Al día siguiente de sus declaraciones en Sao Paulo, la gente observaba en los quioscos de diarios las portadas que daban cuenta de que Barata “repartió a todos”. (Foto: Archivo El Comercio)
Al día siguiente de sus declaraciones en Sao Paulo, la gente observaba en los quioscos de diarios las portadas que daban cuenta de que Barata “repartió a todos”. (Foto: Archivo El Comercio)
Diana Seminario

Dicen que en política las percepciones valen más que los hechos. Las personas pueden ser inocentes y honorables, pero si se instala en la opinión pública la imagen de corrupto o mentiroso, es muy difícil revertir esa situación. Y eso es lo que viene ocurriendo tras las declaraciones de , el ex número uno de Odebrecht en el Perú.

Al día siguiente de sus declaraciones en Sao Paulo, la gente observaba en los quioscos de diarios las portadas que daban cuenta de que Barata “repartió a todos”. Para ese ciudadano de a pie que pasaba por ese quiosco rumbo a su paradero no hay marcha atrás: “Todos son corruptos”. Además, no diferencia entre coima o aporte a campaña, ni se detiene a leer o escuchar los descargos de los involucrados. La sentencia para ellos está dada.

Son esas personas, la mayoría de nuestros compatriotas, las que con su voto decidirán en los próximos años quién deberá gobernarnos. Son esos ciudadanos que sudan la gota gorda en el Metropolitano o viajan horas para llegar a sus trabajos a quienes los políticos les deben todas las explicaciones del caso.

Ellos son los que esperan una respuesta, no solo de con cuánta plata una empresa privada financió tal o cual campaña, sino cómo las autoridades de turno hicieron uso o se beneficiaron de un dinero ilícito.

Y aquí es necesario hacer los deslindes del caso, más allá del ya consabido: “Yo no recibí nada”. A lo que debemos apuntar es a quienes ejercen o ejercieron el poder: ¿acaso se devolvió algún favor cuando gobernaron? Los hechos ya resolvieron varias de esas preguntas…

Por ejemplo, la situación de Ollanta y Nadine Heredia pareciera ser la más complicada de todas; no solo porque fue la propia esposa del candidato la que recibió el dinero contante y sonante, sino porque quienes trabajaron arduamente en la campaña electoral financiada por Odebrecht nunca vieron los millones y porque luego precisamente esa empresa se benefició de las decisiones del gobierno de los Humala.

Susana Villarán –intocable para más de uno– tampoco la tiene fácil. La constructora brasileña financió la campaña del No a la revocatoria y ya sabemos que “no hay lonche gratis”.

Y Verónika Mendoza, que intenta pasar piola porque su única defensa es que durante su campaña presidencial del 2016 no recibió dinero de la empresa privada, pretende que nos olvidemos de que fue del círculo de confianza de los Humala-Heredia y secretaria de Nadine. Ella también nos debe explicaciones, sobre todo porque ya imaginamos cuál será su caballito de batalla durante las elecciones del 2021.

Aún falta mucha tela por cortar, y el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación a Fuerza Popular y Keiko Fujimori, y que participó en el interrogatorio a Barata, reveló a este Diario que este personaje quiso declarar sobre casos de corrupción y soborno a gobernantes de turno, pero dado que no era el asunto de la diligencia hubo limitaciones. Indagar sobre ese tema será tarea del fiscal Hamilton Castro.

Como se ve... esto recién comienza. No dudamos de que la segunda parte del testimonio del brasileño será un tsunami por todo lo que arrase.

MÁS EN POLÍTICA...