La investigación por la presunta concesión irregular de las obras para la construcción del aeropuerto cusqueño está en la etapa preliminar. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)
La investigación por la presunta concesión irregular de las obras para la construcción del aeropuerto cusqueño está en la etapa preliminar. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

El Poder Judicial (PJ) exigió al Ministerio Público (MP) que precise las imputaciones contra los representantes de la empresa como parte de las pesquisas por la supuesta concesión irregular del nuevo (Cusco), las que se encuentran aún en un nivel preliminar.

En febrero pasado, el fiscal José Domingo Pérez Gómez abrió una investigación preliminar a ex funcionarios del Ministerio de Transportes, entre ellos el ex ministro Martín Vizcarra y la hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli. En este caso también se incluyó a los directivos de la empresa Kuntur Wasi, Antonio Marcos Guzmán Barone, Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola y José Carlos Balta del Río, por el supuesto delito de colusión.

Fueron precisamente los empresarios quienes cuestionaron la decisión del fiscal Pérez Gómez, al sostener que este no había establecido cuáles eran los hechos delictivos por los que se les investigaba y porque, según señalaban, se estaban vulnerando sus derechos.

Es por ello que, a través de un recurso de tutela de derecho, lograron que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara al fiscal que precisara las imputaciones en su contra.

El fiscal Pérez Gómez impugnó esta decisión ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, al sostener que en la etapa indagatoria solo bastaban “los indicios” en contra de los investigados.

La respuesta fue negativa. El tribunal superior resolvió que los actos descritos por el fiscal en la investigación seguida a los empresarios no eran suficientes.

“No hay un detallado desarrollo fáctico de participaciones atribuibles a cada uno de los mencionados investigados que revelen la inicial sospecha de la comisión de un delito”, dijo la sala.

En sus disposiciones fiscales, Pérez Gómez había establecido que los empresarios se habían “concertado con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o miembros del Consejo Directivo del Ositrán, para defraudar patrimonialmente al Estado”.

Ahora, la sala ha emplazado al fiscal para que, en un plazo de 30 días hábiles, subsane y establezca “una adecuada subsunción (adecuación) de las conductas descritas de los investigados” y así cumpla con precisar las razones por las que incorporó a los tres empresarios en las pesquisas.

Este Diario se comunicó con el gerente de Kuntur Wasi, José Carlos Balta del Río, quien sostuvo que la “hipótesis del fiscal no tiene sustento”. “Se ha confirmado que no existe delito, nunca hubo nada y este caso de colusión queda casi archivado”, comentó.

Fuentes fiscales confirmaron a El Comercio que Pérez Gómez acatará la decisión de la sala y subsanará las omisiones a fin de salvaguardar la investigación que sigue a los empresarios y funcionarios del MTC involucrados.

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