Zoraida Ávalos juró ayer como fiscal de la Nación para el período 2019-2022. En la ceremonia, participaron el presidente Vizcarra y los titulares del PJ y Congreso. (Foto: Alonso Chero)
Zoraida Ávalos juró ayer como fiscal de la Nación para el período 2019-2022. En la ceremonia, participaron el presidente Vizcarra y los titulares del PJ y Congreso. (Foto: Alonso Chero)
Mario Mejía Huaraca

La fiscal de la Nación, , se comprometió ayer a garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público “frente a cualquier atisbo de intromisión, sea de carácter político o de cualquier otro interés subalterno”. Así lo manifestó la magistrada tras jurar en el cargo para el período 2019-2022.

En su discurso durante la ceremonia, Ávalos, quien es fiscal suprema desde el 2014, señaló además que su gestión será “neutral e imparcial”.

“Asumo el reto de liderar con integridad y transparencia esta nueva etapa del Ministerio Público, que ha venido afrontando en estos últimos meses una crisis”, sostuvo Ávalos, quien desde el 8 de enero de este año venía desempeñándose como fiscal de la Nación interina tras la renuncia de Pedro Chávarry al cargo.

Ayer, Chávarry fue el único fiscal supremo que no asistió a la ceremonia. Fuentes de la fiscalía dijeron que no se conocían los motivos de su ausencia.

El presidente Martín Vizcarra sí participó en la juramentación. El mandatario no acudió al acto de asunción de Chávarry como máximo titular del Ministerio Público, realizado el 20 de julio del año pasado.

Ese día tampoco estuvo Zoraida Ávalos, quien antes había pedido a Chávarry que no asumiera el cargo debido a la difusión del audio de una conversación con el ahora ex juez supremo César Hinostroza.

En la ceremonia de ayer también participaron los presidentes del Congreso, Daniel Salaverry; y del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

Ávalos, quien ingresó al Ministerio Público hace 38 años como auxiliar de un despacho fiscal, también prometió aplicar una política de tolerancia cero a la corrupción, incluso dentro de la institución.

“Nuestros esfuerzos no solo se orientarán a la lucha contra la corrupción externa sino, sobre todo, contra la corrupción en lo interno”, dijo en medio de aplausos de los fiscales presentes en el auditorio.

La jefa del Ministerio Público ratificó que su gestión respaldará las investigaciones emblemáticas como las de los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto u Orellana.

Al respecto, precisó que se fortalecerán las fiscalías que ven esos casos con la logística necesaria para facilitar su trabajo. En esa línea, dio a conocer que su institución ha adquirido un software para transcribir grabaciones de audios e imprimirlas.

“Hay miles de audios del Caso [Los] Cuellos Blancos que aún no se han transcrito, ese software va a ayudar mucho en ese caso”, precisó en una conferencia de prensa que realizó tras la ceremonia.

Actualmente, Zoraida Ávalos tiene en su despacho varios casos importantes. Uno es el referido a los cinco congresistas implicados en el Caso Los Temerarios del Crimen.

Precisó que como el fiscal que tiene a su cargo el caso no puede investigar a congresistas, le ha remitido el expediente para que abra una indagación. “Esos actuados han llegado este 21 al despacho. Están en proceso de evaluación, en los próximos días habrá algunas noticias al respecto”, dijo.

También se comprometió a dar en los primeros días de mayo un informe sobre la investigación a Chávarry por el ingreso a las oficinas lacradas en el noveno piso del Ministerio Público (donde está la Fiscalía de la Nación).

—Apoyo presidencial—
El mandatario Vizcarra expresó su respaldo al trabajo de la Fiscalía de la Nación y se comprometió a brindar el apoyo económico necesario para que pueda cumplir su labor con mayor eficiencia.

El gobernante informó que el Ejecutivo ha transferido S/24,5 millones al Ministerio Público para mejorar el funcionamiento de las fiscalías anticorrupción, así como a las oficinas de peritajes y ciencias forenses.

Vizcarra reiteró que su gobierno respeta la independencia y autonomía de las instituciones. “Nuestra obligación es velar por la vigencia del orden legal y constitucional. Ello implica no interferir en las decisiones del sistema de administración de justicia”, aseveró.

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