“Todo gobierno que pretenda transparencia, debería suscribir estos principios sin que le tiemble el pulso”, afirmó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. (Foto: Cortesía de "La Voz del Interior")
“Todo gobierno que pretenda transparencia, debería suscribir estos principios sin que le tiemble el pulso”, afirmó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. (Foto: Cortesía de "La Voz del Interior")
Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indicó que el Congreso peruano tiene la oportunidad, a , autor del libro “Plata como cancha”, y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, de despenalizar los delitos contra el honor. Agregó que a la institución le preocupa que el presidente Pedro Castillo mantenga su silencio ante los medios de comunicación.

— El juez Raúl Jesús Vega ha condenado al periodista Christopher Acosta, autor del libro “Plata como Cancha”, y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, a dos años de prisión suspendida por difamación agravada en contra del ex candidato presidencial de APP César Acuña. ¿Cómo interpreta este fallo?

Para nosotros es un grave precedente en materia de libertad de expresión. Las personas que son funcionarios públicos o que de algún modo se han colocado en el candelero público por su actuación, como el señor Acuña, están sometidas a un mayor escrutinio y control de la sociedad. Además, está claro y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones desde la SIP, no debe haber condena penal, persecución penal, o la criminalización de las actividades periodísticas. Es decir, en caso de que alguien se sienta agraviado, la solución tiene que venir por la vía civil y no por una condena penal como en este caso, que a pesar de ser suspendida es una sanción de prisión.

— Por ejemplo, en su sentencia, el juez Jesús Vega le atribuye a Acosta la responsabilidad de las declaraciones que terceros brindaron sobre Acuña, entre ellos . ¿Ha desconocido la doctrina del “reporte fiel”? ¿Esto es suficiente para que el fallo sea anulado en segunda instancia?

Sí, hay como le digo precedentes internacionales en materia de libertad de expresión, se recuerda el caso de The New York Times contra Sullivan, que data de 1964, donde de algún modo se dejó en claro que cuando se relatan hechos que pueden ser considerados no ciertos, es el querellante el que debe demostrar que estos hechos no son ciertos. Y, por otro lado, tiene que demostrar que hubo dolo real de parte del periodista, lo que se conoce como la doctrina de la “real malicia”.

Y, como uste bien dice, la doctrina del reporte fiel o neutral lo que hace es exculpar aquellas cuestiones que han sido ya difundidas por otras personas y que el periodista cita para simplemente hacer un relato de estos hechos. [Esta sentencia] creemos que no cumple con este principio […] Es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión para un sistema democrático como el que se vive en el Perú.

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— El magistrado también refiere que Acosta no corroboró las declaraciones que terceros brindaron sobre Acuña Peralta con “fuentes confiables”. Sin embargo, no define a qué se refiere exactamente con esto. ¿Qué tanto limita el ejercicio del periodismo esta sentencia?

El que debe probar certeza o falsedad de los dichos es el querellante, en este caso, Acuña. Está claro que [dentro de la sentencia] debería haber una prueba real de que el periodista conociendo que los dichos eran falsos decidió seguir adelante con esa publicación, y entiendo que así no ha sido probado. Insisto que esto no tiene que ser motivo de una sanción penal, sino siempre por la vía civil, como lo ha dicho claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y se la citó textualmente: “La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles y, además, para estos casos debe probarse que, en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infringir daño con pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas”.

Por ello, desde la SIP decimos que esta, además, de ser una señal preocupante en materia de libertad de expresión, es también la oportunidad para que el Congreso peruano revise la legislación y la adecue a estándares internacionales en materia de derechos humanos, descriminalizando la tarea de informar.

— ¿Es viable, teniendo en cuenta que uno de los partidos que lo integra es APP, de ?

Esta cuestión de ir eliminando las llamadas leyes de desacato, es decir aquellas que penalizaban a los periodistas que criticaban al funcionario público o a aquellas personas que se exponía al escrutinio público, ha ido avanzando mucho en los países del continente, y el Perú es una república que no se adecuó a esta legislación. Entendemos que tarde o temprano esta cuestión deberá ser abordada. La propia CIDH puede instar al Perú a que adecue su legislación en esta materia.

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— ¿El fallo constituye un golpe contra la libertad de prensa y de expresión en el Perú?

Sí, claramente en el Perú, y es una mala señal para el resto del continente, donde además estas posiciones autoritarias empiezan a extenderse. En los últimos tiempos hemos tenido casos similares en países como Panamá, Brasil, Paraguay y El Salvador, donde algunos funcionarios han iniciado acciones contra periodistas o han amenazado con iniciar acciones penales contra estos. En El Salvador se ha podido advertir que se han enviado un proyecto de ley para criminalizar esta cuestión del llamado desacato.

