Análisis de las propuestas para la reforma del sistema de justicia

La comisión de juristas que presidió el embajador Allan Wagner presentó la semana pasada sus propuestas para la reforma del sistema de justicia.

El Comercio conversó con especialistas que reconocieron que las recomendaciones de la comisión son positivas, pero que estas deberán evaluarse y perfeccionarse con el tiempo. Su éxito, señalan, dependerá de muchas variables: la participación de la ciudadanía, la transparencia, la cultura de valores en la que los funcionarios se desenvuelvan, entre otras.

Las medidas deberán ser supervisadas por el consejo para la reforma del sistema de justicia, una sugerencia de la comisión que fue mencionada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación (planteó que el consejo sea presidido por él y que sus integrantes sean los titulares del Congreso, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, CNM y el defensor del Pueblo).

1. Reforma del CNM
Entre los protagonistas de los audios difundidos en las últimas semanas están miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya fueron destituidos de sus cargos. La entidad ya ha sido declarada en estado de emergencia. Aunque el informe reconoce que no hay una “fórmula mágica” para solucionar los problemas detectados en el CNM –como el desprestigio de la institución o que ahí lleguen postulantes sin mínimas condiciones académicas, profesionales y éticas–, sugiere lo siguiente: cambiar el sistema de elección de sus miembros (pasar del sistema de representación al de concurso público), sus perfiles (como ser abogados con más de 30 años en el ejercicio de la profesión) y su composición (como la participación equilibrada entre hombres y mujeres). Esto significa modificar la Constitución.

Para Cruz Silva, abogada de Justicia Viva, la iniciativa es positiva, pero insuficiente para evitar que penetren conflictos de intereses y redes de corrupción. El problema, explica, no es que el anterior sistema no fuera meritocrático –también tenía estándares altos para los postulantes–, sino que no se cumplían. “Ahí fallaron las instituciones que debieron controlar los requisitos por falta de transparencia, fiscalización ciudadana, ausencia de reglamento en el procedimiento y otros”, agrega. Sostiene además que el requisito del abogado no garantiza la idoneidad del consejero: “¡Quienes han hecho explotar esta crisis son todos abogados!”.

Sobre la comisión especial que elegirá a los consejeros, critica que esté conformada solo de representantes del Estado, sin participación de la sociedad civil. “El CNM bajo el sistema de representación con actores de la sociedad civil tuvo, alguna vez, una buena época, cuando sacaron a Robinson Gonzáles o a Carlos Ramos Heredia; por eso, la iniciativa de la Ceriajus, que agrupaba una variedad de representaciones era buena”, explica. Sugiere, en esa línea, que exista un sistema paralelo permanente que identifique y visibilice, por ejemplo, a los clientes de los abogados postulantes al CNM, en qué ámbito se desenvolvieron, quiénes son sus familiares y otros, con el fin de prevenir futuros conflictos de intereses.

2. La autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público 
La respuesta al deficiente control interno de jueces y fiscales para enfrentar casos de corrupción ha sido crear esta entidad externa. Según el informe, implicaría introducir la práctica de un “compliance público” para prevenir posibles áreas de riesgo tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.

Para el ex procurador anticorrupción César Azabache, es bueno que se reconozca el fracaso del órgano de control del Poder Judicial, la OCMA, pero si se quiere combatir delitos de corrupción, es necesario reforzar la actuación e intervención de las fiscalías y policías anticorrupción.

Cruz Silva, por su lado, explica que uno de los problemas de la OCMA es que los jueces que dirigen los procesos disciplinarios no son permanentes, por tanto, luego regresan a su “lugar de origen con los pares a los que han fiscalizado”, lo que impide la imparcialidad de las investigaciones. Que haya un órgano externo y permanente mejora el sistema, señala, pero agrega que aún no queda claro qué pasará con la OCMA.

