Adelanto de elecciones: ¿en qué queda la reforma política?

Con su propuesta para adelantar las elecciones generales, el presidente Martín Vizcarra podría estar sacrificando los proyectos que priorizó hace dos meses en su cuestión de confianza sobre la reforma política. Y aunque existen dispositivos legales para sacarlos adelante, los especialistas coinciden en que lo más conveniente es no hacerlo, al menos por ahora.

“Lo más saludable que podría hacer el Ejecutivo es suspender los efectos de la reforma política, terminar con este calvario en el 2020 y cada uno a su casa”, dice el especialista en derecho electoral José Tello. 

Esto se suma a lo que este Diario analizó hace dos días: no solo algunas de las reformas ya habían sido modificadas en el Parlamento, sino que también —en la priorización de temas de cara a la cuestión de confianza— habían quedado fuera elementos importantes. Entre esos estaban, por ejemplo, el número de congresistas por circunscripción y los mecanismos de convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Las siguientes son las 5 —de 6— reformas priorizadas cuya aplicación ha quedado en suspenso.

1.- Elecciones primarias
El proyecto sobre democracia interna es el que resultaría más difícil de aplicar. Más allá de su viabilidad legal, el problema es que el calendario electoral ya está demasiado apretado con un referéndum y dos elecciones antes del 28 de julio del 2020, fecha meta para el cambio de mando.

Como explicó este Diario ayer, se podría aprobar un calendario electoral ad hoc, pero ya no habría espacio para agregar allí primarias abiertas. “Te gana el tiempo”, sentencia Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Más aun si la intención era que, por única vez, en el 2021 —ahora 2020— los partidos vigentes pudieran hacer elecciones internas antes de las primarias, dice el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos.

2.- Inmunidad parlamentaria
Esta reforma ya ha sido ampliamente modificada por el Congreso. Tuesta, Martín Tanaka y Paula Muñoz, todos ex miembros de la comisión de alto nivel, coincidieron en que su elemento más importante era que un organismo distinto al Congreso decidiera sobre el levantamiento de la inmunidad. Este cambio crucial no se ha mantenido y, aunque todavía queda pendiente una segunda votación, el discurso parlamentario indica que no existe intención de poner el levantamiento de la inmunidad en manos de la Corte Suprema.  

3.- Impedimentos para postular
Aunque los impedimentos para postular a cargos de elección popular se habían mantenido tal como el Ejecutivo los propuso, no pudieron ser exonerados de segunda votación por tratarse de una reforma constitucional. El problema es que, dada la nueva coyuntura política, resulta difícil que el Congreso los priorice. 

4.- Paridad y alternancia
El dictamen aprobado por el Pleno tiene dos disposiciones transitorias que hablan sobre años específicos que ya no se cumplirían. La primera dice que el voto preferencial se mantendrá en el 2021 y la segunda que se aumentará la cuota de género progresivamente en el 2021, 2026 y 2031.

Este obstáculo, sin embargo, podría salvarse. Según José Elice, ex oficial mayor del Congreso, el proyecto de reforma constitucional que enviará el presidente para adelantar las elecciones podría incluir artículos que modifiquen los años específicamente mencionados. También que cambien el hecho de que, como está formulada, la paridad y la alternancia hoy dependen de la realización de primarias. 

“Primero tenemos que conocer el texto exacto”, asegura. También podría hacerse mediante una ley distinta, si existe la voluntad política. 

5.- Inscripción de partidos políticos
En este caso —y el de las demás modificaciones que no implican reformas constitucionales— el bloqueo vendría del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Este tiene dos párrafos —agregados en el 2017— que impiden cambiar las reglas de un proceso electoral mediante cualquier “norma con rango de ley” que sea promulgada menos de un año antes de la votación. 

Este obstáculo, según el abogado especialista en derecho electoral José Naupari, también podría sortearse si se incluyen los dispositivos legales adecuados en el proyecto de reforma constitucional del presidente Martín Vizcarra o mediante una ley separada que lo anule. 

La reforma que incluyó en el Código Penal dos delitos sobre financiamiento de partidos no tendría mayores impedimentos para mantenerse, pues no modificó la Ley Orgánica de Elecciones.

Podría observarlas
Para simplificar el proceso de adelanto de elecciones, el presidente podría observar algunas de las reformas que no han sido promulgadas, dice Naupari.

En todo caso, los especialistas coinciden en que el futuro de la reforma quedará más claro luego de que se publique el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. Allí se observará la voluntad del Ejecutivo de sumar una nueva batalla con el Congreso —además de la del recorte del mandato— por sacarlas adelante.