Alan García: una vida política que estuvo marcada por los cuestionamientos

La vida política del hoy fallecido ex presidente Alan García Pérez, líder del Partido Aprista Peruano (PAP), ha sido cuestionada por hechos ocurridos y relacionados a sus dos mandatos (1985-1900 y 2006-2011).

La primera acusación constitucional en su contra se dio en 1990, después de que culminara su primer gobierno. Sin embargo, la alianza en la Cámara de Diputados entre el PAP y Cambio 90, la agrupación de su sucesor Alberto Fujimori, evitó que se concretara esta acusación por el caso de la matanza en penales (El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara), ocurrida en 1986. En el 2005 se reabriría la investigación del caso, pero sería archivada un año más tarde.

Su suerte sería diferente un año después, cuando el fiscal del distrito de Nueva York (EE.UU.) Robert Morgenthau acusó a dos ex funcionarios del Banco Central de Reserva (BCR) de haber recibido tres millones de dólares en sobornos del BCCI (Banco Internacional de Crédito y Comercio), a cambio de depositar 270 millones de dólares de reservas del país en la entidad, entre 1986 y 1987. Morgenthau afirmó que García tuvo conocimiento de este caso de depósitos y sobornos.

Por este hecho, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra Alan García, la cual fue ratificada en la Cámara de Senadores. El caso pasaría al Ministerio Público y luego al Poder Judicial, en donde se le seguiría un proceso por enriquecimiento ilícito.

El fiscal de la Nación de ese momento, Pedro Méndez, formuló una denuncia penal contra García por enriquecimiento, y además por su presunta intermediación en la compra-venta de aviones Mirage.

En 1993, la Sala Civil de la Corte Suprema declaró procedente su extradición, pero se le declaró reo ausente (García estaba exiliado en Colombia).

En mayo de 1995, la Fiscalía de la Nación también denunció penalmente al líder del Apra ante el Poder Judicial por cuatro cargos relacionados a irregularidades en la ejecución de las obras del polémico tren eléctrico de Lima.

El Poder Judicial abrió proceso penal con mandato de detención contra García Pérez por su participación en las negociaciones para la construcción de dicha obra. Además, se formó un expediente para solicitar oficialmente su extradición desde Colombia.

Tras la caída de Fujimori y la prescripción de los delitos por el caso del tren, García regresó al Perú para postular en las elecciones del 2001, en las que llevó a la segunda vuelta. Finalmente, el hoy prófugo de la justicia Alejandro Toledo ganó la presidencia para el período 2001-2006. 

En el 2002 fue denunciado penalmente como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y ronderos entre los años 1987 y 1990, en Huancayo.

Tres años después, la fiscal especializada en Derechos Humanos Cristina Olazábal también lo denunció por su supuesta responsabilidad en la matanza de campesinos de la comunidad de Cayara (Ayacucho), en 1988. Tras ser removida del cargo, otra fiscal, Miluska Cano, lo excluyó de la investigación.

En el 2006, García volvió a postular. Esta vez se impuso en segunda vuelta a Ollanta Humala Tasso, quien recién llegó al poder en el 2011.

En el 2013, casi dos años después de que culminara su segundo gobierno, García fue investigado por la fiscalía luego de que se conociera que compró una casa valorizada en US$800 mil. La pesquisa fue archivada.

—La megacomisión—
Ese mismo año, el ex presidente presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo contra los miembros de la llamada megacomisión del Congreso, presidida por el entonces legislador Sergio Tejada, que investigaba los presuntos casos de corrupción cometidos durante su gobierno. El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, a cargo del juez Hugo Velásquez Zavaleta, recibió la causa.

El Poder Judicial admitió su pedido y ordenó que se realizara una nueva investigación. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el pedido de García de anular los informes de la megacomisión en los extremos que recomiendan denunciarlo por infracciones constitucionales o por delitos cometidos en su segundo gobierno. Quedaron sin efecto la documentación de los casos 'narcoindultos', Sedapal, decretos de urgencia, colegios emblemáticos y Agua para Todos.

En el 2014, el juez Hugo Velásquez declaró fundada todas las nulidades pedidas por Alan García.

Ese mismo año, el Ministerio Público abrió una investigación al ex presidente por presuntamente ostentar grados académicos que no poseía. El ciudadano Carlos Huertas lo denunció por jactarse de tener el grado de doctor sin haber realizado estos estudios. Pero al año siguiente, la fiscal Patricia Miranda determinó que no se pudo acreditar que García haya usurpado dicho grado académico.

En el 2016, el líder del Apra postuló nuevamente a la presidencia. Quedó en quinto lugar, con un 5,85% de los votos válidos.

—El Caso Odebrecht—
El año pasado, el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar por lavado de activos a García por el Caso Odebrecht. Luego, el Poder Judicial dictó 18 de meses de impedimento de salida del país para el ex mandatario. El mismo día que se tomó la decisión judicial, el ex presidente solicitó asilo al gobierno de Uruguay. Semanas después, el gobierno de Tabaré Vázquez rechazó el pedido.

Sobre el caso, el fiscal José Domingo Pérez reveló en una audiencia judicial que el ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala confesó que el dinero que Odebrecht le depositó en una cuenta de la Banca Privada de Andorra en realidad era para Alan García Pérez. De acuerdo a Atala, él personalmente habría entregado US$1,3 millones al líder aprista en varias armadas.

Es la primera vez que un ex funcionario de su gobierno lo acusa directamente de delitos. El pasado miércoles 17 de abril, García Pérez se suicidó durante la diligencia en la que iba a ser detenido por el Caso Odebrecht.