Alto rechazo a la inmunidad parlamentaria

La inmunidad parlamentaria es uno de los temas de la agenda de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, grupo convocado por el presidente Martín Vizcarra y que tiene como fin ayudar –a través de sus propuestas– a fortalecer las instituciones. Ante ello, ¿qué piensan los peruanos de este derecho constitucional de los congresistas?

Según la reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, existe una alta tendencia al rechazo a la inmunidad entre la población. Por ejemplo, un 80% cree que esta prerrogativa no debe mantenerse en caso de posibles delitos comunes cometidos por un legislador antes de asumir el cargo. El 12% opina lo contrario, mientras que un 8% no precisó su respuesta.

Cabe recordar que, hasta la fecha, el Congreso ha archivado pedidos para iniciar procesos judiciales a cuatro legisladores. El último de ellos fue el de Betty Ananculí (Fuerza Popular), acusada de haber presentado documentación sobre sus estudios de Administración en la que figuran firmas falsas.

También están los casos de Benicio Ríos y Edwin Donayre, ambos de Alianza para el Progreso. Ellos han sido sentenciados por colusión y peculado, respectivamente. De ellos, el Congreso solo accedió a levantarle la inmunidad a Ríos, en tanto que el caso de Donayre continúa a la espera de que se resuelva un recurso de nulidad.

Precisamente, sobre este tema, un 80% de encuestados informados también expresó que el legislador debería de perder su inmunidad para que se haga efectiva la condena de más de 5 años de prisión que se le dictó por el Caso ‘Gasolinazo’.

Para el presidente ejecutivo de Reflexión Democrática, José Élice, “el desprestigio de la inmunidad parlamentaria” es por el “mal uso que se le ha dado” en los últimos años a esta prerrogativa. Sobre todo, indica, para los delitos cometidos antes de acceder al escaño.

“El abuso de la inmunidad la ha terminado de desprestigiar, y es una reacción natural de la población que en el fondo tiene razón”, dijo.

Similar postura tuvo el politólogo Mauricio Zavaleta, quien remarcó que esta figura nació como protección a los parlamentarios de abusos de parte de gobiernos autoritarios. Añadió que la inmunidad parlamentaria debería “ser delimitada para que justamente no cubra delitos comunes”.

Ambos coincidieron en que en los casos de delitos de función debe acreditarse previamente que no existe un elemento político que incite el proceso.

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Australia, Canadá, Chile, Colombia y el Reino Unido son algunos de los países que no tienen la figura de inmunidad parlamentaria.

Argentina, Estados Unidos e Italia figuran entre los que cuentan con inmunidad de arresto, pero no con la de proceso.