— ¿La SIP enviará una comisión a Perú a evaluar la situación de Acosta y Pimental y la de otros periodistas?

Lo estamos evaluando, nosotros sabemos hacer este tipo de misión cuando hay hechos preocupantes, lo estamos conversando en estos momentos, porque es muy reciente el hecho, pero no lo descarto para nada. Podemos sumarnos [a otra misión] o realizar una independiente en cualquier momento. Creemos que es un tema que merece preocupación y que [la despenalización de los delitos contra el honor] sea debatido en el Congreso por los distintos bloques partidarios.

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— César Acuña ha sido dos veces candidato a la Presidencia y, actualmente, su partido tiene una bancada en el Congreso. ¿Esta demanda demuestra que, si él llegase al poder, la libertad de expresión correría riesgo?

Evidentemente, es más grave que sea un dirigente político que haya aspirado a gobernar el país y que, además tenga hoy el liderazgo de una bancada de peso en el Congreso [el que haya querellado a un periodista], y por eso creo también se ha dado esta reacción internacional, no de la SIP, sino de muchos organismos que defienden la libertad de expresión en el mundo. Esto es un golpe importante para la libertad de expresión y una pésima señal en esta materia para todo el continente.

— La demanda a Acosta no es la única que se ha entablado contra periodistas en el Perú. También hay investigaciones en contra de Ernesto Cabral, Paola Ugaz y Pedro Salinas. A este último, la fiscalía le allanó su casa. ¿Le preocupa la situación de la libertad de expresión y prensa en el Perú?

Sí, venimos viendo todo lo ha ocurrido con mucho detenimiento desde antes de la asunción de las actuales autoridades. Durante el proceso electoral, la situación fue muy compleja y entiendo que el presidente Castillo luego de asumir no dio señales claras de defensa de la libertad de expresión, a pesar de que se lo reclamaron. La propia SIP lo invitó a suscribir las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Justamente, en esta última, uno de los puntos que señala es que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información y la protesta contra funcionarios o personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad. Hubiera sido una muy buena señala para estos casos que el presidente Castillo hubiera accedido a firmar esta declaración […] Todo gobierno que pretenda llevar adelante una política de transparencia y de libertad de expresión, debería suscribir estos principios sin que le tiemble el pulso, porque no está haciendo más que ratificar principios esenciales en materia de libertad de expresión.

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— El presidente Pedro Castillo está próximo a cumplir seis meses en el cargo y no ha brindado ni una sola entrevista en ese tiempo. ¿Es un error ?

Totalmente, entendemos que hay gobernantes que no se sienten cómodos en hablar con la prensa, pero hay mecanismos alternativos como la designación de un vocero que lo represente y que abra la información pública a la prensa, que busque el contacto con los periodistas, que acepte las preguntas y que responda. Nos preocupa seriamente que Castillo mantenga este silencio y no propicie una política de apertura más clara en relación con la prensa.

— Durante esta primera etapa del gobierno, también se registraron agresiones físicas y verbales de parte de integrantes del Ejecutivo. ¿Usted ve un deterioro de la libertad de expresión y prensa en el país, tras el ingreso de Castillo a Palacio de Gobierno?

Sí, vemos que ese deterioro se venía marcando ya desde el proceso electoral, que fue un proceso muy complejo, pero una vez que asumieron las nuevas autoridades esto podría haberse empezado a encarrilar, y lejos de ello se ha profundizado. Lo que vemos en el Perú es algo similar a lo que vemos en otros países de la región, donde los gobiernos en algunos casos por razones ideológicas y en oros aprovechando la situación particular planteada por la pandemia, lo que han hecho es cerrarse, han buscado limitar el acceso a la información pública, y han acentuado sus agresiones a periodistas. Entonces, claramente hay un deterioro preocupante [de la libertad de expresión] en el Perú. Esperamos que comience a revertirse porque la prolongación en el tiempo no hace más que agravar ese deterioro.

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— Incluso, el presidente Castillo dijo que a aquellos medios de comunicación “que tergiversan la realidad”. ¿Es una amenaza?

Bueno, sin duda plantearlo en esos términos claramente es una amenaza y, además, viola claramente los principios de la declaración de la CIDH, donde claramente se plantea que no tiene que haber ningún tipo de privilegio para aquellos medios de comunicación que son cercanos al gobierno, ni castigo para aquellos que son críticos. Plantearlo en esos términos, como “aquel que nos critique no va a tener un peso” es claramente una búsqueda de coactar la libertad de expresión, de asfixiar a la prensa independiente y de instaurar un discurso que se le sea favorable. Entonces, de ningún modo esto puede ser aceptado porque es una violación muy clara a la libertad de expresión.

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