Bruno Pacheco en menos de un mes: mensajes de Whatsapp, hallazgo de $20 mil y un pedido en su contra para que no salga del país

Ello fue detectado por la Fiscalía de la Nación. El despacho de Zoraida Ávalos abrió una nueva investigación al amigo del presidente Pedro Castillo, por el delito de enriquecimiento ilícito, tras hallar un presunto desbalance patrimonial en sus bienes.

Según informó la fiscalía, el 13 de agosto de este año, Huaymana fue contratado por el despacho presidencial bajo servicios de “chofer de resguardo”. Siete días después, el 20 de agosto, realizó el depósito bancario a favor de Pacheco Castillo.

El Comercio confirmó que Huaymana fue contratado bajo la orden de servicio O/S-307-2021-Despacho Presidencial mediante la que se acuerda pagarle S/16.000 por tres meses.

Las cifras no cuadran

La fiscalía anota otro elemento sospechoso. Desde que Pacheco comenzó a ejercer su cargo como secretario general presidencial el 30 de julio y hasta el 23 de noviembre, sus ingresos debían haber sumado en total S/75.176. Sin embargo, tras la verificación de sus cuentas –en ese período– se detectaron S/95.193.

Ello hace un desbalance de S/20.017 en el período analizado por la fiscalía.

Pacheco no informó sobre ingresos del sector privado y en su declaración jurada consignó bienes por S/4.933 y en el rubro “otros” S/56.463.

En el referido período solo se registra un egreso total de S/3.692 el 15 de noviembre del 2021.

Al dinero reportado por la fiscalía se deben sumar los US$20 mil en efectivo que se hallaron en un estante dentro del baño de su despacho en Palacio de Gobierno.

Por ello, la fiscal Ávalos dispuso un peritaje al patrimonio de Pacheco y de su exesposa.

Impedimento de salida

Por otro lado, el fiscal anticorrupción Marco Huamán solicitó impedimento de salida del país contra Pacheco en la investigación por presuntas presiones al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera, con el fin de beneficiar a terceros.

Pacheco llegó a Palacio de Gobierno de la mano de Pedro Castillo, quien lo colocó como secretario general de la Casa de Pizarro, el mayor escalafón en el manejo administrativo de los quehaceres presidenciales. Allí, se creyó protegido de todo y por ello, haciendo uso de su poder, habría pedido favores para “amigos” que estaban en problemas tributarios ante la Sunat.

Atrás quedaron las marchas sindicales donde fungía de protector y coordinador de Castillo Terrones en las jornadas de protesta de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) a la que pertenecen. Tras su exponencial salto como alfil del presidente de la República, ya no era necesaria la protesta, ahora solo habría usado su celular para enviar documentos y ejercer presión pidiendo un “apoyo” para una empresa y abogados.

Todo quedó registrado en conversaciones de Whatsapp que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado 17 de noviembre.

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El ex secretario general de Palacio de Gobierno es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en perjuicio del Estado y la Sunat.

La medida de impedimento de salida, requerida ante el Poder Judicial, busca asegurar la permanencia del amigo del presidente en el país, a fin de que afronte la investigación por presunta corrupción en su contra.

Según informó el coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, las “evidencias son sólidas” y que actualmente se vienen acopiando más información sobre el caso de la Sunat.

Las presuntas influencias

El pasado 15 de noviembre, la Revista Lima Gris publicó una serie de conversaciones (Chats) de Whatsapp entre Bruno Pacheco -que en ese momento seguía ocupando el cargo de Secretario General de Palacio de Gobierno- con el superintendente nacional de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo.

Las conversaciones datan de fines de setiembre, en el que Pacheco le pide al jefe de la Sunat intervenir para que “apoye” a la empresa Deltron, dedicada al rubro de la informática. Concluye el mensaje indicando que “le comunique la solución”.

“Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias”, se lee en la conversación del 22 de setiembre.

Cuatro días después, Pacheco vuelve a la carga para pedir que tomen en cuenta a su “amigo”, el martillero Marco Antonio Urbina, en el proceso que realiza la Sunat para dichos cargos.

El 29 de setiembre, una vez más Pacheco pide otro apoyo. Esta vez para un tercero que estaría vinculado a un proceso dentro de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, órgano adscrito a la Sunat.

Junto a los documentos que envía, Pacheco le indica: “Corrobora eso hermano y trata de ayudar en algo”.

Además, le recuerda a Vera Castillo la situación de sus amigos de “Deltron”. “Igual revisa del amigo de Deltron. No queremos que quiebre 2015 hasta 2018, intereses y revisión”, le escribe.

