(Foto: USI)
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El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, , fue apartado de los casos por los que la fiscalía investiga a la lideresa de Fuerza Popular, , al ex vicepresidente Jaime Yoshiyama, entre otras personas, por presuntos aportes irregulares a la campaña electoral de Fuerza 2011.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios acogió el recurso de recusación presentado por la defensa de Jaime Yoshiyama por presuntas dudas sobre su imparcialidad.



Repasa en esta nota el proceso que terminó con el apartamiento del juez Richard Concepción Carhuancho de los casos vinculados a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y otros investigados por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

1. Un primer recurso
Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, interpuso a principios de enero un pedido de recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho basándose en una presunta "pérdida de imparcialidad".

El documento presentado por Abanto alegaba que las declaraciones brindadas por el magistrado el 1 de enero a RPP Noticias, y que luego fueron recogidas por La República, sostenían su hipótesis sobre las faltas del magistrado.

Una de las declaraciones de Concepción a las que hace referencia Abanto es: "Hay un partido político que tiene capturado al Ministerio Público", en presunta alusión a la agrupación Fuerza Popular.

Otra expresión citada por  la defensa legal de Yoshiyama es la que hace referencia a la no ratificación en el Equipo Especial del Caso Lava Jato de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, decisión adoptada por el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry el 31 de diciembre del 2018.

Sobre ello, Concepción Carhuancho señaló lo siguiente: "Cuando tomé conocimiento de la decisión del fiscal de la Nación de remover a los fiscales del Caso Lava Jato, simplemente concluí que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia [...]. Entiendo que soy juez, pero ante todo también soy ciudadano y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación".

2. Recusación rechazada
Así, el 8 de enero del 2019, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por Richard Concepción Carhuancho, declaró infundado el pedido de recusación planteado por la defensa legal de Jaime Yoshiyama.

El juez justificó su decisión señalando que había brindado las mencionadas declaraciones reproduciendo lo que dictó su resolución del 10 de noviembre del 2018, con la cual se ordenó 36 meses de prisión preventiva para Vicente Silva Checa, sindicado como asesor de Keiko Fujimori.

Precisamente, en el fallo se indica la sospecha de una presunta estructura criminal infiltrada al interior de Fuerza 2011. Tras el auto de no aceptación de la recusación, el pedido fue elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional para que resuelva en una segunda instancia.

3. Los motivos del apartamiento
Este martes, la Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, acogió el pedido formulado por la defensa legal de Jaime Yoshiyama en torno a las declaraciones del juez Richard Concepción Carhuancho.

Entre las razones figura que, a consideración de esta instancia, el magistrado emitió una opinión sobre la salida de los fiscales Vela y Pérez ante los medios de comunicación y no necesariamente efectuó una precisión sobre alguna resolución, como había alegado antes.

Además, se indicó que Concepción Carhuancho "no preservó la apariencia de imparcialidad" cuando realizó señalamientos en torno al ahora ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y Fuerza Popular.

Por esto, la sala que encabeza el juez Octavio Sahuanay precisó que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria realizó "afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación que lo implica en adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso”, lo cual debería ocasionar su recusación.

En otro apartado, la resolución sostiene que el ejercicio de la libertad de expresión también es de aplicación en el ámbito de la administración de justicia, aunque es posible admitir restricciones a este derecho en el caso de los jueces cuando con ellos se resguarda la confianza ciudadana en la autoridad y en el Poder Judicial.

"Se puede afirmar que el juez, en tanto persona, de la misma manera que cualquier ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión, pero cuando actúa como juez debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura, más aún, como en el presente caso, se ha brindado declaraciones en su calidad de magistrado", se manifestó.

4. ¿Quién asumirá los procesos?
En su último extremo, la resolución de la Sala Penal de Apelaciones Nacional dispone que los procesos dejados sean asumidos por "otro juez llamado por ley" para que tome "conocimiento del presente proceso conforme a su estado y según el sistema de asignación aleatorio".

Sobre esto, el abogado penalista Carlos Caro explicó que habría dos alternativas para la elección del magistrado que asumirá los procesos que tenía a su cargo el juez de garantías: que se elija al juez que estaba de turno al momento de la decisión sobre Richard Concepción Carhuancho o que se opte, justamente, por el sistema aleatorio.