Alejandro Toledo: ¿Cómo va su proceso de extradición en Estados Unidos?

“¿Aló…Buenos días?”, se le escucha con una voz cansina y rasposa, al otro lado de la línea telefónica.

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El Comercio trató de conversar con el expresidente (2001-2006) sobre su situación legal y el proceso de extradición en su contra ante la justicia norteamericana, pero prefirió no pronunciarse.

“No voy a dar ningún comentario, discúlpeme por favor; no haré ningún comentario. Le agradezco mucho”, alcanzó a decir para luego despedirse.

Toledo Manrique debe permanecer en su casa portando un grillete electrónico que se le colocó como una de las medidas dictadas en la resolución del juez del Distrito Norte de California Thomas S. Hixson, quien dispuso su arresto domiciliario ante el riesgo del coronavirus.

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Esto no impidió que rompa dicha regla hasta en cinco oportunidades, sin embargo no se dispuso que regrese a prisión. El juex Hixson le llamó la atención y desde entonces pasa sus días y noches, encerrado en el inmueble por el que paga US$6.400 mensuales.

El expresidente estuvo ocho meses bajo prisión preventiva. Fue detenido en julio del 2019 tras un pedido pedido de la justicia de nuestro país que entabló un proceso de extradición en su contra.

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Las acusaciones del Ministerio Público contra Toledo son graves: desde presunto crimen organizado, pasando por actos de corrupción y lavado de activos dentro del esquema delictivo internacional generado del Caso Lava Jato.

Según la tesis fiscal, las empresas Odebrecht y Camargo Correa, le habrían entregado US$35 millones a Toledo, a cambio de ser favorecidas con la licitación del Proyecto Interoceánica Sur Tramos 2, 3 y 4.

-Audiencias de fondo desde setiembre-

Son precisamente los cargos imputados en su contra los que analizará el juez Thomas S. Hixson el 4 de setiembre próximo. Hace unos días, se fijó y aprobó el calendario de presentación de cargos y pruebas.

La diligencia se ha programado para las 10:00 horas (San Francisco) y 12:00 horas (hora peruana) y en esta se abordará la oposición de la defensa de Alejandro Toledo sobre el pedido de la extradición.

“Audiencia sobre la oposición del acusado contra la extradición programada para el 4/09/2020 a las 10:00 a.m. por teléfono, ante el magistrado Thomas S. Hixson”, programó la Corte Federal.

Previamente, el calendario se ha distribuido de la siguiente manera: La defensa de Alejandro Toledo podrá presentará sus argumentos contra la solicitud de extradición -excepto la causa probable (actividad criminal probable)- hasta el 25 de junio de 2020.

La fiscal federal de Estados Unidos, Elise Lapunzina -quien lleva el caso en representación del Estado Peruano- tendrá hasta el 16 de julio del 2020 como fecha límite para responder.

Posteriormente, la defensa del expresidente podrá presentar su réplica a la posición de la fiscal antes del 6 de agosto.

Con relación a la discusión sobre la “causa probable”, aspecto sobre el que las partes no pudieron llegar a un entendimiento, el juez Hixson determinó que a más tardar el 3 de agosto, las partes deberán someter para su consideración un nuevo cronograma para abordar este aspecto de manera específica (teniendo en cuenta las fechas para presentación de escritos y de la audiencia).

El juez también informó que, “si corresponde”, se llevará a cabo una sesión el jueves 13 de agosto de 2020 a las 10:30 horas para analizar los pormenores de la audiencia oficial de extradición.

Toledo Manrique deberá participar de cada una de las audiencias que programará el juez Hixson, durante todo el desarrollo del juicio de extradición. Esto, como parte de las reglas de conducta que se le impuso al momento de excarcelarlo.

Para continuar con su arresto domiciliario, la defensa de Toledo este mes cumplió con presentar los certificados de las garantías de inmuebles que diversos amigos entregaron para alcanzar el millón de dólares que impuso como fianza.

“Alejandro Toledo, a través de su abogado, presenta este informe con respecto a las garantías a su fianza después de la audiencia el 21 de abril de 2020 (…) Todos los garantes han respondido indicando que desean permanecer con el vínculo”, precisó en un oficio ante la corte.