Al no recibir respuesta por parte del superintendente, Pacheco le insiste para “conversar” temas como los que estaba enviando. En su mensaje, el exfuncionario incluso le agrega Vera, “me avisas, hay que ser recíprocos en la atención”.

En esa misma línea, Pacheco habría usado mostrado la retribución que le daría a Vera por el apoyo.

Según otro mensaje de Whatsapp, que se habría dado el 29 de setiembre, Pacheco le envía una foto de la agenda de la Sesión del Consejo de Ministros, en el que se tenía previsto la designación de Superintendente Nacional de la Sunat.

“Ya lo programé. Estamos en gabinete”, le dice Pacheco. Vera le dice que no pudo responderle antes porque también estaba en reunión.

“Estamos guerreando y socializando con los ministros, hay un grupo de ellos que no te quieren”, le replica el entonces secretario general de Palacio de Gobierno.

Cabe precisar que Vera Castillo se encontraba como encargado de dicho puesto desde mayo del 2020.

Según el acta de la sesión del Consejo de Ministros al que accedió El Comercio, la propuesta de designación de Luis Enrique Vera Castillo como jefe de Sunat fue aprobada ese día por “unanimidad”.

“Previo análisis y deliberación, la Resolución Suprema fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Ministros”, se lee en el acta. El documento con la designación fue publicado el 1 de octubre en las Normas Legales de El Peruano.

En declaraciones a Lima Gris, el jefe de la Sunat, Luis Vera Castillo, afirmó que como profesional garantiza todos los procesos que se llevan ante la Sunat atiendan criterios objetivos y técnicos. Además, descartó cualquier favorecimiento a la empresa Deltron.

“Como le dije, soy profesional de carrera, y este tipo de mensajes los desestimo de plano y mis acciones y los hechos lo demuestran. Tanto es así que al no encontrar eco en mí, no me contacto más. Esta solicitud del contribuyente fue igualmente desestimada por el área competente. Le reitero, ninguna solicitud fue atendida”, dijo a la revista digital.

Dinero en el baño

Pero las cosas se complicaron para el ex secretario general de Palacio de Gobierno que no renunció hasta el 19 de noviembre, pese a las críticas y de los diversos elementos que levantaban sospecha sobre su proceder en el cargo.

Ese mismo día, tras su renuncia vía Twitter, el fiscal Marco Huamán ingresó junto a un equipo de fiscales y miembros de la Polucía Nacional para realizar una diligencia de exhibición y copia espejo de documentos y equipos electrónicos.

A diferencia de otros trabajadores de la oficina de la Secretaría General, Pacheco no facilitó su celular en en ese momento alegando que no lo tenía en su poder. Aunque, días después lo entregó voluntariamente a la fiscalía.

Ello, no había sido lo único trascendente de la diligencia. Según el acta fiscal al que accedió este Diario, los representantes del Ministerio Público hallaron US$20 mil en efectivo en un estante del baño de la Secretaría General que era usado por Pacheco.

El entonces funcionario reconoció que el dinero era suyo, pero que era producto de sus “ahorros y del sueldo que percibía comos secretario general”.

El dinero no fue incautado debido a que la diligencia no contaba con orden judicial, por lo que se procedió al fotocopiado de los billetes. Pacheco debía justificar con documentos la procedencia de toda esa cantidad de dinero.

El monto se sumará a otros S/80 mil que fueron hallados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fueron reportados a la fiscalía anticorrupción, según reportó La República.

Debería proceder impedimento

Para los abogados penalistas Daniel Huamán y Andy Carrión la solicitud de impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco debería ser atendida en el Poder Judicial, pues consideraron que existen elementos suficientes y es una medida no gravosa, a diferencia de una prisión preventiva.

En declaraciones a El Comercio, el profesor de Derecho penal en Universidad del Pacífico Daniel Huamán explicó que es necesario asegurar la presencia en el país de Pacheco Castillo, en el marco de la investigación que se le sigue.

“Hay elementos para iniciar la investigación. Existe lo que se denomina sospecha inicial y efectivamente, la medida de impedimento de salida del país es una medida cautelar que no es tan gravosa como es la prisión preventiva y considero que sí existen elementos suficientes para poder entender que es necesario asegurar la presencia del señor Pacheco dentro del país; y por tanto, en su momento, el Poder Judicial dicte un impedimento de salida del país”, señaló.

