El ex viceministro Jorge Cuba cumple prisión preventiva desde inicios del 2017 por el caso del metro de Lima. El fiscal Sergio Jiménez estuvo encargado del proceso de colaboración del ex funcionario. (Fotos: El Comercio)
El ex viceministro Jorge Cuba cumple prisión preventiva desde inicios del 2017 por el caso del metro de Lima. El fiscal Sergio Jiménez estuvo encargado del proceso de colaboración del ex funcionario. (Fotos: El Comercio)
Graciela Villasís Rojas

El 2 de agosto, cinco días después de que se oficializara el cese del fiscal Hamilton Castro como líder del equipo especial del Caso Lava Jato, Sergio Jiménez, uno de los principales integrantes de ese grupo, hizo pública su renuncia. Trascendió que Jiménez dio un paso al costado por diferencias en la conducción del nuevo equipo especial encabezado por el fiscal superior Rafael Vela.

Sin embargo, el 30 de julio, dos días antes de anunciar su dimisión, Jiménez firmó una resolución trascendental: denegó definitivamente el acuerdo de beneficios premiales y la continuación del proceso de colaboración del testigo más importante en los procesos relacionados a la línea 1 del metro de Lima, el llamado ‘club de la construcción’ y el gasoducto sur peruano que se inició durante el segundo gobierno de Alan García.

Se trata del viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista Jorge Cuba Hidalgo, cuyo nombre ya puede ser revelado porque perdió su condición de aspirante a colaborador eficaz el 30 de julio, día en que el fiscal Jiménez rechazó la posibilidad de que el ex funcionario llegara a un acuerdo con la justicia.

Cuba fue detenido por supuestamente haber ofrecido a Odebrecht la adjudicación de contratos de la línea 1 del metro de Lima, tramos 1 y 2, a cambio de presuntos sobornos por US$1,4 millones y US$6,7 millones.

José Urquizo, abogado de Jorge Cuba, no se explica por qué se archivó el proceso de colaboración justo antes de que Sergio Jiménez renunciara.

“El fiscal espera 18 meses, lo haces cuando prácticamente ya no es la autoridad, impides que toda esa información pase a los nuevos fiscales [del equipo Lava Jato], porque eso es como cerrar la carpeta con siete llaves [...]. Estamos hablando de megaobras, de cuándo aquí en una megaobra se hace poderoso un mando medio. [El comité de licitación y el viceministro] en el fondo son mandos medios […] porque ellos no tenían la capacidad de decir sí o no”, señaló.

En diálogo con El Comercio, Sergio Jiménez afirmó: “Aquí no hay nada de suspicaz en mi entender, porque esta disposición fue notificada a la persona que debía comunicarse, que es el solicitante a la colaboración […]. ¿Por qué el último día, por qué a los últimos días? Porque correspondía cerrarlo en base a los requisitos normativos, yo no puedo dejar tareas pendientes cuando ya tengo elementos para tomar una decisión y menos mal, gracias a Dios en este caso, son requisitos duros que están en la norma [...]. No es una decisión que debería causar sorpresa en el equipo de abogados del señor solicitante porque se les comunicó hasta antes de mi viaje [a Francia, entre el 23 y el 27 de julio]. Yo creo que el señor puede decir más cosas, pero esto tendría que ser, si es que a él le interesa, en un nuevo proceso”.

José Urquizo indicó que, con este archivamiento, las declaraciones y pruebas que Cuba ofreció sobre casos emblemáticos ya no pueden ser utilizadas en ningún proceso porque no existe la figura legal que permita apelar una colaboración eficaz denegada. “Aquí hay empresarios, hay funcionarios, hay operadores, ha habido banqueros, donde hay plata hay banqueros, y sabe Dios quién más estará metido en esto”, comentó.

Jiménez admitió que las pruebas entregadas por Cuba “no se pueden utilizar dentro de ese proceso especial”. Entre las razones que el fiscal argumentó en la resolución que deniega la colaboración eficaz a Cuba, se señala que “se percibe que el colaborador no acepta las imputaciones que se le atribuyen [tráfico de influencias, colusión agravada y lavado de activos], lo cual es requisito tanto para acceder al proceso especial como para la aplicación de un posible beneficio premial, en los términos descritos en la norma procesal penal, sino que, por el contrario, las contradice”.

—¿Dónde está la resolución?—
Terminado el proceso de entrega del cargo que hizo Jiménez, el nuevo equipo especial detectó que la resolución de denegatoria del proceso de Cuba no estaba físicamente en la carpeta del colaborador 04-2017. Debido a esto, el nuevo equipo especial del Caso Lava Jato denunció el caso ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima.

Según Jiménez, él dejó el documento original, así como el cargo de notificación, a la fiscal adjunta Rocío Balbín.

Además, el 22 de agosto, dos semanas después de oficializarse su renuncia, Jiménez acudió a las oficinas del equipo especial para entregar una copia de la resolución. Este hecho quedó consignado en un acta fiscal, que señala que “Jiménez entrega dicha disposición al haber tomado conocimiento, por [...] personal de este despacho [en referencia al equipo especial]que esta disposición no figura físicamente en el cuaderno de colaboración eficaz 04-2017”.

En diálogo con este Diario, la fiscal Balbín afirmó que Jiménez no le entregó el documento sobre la colaboración de Cuba. “No existe el cargo [de notificación] porque jamás le recibí nada. Para que él diga algo, debe tener una prueba, y esa prueba es un cargo”, recalcó.

Sobre el hecho de llevarse el documento, Jiménez respondió: “Nosotros, los fiscales, cuando sacamos una disposición, imprimimos tres juegos, uno para la carpeta, otra para el legajo y en mi caso […] un juego más para nuestro file del CNM, para los procesos de ratificación en los concursos de ascenso”.

Este Diario consultó a varios magistrados y estos indicaron que es irregular que un fiscal saque un documento oficial de una sede del Ministerio Público.