MDN
Caso Lava Jato
Martín Calderón

El pleno aprobó ayer el informe final del , en el que fueron incluidos como denunciados tres ex presidentes de la República: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

El documento aprobado fue sometido a votación capítulo por capítulo, luego de tres días de debate y dos de sustentación. Esta estuvo a cargo de la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien presidió el grupo investigador.

El informe da cuenta de presuntos actos de corrupción en diversos proyectos concedidos a Odebrecht y otras constructoras brasileñas, junto a sus consorciadas peruanas.

En este, se denuncia a Toledo, Humala y Kuczynski por distintos presuntos delitos [ver infografía], así como a la ex alcaldesa de Lima Susana Villlarán, al actual alcalde de la ciudad, Luis Castañeda Lossio, a ex ministros y otros ex funcionarios.

Antes de que el documento fuese sometido a votación, el pleno rechazó una cuestión previa que planteó incluir al ex mandatario Alan García y a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como denunciados. El pedido recibió 39 votos a favor, 59 en contra y seis abstenciones.

Los votos en contra fueron de los congresistas de Fuerza Popular y del Partido Aprista, así como de Julio Rosas (no agrupado) y Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio). “Mi voto fue por principios, no por personas”, dijo la también vicepresidenta por la noche en Canal N.

La exclusión de García y Fujimori fue un tema central del debate toda la semana. Por momentos, hubo agravios y calificativos que hicieron por ejemplo, que la sesión del pleno del último jueves fuese suspendida y se planteara una posible suspensión de 120 días contra Manuel Dammert (Nuevo Perú) por presuntamente haber insultado a la bancada aprista.

Antes de la sesión del pleno, la Mesa Directiva acordó dejar sin efecto el pedido para suspenderlo.

—El otro informe—
El pleno también rechazó otra cuestión previa que planteaba considerar las recomendaciones del informe en minoría presentado por Humberto Morales (Frente Amplio). Ese pedido recibió 18 votos a favor, 63 en contra y 16 abstenciones.

El documento señalaba que contra García y Fujimori existen “indicios que revisten relevancia penal (delito de crimen organizado dentro de partidos políticos, relacionados a colusión, cohecho, negociación incompatible y lavado de activos)”.

Morales fue impedido de sustentar su informe en minoría el martes pasado, pero aprovechó su intervención durante el debate para defender su trabajo.

En el documento, se indica que García estaría involucrado en un presunto caso de corrupción en el proyecto línea 1 del metro de Lima. Aborda, además, los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) en el 2011, investigados por el Ministerio Público.

Marco Arana (Frente Amplio) señaló que entregarán al Ministerio Público este informe.

—Texto sustitutorio—
El documento aprobado por el pleno –en el que fue incluido un texto sustitutorio– excluye a 11 personas de las recomendaciones y conclusiones del informe final. Entre ellas, está la ex primera dama Nadine Heredia, quien estaba acusada por colusión y lavado de activos por el caso del hospital Lorena (Cusco).

“Por respeto al debido proceso, se procedió a excluir a aquellas personas que tienen imputación de carácter penal y que no ejercieron el derecho a poder presentar algún descargo, al no haber sido convocadas [a las sesiones de la Comisión Lava Jato] y al no haber recibido un pliego interrogatorio”, detalla el referido texto.

Con el mismo argumento fueron retirados los nombres de Rocío Calderón (amiga de Heredia), del Caso Hospital Lorena; el ex ministro de Transportes José Gallardo Ku, del Caso Gasoducto Sur Peruano; el ex ministro de Agricultura Rafael Quevedo Flores, del Caso Hidroeléctrica Chaglla, entre otros ex funcionarios.

“Esto sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda actuar valorando el contenido del informe”, refirió Bartra.

Se informó que la recomendación de presentar una denuncia constitucional contra Humala por la investigación del proyecto Olmos es “por autorizar dolosamente el pago de US$49’326.000 a la concesionaria Trasvase Olmos S.A.”.

El pleno también aprobó el capítulo del informe respecto a los sistemas informáticos My Web Day y Drousys, empleados por Odebrecht. Según la Comisión Lava Jato, esos sistemas “podrían haber quebrantado la Ley de Delitos Informáticos”.