El ex presidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, son investigados por el presunto delito de lavado de activos a raíz del Caso Ecoteva. (Foto: EFE)
El ex presidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, son investigados por el presunto delito de lavado de activos a raíz del Caso Ecoteva. (Foto: EFE)
Redacción EC

La Cuarta Sala Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la recusación que interpuso en contra de los jueces superiores Araceli Baca Cabrera y Raúl Quezada Muñante por- según la defensa del prófugo ex presidente- haber faltado a la “imparcialidad”.

De esta manera, ninguno de estos magistrados podrá seguir conocimiento o dictando medidas sobre el Caso Ecoteva.

Baca Cabrera y Quezada Muñante integran la Cuarta Sala Penal Superior de Lima, que ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Toledo y su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos.

Según la resolución, aprobada con los votos de los jueces Juan Emilio Gonzales Chávez y Saúl Peña Farfán, la fiscal Rosana Villar, titular del Caso Ecoteva, debió ingresar a este expediente los elementos del Caso Odebrecht antes de utilizarlos para sustentar el pedido de cárcel preventiva contra el ex jefe de Estado.

“Se advierte que la pretensión recusatoria se sostiene, gran parte, en imputar cambio de criterio de los mismos componentes de la Sala, que perjudicó a sus defendidos, en que se incorporaron pruebas que no estaban contenidas en el proceso principal, en que se interpretaron indebidamente disposiciones legales adjetivas”, señalan los magistrados.

La Cuarta Sala Penal para procesos con Reos Libres, además, hace referencia que la Sala le negó a la defensa de Alejandro Toledo la entrega de copia de documentos del proceso.

Respecto a la jueza Hilda Piedra Rojas, la sala dela Corte Superior evitó pronunciarse porque dicha magistrada ya no pertenece a la Cuarta Sala Penal Superior de Lima.

Por ello, dispuso que se forme un nuevo colegiado que continúe con la causa en contra del ex presidente, prófugo de la justicia peruana desde febrero del 2017.

El ex líder del desaparecido partido Perú Posible se encuentra en Estados Unidos desde que la fiscalía lo acusara de recibir US$20 millones de Odebrecht como un soborno por las obras de la carretera Interoceánica.

Una fuente de El Comercio indicó que la fiscalía de lavado de activos ha apelado esta decisión.