Fiscal Geovana Mori estimó que de ser procesado en nuestro país, Jorge Barata podría recibir hasta 15 años de prisión. (Foto: GEC)
Fiscal Geovana Mori estimó que de ser procesado en nuestro país, Jorge Barata podría recibir hasta 15 años de prisión. (Foto: GEC)
Redacción EC

La fiscal , del equipo especial del Caso Lava Jato, consideró que si la información entregada por los representantes de la empresa no es relevante, corresponderá incluirlos en la investigación por el Caso (GSP).

En Canal N, explicó que actualmente se archivó el caso contra los directivos de la constructora brasileña en el marco de la colaboración eficaz, pero la situación podría cambiar una vez que se realice la corroboración de la información entregada.

“Si uno verifica que la información o delación [entregada] de ellos no es importante, relevante, y yo pueda advertir otros datos más, porque tenemos colaboradores eficaces nacionales, corresponde comprenderlos en la investigación”, manifestó.

Mori detalló que el caso pasará a etapa preparatoria, donde se tienen programadas las declaraciones de los directivos de Odebrecht, aunque enfatizó que nada impide que sean incorporados posteriormente en el proceso judicial.

En ese sentido, la fiscal del equipo especial refirió que de ser hallado culpable, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, podría recibir una pena de 15 años de prisión por los delitos colusión, lavado de activos y otros.

"Corresponde evaluar la situación y están programadas los actos de corroboración. Eso [que Jorge Barata sea enjuiciado] está sujeto a la corroboración de la colaboración eficaz. Si la información que ellos, en el marco del acuerdo, para mí no son útiles, relevantes y yo tengo mayores avances, allí sí corresponde comprenderlos", agregó.

Como se recuerda, la procuradora pública ad hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitó a la fiscal Geovana Mori incluir en el caso a los exdirectivos de Odebrecht, tras la demanda presentada por la constructora ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado Peruano por dicho proyecto.

La solicitud comprende a Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis César Lindgren Costa, Flavio Bento de Faria, Luis Fernando Castro Santo y Claudia Hokama Kuwae.

A todos ellos, la Procuraduría Ad Hoc les atribuye la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Dicha instancia también solicitó la incorporación de las empresas Gasoducto Sur Peruano S.A., Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C y Enagás Internacional SLU, “a fin de que sean comprendidas por los hechos que se investigan”.

“El no reconocimiento de culpabilidad por parte de la empresa Odebrecht, evidenciaría la no voluntad de colaboración con las autoridades peruanas en los hechos que se investigan en este caso, por lo que habilita al Ministerio Público para retomar las acciones legales contra la constructora y sus exfuncionarios”, dice el documento.