(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
José Carlos Requena

Desde el 10 de abril, se han sucedido la detención preliminar de un ex mandatario y el pedido de impedimento de salida del país de quien fuera secretario general de la Presidencia por casi todo un lustro presidencial, mediando un anodino mensaje por parte del actual jefe del Estado. Así, se ha arrinconado a un espacio modesto a la bicameralidad, un tema de particular relevancia con miras al bicentenario.

El último Parlamento bicameral fue disuelto por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. La medida, ilegal e inconstitucional, no originó un rechazo ciudadano mayoritario. Contribuyó a ello el severo deterioro de la democracia peruana, acompañado de la persistente retórica antipartidos de Fujimori.

Tras la caída de Fujimori, sobre todo durante el lustro 2001-2006, empezaron los debates sobre la necesidad de regresar a un sistema bicameral. Siempre se contó con el severo rechazo al Parlamento, que se puede simplificar en una pregunta: ¿para qué dos cámaras si una no funciona?

Hasta hoy, no se había llegado al consenso técnico en torno a la conveniencia de que el país cuente con dos cámaras, lo que parece finalmente haber abonado en la expectativa ciudadana. La encuesta de El Comercio -Ipsos publicada ayer precisa que el 48% prefiere un Congreso bicameral, frente a un 43% que prefiere mantener la situación actual.

Pero el presidente Martín Vizcarra ha retirado la bicameralidad del debate. Sigue atado a un resultado de tinte plebiscitario originado en el referéndum de diciembre. De hecho, una encuesta de El Comercio-Ipsos posterior a la consulta indicaba que solo el 23% de los encuestados había votado “cada pregunta pensando si se debían hacer o no esos cambios en la Constitución”, frente a un 33% que votó para apoyar a Vizcarra o el 25% que votó por censurar a los congresistas de oposición.

Como se recuerda, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) planteó en su informe entregado en marzo el retorno a la bicameralidad. Para ello, se sugirió modificar el artículo 90 de la Constitución.

Pero el Ejecutivo no ha hecho suya la propuesta. Ha preferido abdicar de su responsabilidad. No contento con exponer un tema de vital importancia, como la bicameralidad, a un debate en que la pasión pesaba más que la razón, ahora el gobierno quita cuerpo. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, indicó la semana pasada que “por respeto a la voluntad popular expresada en el referéndum, hemos decidido no seguir la recomendación de la comisión de restaurar la bicameralidad”.

En cambio, los miembros de la comisión emitieron un comunicado en el que llamaban a que el tema “se mantenga en la agenda pública”. Es lo que toca: seguir discutiendo el tema. Evaluar la bicameralidad no como un fetiche, sino revisando la representación territorial o delimitando más claramente las funciones de las dos cámaras.

El país se encamina a un bicentenario sin bicameralidad, salvo que alguna sorpresiva corriente parlamentaria discurra en sentido contrario.