3. Probidad del abogado
La comisión ha propuesto un proyecto de ley para promover la probidad del ejercicio de la abogacía para recuperar su “función social”. Esto implica garantizar una formación ética de los estudiantes de derecho en las universidades, en los miembros del sistema de justicia y reforzar el rol de los colegios de abogados para sancionar las infracciones al código de ética, así como un cambio al Código Penal para que los delitos de corrupción sean sancionados con una pena más elevada cuando quien lo comete es un abogado.

Para la abogada Jeannette Llaja, es sintomático que los involucrados en los audios del CNM estuvieran colegiados, lo que revela la ineficiencia de las funciones de fiscalización y corrección de los colegios de abogados.

Azabache señaló que para que estos realmente cumplan su función de corregir malas prácticas, debe eliminarse el monopolio que mantienen y permitir la competencia.

Cruz señala que esta labor no la pueden hacer solo ellos, sino que deben sumarse las universidades, otros colegios profesionales, organizaciones de sociedad civil, de víctimas para hacerle contrapeso.

4. Sistema Nacional de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar
El Ejecutivo dispuso su creación a través del Decreto Legislativo 1368. Incluye crear juzgados y fiscalías especializadas, capacitar a defensores públicos, disponer espacios ad hoc en las comisarías y otros. Regirá para casos de feminicidio, violación sexual, lesiones y actos contra el pudor, en caso de menores.

Jeannette Llaja subraya que las recomendaciones del informe señalen la asignación de un presupuesto concreto para implementar estas medidas. Si no, explica, sería más de lo mismo donde el “poco presupuesto se divide” entre los funcionarios sin garantizar una mejora en la calidad de atención. Acotó que el enfoque de género que este sistema recoge debe, sin embargo, ser transversal a todas las propuestas de la comisión.

Por otro lado, la comisión recomendó revisar las sentencias de casos de violencia de género para permitir a las mujeres afectadas presentar amparos por la vulneración a sus derechos. “Da la alternativa de ir caso por caso y, dependiendo de la prueba, abre un camino, para que pueda cuestionarse el fallo ahí donde el factor determinante para sentenciar ha sido la coima o el favor”, explica.

5. Concurso público para elegir a jueces supernumerarios (suplentes) del PJ y fiscales provisionales en el MP
Para la comisión, estos funcionarios son un factor de riesgo dada la falta de objetividad para elegirlos y su fácil remoción. Por eso, propone institucionalizarlos para que sean elegidos vía concurso público.

Azabache considera que estos cargos provisionales deberían, sin embargo, salir del sistema. “Más provisionales significa multiplicar los poderes de la administración de jueces para designar a su criterio y sin ningún control magistrados en instancias para los que no son titulares y eso es nocivo para el sistema”, señala.

6. Descarga procesal
La comisión propuso dos medidas. La primera, que la Oficina de Normalización Provisional (ONP) haga un plan para tomar medidas urgentes que lleven a concluir los procesos. Y segundo, que la fiscalía ya no intervenga en los procesos contenciosos administrativos y, más bien, se concentre en otras tareas, como integrar el sistema especializado para proteger a la mujer.

Para Azabache, la descarga procesal seguirá siendo un problema si se mantiene la falta de coordinación entre el factor demográfico del sistema y el lugar en donde están concentrados los jueces y fiscales. “¿Cómo soportaría un sistema de salud si Lima tuviera solo cuatro hospitales centrales? Ese es el estado de la justicia”, comenta.

7. Transparencia
Para erradicar “la cultura del secreto” en la administración de justicia, la propuesta sugiere incluir en la Ley de Transparencia un capítulo para registrar en las páginas webs de las instituciones del sistema de justicia, todo: hojas de vida de fiscales y jueces supremos, sentencias en las que ha sido ponente, declaración de intereses, todas las sentencias y dictámenes de fácil acceso, entre otros.

Para Cruz, algo que no se ha abordado y que considera necesario difundir son las discusiones que sustentan las decisiones de los funcionarios: “Por ejemplo, ¿dónde están las actas del pleno de jueces supremos que recoja el debate sobre qué se dijo y por qué se votó en tal sentido? Eso ayudaría a identificar las redes de intereses”, señala.