Caso El Frontón: las claves del proceso judicial que se inicia hoy

Este viernes, a las 10 a.m., se iniciará el juicio oral por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de más de un centenar de internos del otrora penal El Frontón, las cuales, según la acusación fiscal, habrían sido perpetradas por ex miembros de la Marina de Guerra en junio de 1986, tras el debelamiento de un motín organizado por Sendero Luminoso durante el primer gobierno de Alan García.

En este proceso judicial, que estará bajo la conducción de la Sala Penal Nacional, están acusados 34 ex integrantes de la Infantería de Marina y las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES), para quienes la fiscalía ha solicitado penas de entre 25 y 27 años de prisión.

De acuerdo a la acusación fiscal,  "la masacre, ejecución extrajudicial o asesinato en masa de los 133 internos del penal El Frontón no solo fue un gravísimo acto ilícito para la legislación nacional, sino también fue un acto reñido con el derecho internacional en materia de derechos humanos".

–El motín senderista–
Cabe anotar que el 18 de junio de 1986, Sendero Luminoso organizó un motín simultáneo en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, justo cuando se realizaba en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista. Dos días duró el debelamiento en la isla frente al Callao.

Según la acusación de la fiscal Luz Ibáñez, las presuntas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos se realizaron luego de que los sentenciados y detenidos por terrorismo se habían rendido.

Para el vicealmirante retirado Jorge Montoya hay un acoso permanente desde hace 31 años contra el personal de la Marina que participó en la operación y que solo "cumplió con su deber".

Descartó que se haya tratado de una matanza. "En El Frontón las muertes se dieron en combate, no hubo asesinatos”, ha señalado el también ex jefe del Comando Conjunto de las FFAA, tras recordar que en el enfrentamiento murieron cuatro marinos.

–Crímenes contra la humanidad–
En la acusación fiscal se dice que hay suficientes medios probatorios por los que se dispuso acusar a los 34 procesados por "crímenes contra la humanidad consistente en el delito subyacente contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado-asesinato por ferocidad".

Sin embargo, Sergio Tapia, abogado de los marinos encausados, sostiene que la fiscalía no tiene pruebas que puedan sustentar la acusación. "Me parece excesivo que haya un juicio sin pruebas. Solo esperamos que los jueces sean justos y vean que la acusación fiscal está mal hecha", dijo a El Comercio.

Tapia manifiesta que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó el caso, en la década de los 90, no habló de ejecuciones extrajudiciales ni asesinatos. "Dijo que lo que hubo fue un exceso del uso de la fuerza, lo cual no configura un delito de lesa humanidad ni homicidio", añadió. 

Por su parte, Carlos Rivera, abogado de las familias de nueve de las víctimas, expresó que la fiscalía hizo una buena investigación y acopió suficientes pruebas para poder acusar. "Este es un caso emblemático de violación de Derechos Humanos. Esperamos que después de 31 años se condene a los autores materiales", dijo.

​–Un largo proceso–
El caso de El Frontón primero se vio en el Fuero Militar entre 1987 y 1989 sin participación de los familiares de las víctimas. Allí se absolvió a 111 marinos investigados y se archivó el caso.

En agosto del 2000, la Corte Interamericana  de derechos Humanos dicta una sentencia que ordena al Estado investigar los hechos de El Frontón y procesar y sancionar a los responsables.

Producto de esa sentencia, la fiscalía abre investigación en mayo del 2001, pero esta se archivó. Sin embargo es reabierta en agosto del 2002 y, tras dos años de investigación, formaliza denuncia penal en noviembre del 2004.

​En enero del 2005 el Primer Juzgado Penal Supraprovincial abre proceso penal contra 11 marinos. Más adelante en el 2009 el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial abre otro proceso a 22 marinos. Tras varias marchas y contramarchas y tras juntarse los dos casos, la fiscal Luz Ibáñez formula acusación contra 33 marinos el 20 de diciembre del 2012​.

En junio del 2013, el Primer Juzgado Supraprovincial abre instrucción contra otros dos marinos y la Sala Penal Nacional resuelve acumular el nuevo caso al expediente principal y pide a la fiscal Ibáñez emitir un dictamen único, el cual es formulado en abril del 2016 contra 35 acusados.

En octubre del 2016, la Sala Penal Nacional realiza una audiencia de control de la acusación fiscal y el 3 de abril del 2017 declara que hay mérito para pasar a juicio oral contra 35 ex miembros de la Marina.

El pasado 1 de setiembre la fiscalía decide dejar sin efecto su acusación contra Carlos Castillo Vega, quien solo acudirá al proceso como testigo. Por ello el proceso será finalmente contra 34 acusados. 

–Más de 80 testigos–
Para este juicio la fiscalía ha pedido que se tome declaración a más de 80 testigos. De ellos 35 son ex internos que sobrevivieron al debelamiento del motín y 7 son testigos con clave, es decir colaboradores eficaces.

También serán notificados como testigos el ex presidente Alan García y algunos de sus ministros de su primer gobierno como Luis Gonzales Posada, Remigio Morales Bermudez, Manuel Romero Caro​ y José Murgia. También declarará como testigo Hugo Otero, ex asesor de García.

La sala que juzgará a los 34 acusados está integrada por los jueces Edhin Campos Barranzuela, Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez.