El plan impulsado por el Gobierno busca cerrar las brechas prioritarias de infraestructura existentes. (Foto: GEC)
El plan impulsado por el Gobierno busca cerrar las brechas prioritarias de infraestructura existentes. (Foto: GEC)
Juan Paredes Castro

Por bueno que sea el propósito del presidente , las reformas planteadas por él, que se votan hoy en , pueden convertirse en un peligroso caballo de Troya para la Constitución.

El mal augurio no viene solo de la improvisación, la escasa información y el nulo debate que traen consigo las reformas, sino de las consecuencias riesgosas e imprevisibles de su aprobación y aplicación a corto, mediano y largo plazo.

Estamos frente a cuatro reformas que –por ajustes aquí y allá– llevarán a más de 50 cambios en la Constitución. No es poca cosa que ello vaya a ocurrir en un documento fundamental de la nación que ha demostrado consenso y sostenibilidad en el tiempo.

Y si de reformas y cambios se trata, debieron hacerse con el más alto grado de reflexión, inteligencia, conocimiento, racionalidad y responsabilidad de sus actores: Gobierno, Congreso y ciudadanía.

Nada le impedía a Vizcarra propiciar las reformas necesarias en un clima de acuerdos y consensos serenos y sensatos, inclusive enfrentando diferencias y desacuerdos, como normalmente sucede en política. Que la mayoría fujimorista fuese un obstáculo y estuviese desprestigiada no justificaba poner las cosas en camino a la improvisación y la prisa, menos abrir una ventana fácil a las posturas radicales como las de Verónika Mendoza y Gregorio Santos, quienes persiguen, encubiertamente en su apoyo al referéndum, un cambio de Constitución.

Recuérdese que el planteamiento presidencial inicial priorizaba una reforma profunda del sistema judicial y otra que hiciera posible el retorno al sistema bicameral del Congreso. Paradójicamente, estas dos reformas pasaron a un segundo plano para abrir la cancha en la agenda a dos reformas de más rédito popular: la no reelección parlamentaria inmediata y el establecimiento de nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos. Correr a todo tren para hacer coincidir el referéndum con la votación de la segunda vuelta de las elecciones regionales (9 de diciembre) fue otra innecesaria obstinación.

La ciudadanía votante resulta ser finalmente la convidada de piedra de un referéndum del que conoce poco, porque no ha sido informada debidamente y sobre el cual no puede profundizar ni entender sus alcances, porque no ha participado en debate alguno. Sin desearlo, podría terminar siendo cómplice de una comedia de equivocaciones.

Ya muy tarde podrá sobrevenir cualquier propósito de enmienda, cuando no haya posibilidad de mejorar lo que se hizo mal y cuando una vez más hayamos rifado nuestro sentido de futuro a una coyuntura de confrontación y polarización realmente estéril.

En la eventual victoria del Sí veremos más el espíritu fáctico de un plebiscito presidencial que la materialización de reformas que vayan a procurarle al país un beneficio concreto y perdurable de una mejor justicia, una mejor elección parlamentaria, una mejor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y un mejor Congreso, por ser unicameral y sus integrantes de ahora no puedan elegirse como senadores (si tuviera que ser bicameral).

Ojalá pudiera estar equivocado y el referéndum de hoy pudiera ser el remedio político milagroso de este tiempo incierto.