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Karem Barboza Quiroz

El pleno del (TC), en un fallo por unanimidad, ordenó que el anule el proceso que sigue en contra del presidente por presunta traición a la patria.

Lo resolvió así al declarar fundado el recurso de hábeas corpus que el mandatario interpuso a través de su abogado Eduardo Pachas.

El pedido había sido rechazado en doble instancia en el Poder Judicial. Por ello, esta reciente decisión en el TC se convierte en el primer triunfo jurídico de Castillo.

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“Declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, sentenció el TC.

El proceso se inició luego que el jefe del Estado brindara una entrevista a CNN en Español en enero pasado. En sus declaraciones afirmó que se le podría consultar a la población peruana sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar para Bolivia.

Si bien el TC ha dispuesto anular el proceso por esta denuncia constitucional, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) han ingresado 20 denuncias contra Castillo. Una de ellas es la que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, otras 15 son de ciudadanos y las otras cuatro fueron planteadas por parlamentarios.

Labor parlamentaria

El tribunal concluyó que se había vulnerado el debido proceso parlamentario. Ello debido a que, durante la admisión e informe de calificación de la denuncia, la subcomisión no detalló los hechos que sustentan la denuncia. De esta manera, Castillo no podía contar con los elementos suficientes para su defensa.

Además, indicó el TC, en el informe final del caso no existe ningún elemento que demuestre que Castillo haya llevado a cabo actos para ir más allá del discurso emitido en la entrevista.

El TC explicó que si bien al momento de expedirse esta resolución el proceso contra Castillo por presunta traición a la patria sigue en trámite, su decisión de pronunciarse obedece a la necesidad de evitar la vulneración de los derechos fundamentales y el uso irregular de los mecanismos de control político.

El tribunal también remarcó que, pese a que el Congreso mantiene su rol fiscalizador de las actividades del Ejecutivo, sus actuaciones también están sometidas al control constitucional.

En la misma resolución, el TC se pronunció sobre la acusación constitucional, señalando que esta, si bien no exige los mismos estándares que una acusación penal, sí debe “exigir cierto deber mínimo de motivación”.

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El tribunal también resolvió rechazar otros dos recursos a favor de Castillo. Uno de ellos vinculado a la intervención a Palacio de Gobierno por parte de la fiscal Norah Córdova en el Caso Petro-Perú. En este, el tribunal señaló que la diligencia fiscal no limitó ni amenazó el derecho a la libertad personal de Castillo.

El otro recurso rechazado fue interpuesto por el ciudadano Geovanny López debido a los procesos de vacancia en el Congreso.

El TC señaló que los presuntos actos lesivos que se denuncian contra Castillo responden a actuaciones realizadas por congresistas en el ejercicio de sus funciones y no inciden en forma negativa en los derechos del mandatario.

Posturas

La presidenta de la SAC, Lady Camones, aseguró que acatarán la orden del TC, pero evaluarán si archivan la denuncia por traición a la patria o realizan una nueva calificación de la misma “con mejor sustento y motivación”. “Tiene que quedar claro que el Tribunal Constitucional no está disponiendo el archivamiento de la denuncia. Está declarando nulo lo actuado desde el informe de calificación hasta el informe final”, dijo.

El congresista Diego Bazán, quien sustentó el informe contra Castillo; y el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, señalaron que la resolución del TC debe cumplirse así estén en desacuerdo con esta. Pero Bazán precisó: “Esto no quiere decir que la denuncia sea inválida”.

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