Roberto Su, abogado de Toledo en Perú, no respondió para este informe. Por su parte, la defensa en Estados Unidos no se ha puesto de acuerdo con la fiscalía federal sobre los hechos de la causa probable, que seguirán debatiendo.

-Habrá un solo pronunciamiento-

El exprocurador Antonio Maldonado, quien analizó la situación actual del proceso de extradición contra Alejandro Toledo, sostuvo que este caso ha tomado, por diferentes razones, más tiempo de lo que el Estado Peruano había considerado originalmente.

Explicó que, el caso será resuelto conforme a un instrumento jurídico moderno de cooperación internacional, ello, en referencia al Tratado de Extradición que se tiene con Estados Unidos.

“Lo diferencio, por ejemplo, con el caso que tuvimos con (Alberto) Fujimori, fue hecha en un marco internacional gobernado por un tratado de extradición antiguo. En este caso, al ser un tratado moderno, es más simple, determina de manera muy clara los contornos de la discusión jurídica”, sostuvo.

Explicó que el proceso de extradición está dividido en tres fases. La primera, a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de ahí se pasa a la etapa judicial o jurisdiccional; y luego, de aprobada la extradición, viene el tercer paso cuando la decisión judicial vuelve al Departamento de Justicia y esta la remite al Departamento de Estado, para una “decisión final e irrevocable”.

“Entones, la primera etapa la hemos superado. Ahora está en manos de un juez (…) Ya estaríamos (entrando) a una serie de audiencias sobre el fondo, discutiendo temas como la confirmación de la validez del tratado, el juez debe confirmar la identidad del extraditado, es decir que la persona sea Alejandro Toledo, donde se tiene que valorar si las razones para extraditarlo equivalen a la comisión de un delito; y aquí nos referimos a la comisión de graves delitos”, dijo.

Antonio Maldonado calificó la etapa actual como “la más crítica” de todo el proceso, pues una vez aprobada la extradición, la siguiente “es pura decisión política”.

Enfatizó que si el fallo es adverso, para uno u otro lado, “no existe la apelación”. Entonces, tanto al extraditable o la defensa del Estado Peruano, solo podrán interponer una suerte de hábeas corpus.

“Incluso, en este hábeas corpus, que es muy limitado, solo se puede discutir temas muy específicos como de jurisdicción. Supongamos, la vulneración al principio de jurisdicción (competencia del juez para analizar el caso), que el tratado y el enfoque del tratado no estuviera claro o no existiera”, sostuvo.

No obstante, Maldonado consideró que a estas alturas del caso, el Perú ha cumplido con satisfacer los elementos -tanto de forma como los de fondo- sobre la causa probable y la doble incriminación. Esto, pese a que la justicia de Estados Unidos no será la que decida si Toledo es o no culpable.

“Son elementos que hacen parte del Tratado de Extradición vigente entre el Estado Peruano y Estados Unidos, que curiosa e irónicamente, aprobó el expresidente Toledo en 2003 y que es el que va a gobernar su extradición”, puntualizó.

“Entonces, creo que la etapa jurisdiccional, está satisfecho por el Estado Peruano. Y cuando llegue el momento, espero que el juez apruebe la extradición y pase del Departamento de Justicia al Departamento de Estado de Estados Unidos, que hará una valoración política”, acotó.

Dicha “valoración política”-expresó Maldonado- pasa por el hecho de que un país como el Perú tiene compromisos de lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado transnacional, contra el lavado de activos; compromiso común con Estados Unidos.

“El Estado Peruano no está desguarnecido de elementos de forma o fondo y está representado por la fiscal federal que no ha sido ingenua. Ha actuado con fuerzas federales, ha incautado dinero en casa del expresidente Toledo, demostrando que tiene más dinero de lo que argumentaba. Y si no hubiese sido por la pandemia, Toledo estaría preso todavía”, concluyó.

Maldonado, haciendo una reparación por el contexto mundial, sostuvo que el próximo año, Estados Unidos debería emitir una decisión sobre de la extradición contra Toledo.

“Es la única decisión, no hay otra. La apelación está prohibida en el tratado y los abogado del señor Toledo solo podrían plantar un hábeas corpus con enfoque limitado, como dije”, remarcó.