El especialista acotó que una de las razones para pedir un impedimento de salida del país, inicialmente por ocho meses, podría atribuirse a que más adelante sea declarada compleja. Estimó que así será por los elementos que se han venido dando y la alta posición que ocupaba el funcionario dentro del Estado.

Una vez concluida la investigación, dijo, el fiscal formalizará la investigación ante el Poder Judicial que podría ser acompañada con otra medida cautelar más fuerte.

“En este momento, de lo que se ha visto, no hay elementos para entender que se trate de una organización criminal. En este caso, aparentemente parecería una actuación conjunta, que han realizado un solo hecho. Pero si se demuestra que esto no son casos concretos; sino que es una actuación de coordinada, organizada, planificada y con ánimo de perpetuidad, recién podríamos hablar de crimen organizado y ampliarse el caso por dichos temas”, aclaró.

Por su parte, el abogado Andy Carrión consideró que el plazo de ocho meses es más que suficiente para un caso donde -hasta el momento- se investiga un presunto hecho puntual. Ello, agregó, no descarta que más adelante se pueda pedir prisión preventiva.

“El tiempo es prudente atendiendo a que los indicios que están investigando son muy puntuales ahora. Existen algunas excepciones por delitos en crimen organizado, pero antes de los ocho meses podría haber un pedido de detención. Se ha visto, en otros casos que, casi al cierre de la investigación preliminar, puede haber un pedido de prisión preventiva, pero ahora la única medida es el impedimento de salida”, anotó.

A consideración del penalista, los hechos que se han ido conocimiento en la investigación “son más que fuertes” teniendo en cuenta la manera en que se han estructurado los indicios: los chats de Whatsapp, lo que aporte el deslacrado de los equipos electrónicos que se tomaron en la Secretaría General y otros.

Por ello, según Carrión “ya está más que acreditado” el requisito sobre la suficiencia de elementos sobre de la comisión del delito.

Agregó que, a diferencia de un pedido de prisión preventiva, tampoco es necesario probar que pueda obstaculizar la investigación o exista un peligro inminente de fuga.

“La Corte Suprema razona en un estándar bajo de requisitos cuando otorga el impedimento de salida del país. Creo que al menos dos elementos se cumplirían para dictar la medida. El no entregar inicialmente su celular, el volver al propio lugar de los hechos (Palacio) luego del hallazgo de los 20 mil dólares y en tercer lugar, el propio lugar donde encontraron el dinero (Una gaveta del baño)”, explicó.

Otras investigaciones

El caso de la Sunat no es el único que debe afrontar Bruno Pacheco. Otras dos dependencias del Ministerio Público lo investigan por presuntamente haber usado su cargo al frente de la Secretaría General de Palacio de Gobierno para favorecer a terceros.

Esta semana, tras la denuncia de El Comercio, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción a cargo de la Fiscal Karla Zecenarro, abrió investigación en contra de Pacheco Castillo y la empresaria Karelim López por el caso Provías y el Puente Vehicular Tarata (Región San Martín).

La investigación por presunto tráfico de influencias se abrió el lunes 19 por 120 días y se indagará un presunto favorecimiento a la asesora a la empresa Termirex S.A.C., integrante del consorcio que ganó la licitación de la obra “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”.

La investigación de la fiscal Zecenarro incluye las visitas que realizó López Arredondo a Palacio de Gobierno cuando Pacheco ejercía el cargo de secretario general.

A ello, se suma la investigación que abrió la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el ex ministro de Defensa Walter Ayala y Bruno Pacheco, por presuntamente intervenir en el proceso de ascensos de oficiales del Ejército Peruano y de la Fuerza Área.

En este caso, son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Además, este miércoles se conoció que la fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Bruno Pacheco por presunto enriquecimiento ilícito, esto tras evaluar los primeros hallazgos relacionados con un aparente desbalance patrimonial y detectar un depósito en efectivo por S/20 mil de una persona que días antes fue contratada en el Despacho Presidencial, como “servicio de apoyo de chofer de resguardo”.

Se trata del depósito realizado el 20 de agosto por Eric Franco Huaymana Carbajal, quien el 13 de agosto de este año fue contratado en el Despacho Presidencial, como “servicio de apoyo de chofer de resguardo”, precisa la fiscalía.

En una nota de prensa, informa que de acuerdo con la información financiera recibida, se determinó que los ingresos de Pacheco Castillo durante el ejercicio de su función pública (del 30 de julio al 23 de noviembre de 2021) debieron ascender a S/75,176, pero en su cuenta bancaria suman S/ 95,193, sin considerar los US$ 20 mil hallados en el interior de un clóset, ubicado en el baño de su despacho.

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