Seis proyectos de ley en busca de una procuraduría autónoma

Nadie se quiere quedar atrás. El viernes pasado, la bancada del Frente Amplio presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para promover la autonomía y la independencia de los procuradores públicos.

Este proyecto se suma a los otros cinco textos similares presentados recientemente por la bancada aprista, la de Alianza para el Progreso (APP), por la Contraloría General de la República y a las dos propuestas de Fuerza Popular, una de la congresista Yeni Vilcatoma y la otra del parlamentario Osías Ramírez.

Da clic a la imagen para ver la infografía completa. (Elaboración: El Comercio)

Además, el Ejecutivo también enviaría su propia iniciativa, según lo anunciado por el primer ministro Fernando Zavala durante su exposición que buscaba el voto de confianza del pleno.

Si bien todas las propuestas pretenden “garantizar la autonomía e independencia” de los procuradores públicos, existen diferencias sustanciales entre ellas. Los proyectos de ley de la ex procuradora Vilcatoma y de las bancadas aprista y de APP, por ejemplo, requieren una reforma constitucional para su aprobación, a diferencia de los proyectos del Frente Amplio y de la contraloría que solo requieren una modificación legislativa.

Apristas y fujimoristas proponen un organismo constitucional nuevo y autónomo que agrupe a las procuradurías del país a cargo de un procurador general. Además, plantean que sea el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el que elija a los nuevos abogados del Estado.

El proyecto del legislador Ramírez y el de la contraloría solo contemplan dotar de autonomía a la Procuraduría Anticorrupción. El texto presentado por el contralor Édgar Alarcón dispone que sea su institución la que designe a los procuradores.

Actualmente, además de la anticorrupción, hay proc​uradurías en todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, existen las procuradurías del Poder Legislativo, Judicial y del Ejecutivo, además de las regionales, municipales, de los organismos autónomos y las ad hoc.

El proyecto del Frente Amplio –iniciativa del congresista Justiniano Apaza– se diferencia del resto debido a que propone que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado esté integrado no solo por representantes del Ministerio de Justicia (Minjus) –como es actualmente–, sino también por un representante de la Defensoría del Pueblo y de las universidades.

Además, establece que el presidente de dicho consejo tenga responsabilidad política si es que se detectan posibles injerencias gubernamentales.

—El Caso Príncipe—
El 20 de octubre del 2015, la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe fue destituida por el entonces ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, por haberse pronunciado sobre la investigación a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.

En ese entonces, el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski criticó duramente la destitución de Príncipe: “Lamentable la destitución de la doctora Príncipe es un golpe al sistema anticorrupción y un mal mensaje para la defensa pública del Estado”, afirmó.

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