Ollanta Humala y Nadine Heredia enfrentan una acusación fiscal por presunto delito de lavado de activos (Foto: GEC)
Ollanta Humala y Nadine Heredia enfrentan una acusación fiscal por presunto delito de lavado de activos (Foto: GEC)
Redacción EC

El Poder Judicial requirió al Ministerio Público y la procuraduría subsanar defectos observados en la acusación del caso que involucra al expresidente y su esposa, .

Las observaciones deberán ser corregidas en un plazo de cinco días hábiles. El control de acusación quedó suspendido hasta el próximo lunes 28 de octubre.

En la audiencia de control de acusación que se llevó a cabo este viernes, el juez señaló que la fiscalía deberá realizar “una mención genérica” de los delitos fuente que se habrían cometido en la campaña del Partido Nacionalista del 2011, al ser un caso de presunto lavado de activos.

El juez Concepción también se refirió a la individualización de la pena de los 11 acusados del caso. Según señaló, “no se ha mencionado las circunstancias personales" de cada uno.

Sobre la incorporación del Partido Nacionalista y la empresa Todo Graph al proceso, el juez advirtió que, si bien se les ha imputado el delito de lavado de activos, “no se ha especificado expresamente la modalidad de los actos de lavado, menos las razones de la misma”.

Respecto al pedido de la fiscalía para la disolución y liquidación del Partido Nacionalista y la empresa Todo Graph, solicitó que se detallen las razones por las que se debería llegar a dicha consecuencia. Finalmente, le recordó al fiscal Germán Juárez que no se ha pronunciado sobre los bienes incautados ni las cuentas congeladas de los afectados en el proceso.

Por el lado de la procuraduría, el Poder Judicial le pidió detallar por escrito los errores materiales que expuso durante la audiencia y especificar quiénes deberán pagar la reparación civil y bajo qué modalidad.

Además, señaló que se debe precisar “el hecho generador del daño" y su relación con los daños finalmente ocasionados. También solicitó exponer el factor por el que se les atribuye responsabilidad en perjuicio del Estado a los acusados que deberán pagar la reparación civil.

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