Caso Edwin Donayre: ¿Debe o no levantarse su inmunidad parlamentaria?

El pedido de levantamiento de la inmunidad contra el congresista Edwin Donayre ha generado discrepancias sobre la ejecución de la pena de cinco años y medio de prisión por el presunto robo de gasolina asignada a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.

El abogado penalista Vladimir Padilla explica que el cumplimiento de las condenas debe ser inmediato. El antiguo Código Penal así lo establecía, y en el nuevo código queda a potestad del juez suspender la ejecución de la pena si se ha planteado una apelación. En este caso, la justicia ha decido hacer cumplir la pena.

Adicionalmente, la inmunidad parlamentaria no protege a los parlamentarios por casos cometidos antes de iniciar su gestión, explica el ex oficial mayor del Congreso, José Elice.

Estos fueron los criterios seguido por la Corte Suprema al enviar el pedido de levantamiento de inmunidad al Congreso contra el militar en retiro. ¿Pero sobre qué aspectos debe pronunciarse el legislativo? El constitucionalista Luciano López sostiene que las prerrogativas sobre lo que tiene que hacer la Comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria han sido establecidas en una sentencia del Tribunal Constitucional del 2009. Esta fallo señala que lo que le corresponde al Parlamento es valorar la existencia de móviles políticos en el proceso.

“Solamente deben analizar si el pedido se usa como instrumento de persecución política. No tienen competencia para ver si le aceptaron todas sus pruebas o si le falta un recurso. En este caso, de ninguna manera hay persecución política”, señala López.

Entonces, el debate gira en torno a la interpretación del reglamento del Congreso que señala que para reemplazar a un congresista por su accesitario se requiere una sentencia firme.

Tanto para Elice como para Padilla, Donayre ya fue condenado por un juez, y el recurso de nulidad que ha presentado contra la sentencia es extraordinario. Por tanto, la sentencia debe ejecutarse y Donayre tiene que defenderse sobre el fondo del asunto en la vía ordinaria.

Desde el derecho parlamentario, el Jefe de relatoría del Congreso, César Delgado Guembes, tiene otro punto de vista. Para él, la inmunidad parlamentaria tiene como fin proteger la voluntad popular manifestada en el resultado de las elecciones parlamentarias.

“Si bien el Código Penal dice que cuando hay una sentencia debe ejecutarse, la consecuencia va a ser un daño a la voluntad popular. Vas a tener que cambiar a un congresista por otro cuando todavía no hay una decisión firme”, señala Delgado.

Agrega que si bien la autoridad judicial no puede dejar de ejecutar su sentencia, el Congreso tiene otra tarea que cumplir: garantizar que no se altere la voluntad popular cuando no hay certeza sobre el caso.

Si la Comisión no aprueba el pedido de levantamiento de inmunidad, López explica que el juez, a pedido de la fiscalía, podría realizar un control de constitucionalidad difuso (usado para inaplicar el indulto a Fujimori en los casos Pativilca y Barrios Altos) para volver a remitir el documento al Congreso y pedir que se pronuncien solo sobre si existe persecución política.

El grupo encabezado por Luciana León está a la espera del informe de la Comisión de Constitución para resolver si aceptan el pedido de la Corte Suprema.

De tomar la decisión en los próximos días, lo harán con la actual conformación de la Comisión de levantamiento de inmunidad, en la que Fuerza Popular cuenta con ocho miembros de quince. El pleno del Congreso tiene que aprobar el acuerdo de la Junta de Portavoces para modificar el número de integrantes de este grupo.

Donayre es miembro titular de la comisión de fiscalización, defensa y presidente de salud, y su voto puede ser decisivo en votaciones importantes del Congreso.