlamentaria de Podemos Perú Cecilia García respondió que Méndez “mintió, porque me exigía un terreno. Pero se determinó que se le pagó mucho más de lo que correspondía a sus beneficios sociales”.

Insistió en que los documentos que presentó eran auténticos y que está dispuesta que pasen por un examen grafotécnico. “Sería extraordinario que se sometan a peritaje”, dijo. Sobre la investigación del fiscal Guardia, señaló que no la citaron y agregó que querelló a Méndez a raíz de la denuncia.

A través de la Oficina de Prensa del PJ de Junín, la jueza Leticia Quinteros respondió que “el expediente está en el archivo y solo lo pueden desarchivar a pedido de una de las partes del proceso laboral”.