Acuerdo con Odebrecht será entregado hoy al Poder Judicial

El acuerdo de colaboración eficaz que el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato y la procuraduría ad hoc del caso suscribieron con la empresa brasileña Odebrecht será presentado este lunes al Poder Judicial para que sea sometido a un control de legalidad, dijo a El Comercio el fiscal superior Rafael Vela.

El coordinador del equipo especial añadió que la presentación del documento –que consta de más de 148 mil folios– está a cargo del grupo que lidera el fiscal José Domingo Pérez.

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“Ya está expedito para ser presentado. Se ha concluido con el proceso de compaginación y foliado, que ha sido un trabajo bastante minucioso. Para poder alcanzar el control de legalidad del juez, necesariamente hay que darle toda la información posible de los actos de corroboración”, detalló.

El acuerdo, firmado el pasado 15 de febrero en Brasil, será visto por la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El equipo Lava Jato considera que hay equilibrio entre el monto de reparación civil que pagará Odebrecht –S/610 millones más S/150 millones de intereses–, las pruebas que entregará a la fiscalía sobre hechos delictivos y la información que ya proporcionó.

Álvarez Camacho deberá convocar a audiencias reservadas en las que participarán el equipo especial de Vela, la procuraduría ad hoc del caso, los representantes legales de Odebrecht y ex ejecutivos de esa empresa que colaboran con las pesquisas.

—Escenarios—
Vela aseguró que el Ministerio Público ha efectuado “un trabajo técnico que respeta escrupulosamente la legalidad”. Por ello –agregó– confía en que el acuerdo pasará con éxito el control de legalidad.

“Nuestro escenario es que el acuerdo se perfeccione a través del control de legalidad y que la jueza emita una sentencia condenatoria con los beneficios premiales. Que a partir de ello se pueda contraponer toda la eficacia jurídica del acuerdo en múltiples investigaciones que desarrolla el equipo especial”, destacó.

En caso de que la jueza Álvarez rechace el acuerdo, la fiscalía podría impugnar la decisión ante una sala superior mediante un recurso de apelación.

El acuerdo abarca cuatro proyectos en los que Odebrecht otorga pruebas sobre hechos delictivos: la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2), el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3), la Vía de Evitamiento del Cusco y la Costa Verde tramo Callao.

Entre el jueves y el viernes pasado, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, respondió un pliego interpelatorio ante el Congreso por el acuerdo.

Según Vela, las respuestas de Zeballos fueron “absolutamente precisas en la medida en que el acuerdo ha sido negociado a partir de la autonomía del fiscal y del procurador público”.

La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) se refirió a una “inminente derogatoria” de la Ley 30737, que busca asegurar el pago de la reparación civil al Estado en casos de corrupción y delitos conexos.

Al respecto, Vela señaló que la citada norma cuenta con evidencia objetiva de estar funcionando, por lo que la propuesta de derogarla “podría ser una iniciativa que está definida por los conflictos de intereses, en el sentido de que tenemos investigaciones que [...] colisionan o rozan con la política”.

La evidencia objetiva a la que se refirió Vela –según explicó– son el acuerdo con Odebrecht, así como los procesos de colaboración eficaz con la constructora OAS y el empresario Josef Maiman. “Por tanto, el planteamiento de derogar un instrumento que está demostrando ser útil nos puede llevar a una preocupación”, afirmó.

—El Caso Toledo—
Representantes del equipo Lava Jato tienen previsto viajar la próxima semana a Israel para concretar la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Maiman.

Según ha reconocido el empresario, los US$20 millones que Odebrecht declaró que pagó a Toledo por la licitación de la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3) fueron enviados a una de sus firmas.

Con la suscripción del acuerdo, informó Vela, se abriría un nuevo proceso de extradición al ex presidente Alejandro Toledo y otro a su esposa Eliane Karp por el Caso Ecoteva.

El ex mandatario y su esposa se encuentran en Estados Unidos pese a las órdenes de prisión preventiva que enfrentan en el Perú.