Blindaje fraternal, la columna de Maria Alejandra Campos

A pesar de que el allanamiento fue autorizado por un juez, a pesar de que todos vimos el video del personal de Pedro Chávarry metiéndose a las oficinas lacradas, a pesar de que también vimos a ‘Gonzalito’ irse con sus asesores ese sábado en la mañana, a pesar de las declaraciones de la asesora que sustrajo documentos vinculándolo directamente con el hecho; el Apra y Fuerza Popular decidieron ayer que no valía la pena investigarlo y archivaron el caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

A inicios de este año, el fiscal José Domingo Pérez allanó las oficinas del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como parte de la investigación por lavado de activos que se sigue a Keiko Fujimori. El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó la medida.

Sin embargo, para Javier Velásquez Quesquén, representante aprista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no se puede investigar a Chávarry por haber supuestamente orquestado la sustracción de documentos de oficinas que habían sido lacradas por la fiscalía porque “un fiscal provincial [José Domingo Pérez] no puede investigar a un alto funcionario aforado [Pedro Chávarry] ni tampoco allanar las oficinas encargadas a ese funcionario”. A esta premisa se sumaron Karina Beteta, Mario Mantilla y Milagros Salazar (Fuerza Popular), quienes también votaron a favor del archivo.

Es decir, los congresistas ni siquiera se molestaron en negar que el hecho, que claramente constituye un delito, hubiese ocurrido, sino que se basaron en una leguleyada para blindar a uno de los más notables ‘hermanitos’.

Si es que el Poder Judicial había autorizado el allanamiento y Chávarry no estaba de acuerdo porque consideraba que vulneraba sus derechos constitucionales, la vía para resolver esa controversia es el propio PJ o, en última instancia, el Tribunal Constitucional, no la subcomisión.

Parece inútil ya derramar más tinta sobre la falta de vergüenza con la que Fuerza Popular y el Apra se esfuerzan por evitar que Pedro Chávarry sea investigado. Ni la indignación ciudadana expresada en las encuestas, ni los numerosos editoriales y columnas de opinión que se han publicado sobre el tema han inclinado la balanza respecto al costo político que implica el blindaje. Es evidente que el peso de otros intereses es mayor.

Sin embargo, podría existir una oportunidad para corregir esta situación. Entre las reformas planteadas por la comisión Tuesta se encuentra la de restringir la inmunidad parlamentaria, haciendo que sea la Corte Suprema, y no la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la que decida respecto al antejuicio de los padres de la patria en los casos de delitos comunes.

Está en manos del Ejecutivo proponer una reforma más amplia, que incluya a todos los altos funcionarios que gozan actualmente de esa protección en la propuesta. Si asesores de Chávarry fueron filmados entrando a oficinas lacradas y una de ellas confiesa que fue su jefe quien la persuadió de cometer el delito, el Congreso no debería tener participación en la decisión de si el fiscal supremo es investigado por obstrucción a la justicia (entre otros) o no. Queda en manos de Vizcarra nivelar la cancha de la justicia.