Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)
Redacción EC

La Procuraduría Ad doc para el , a cargo de Jorge Ramírez, solicitó al Poder Judicial (PJ) imponer al ex presidente y a su socio, , el pago de US$ 4.4 millones por concepto de reparación civil en la investigación que se le sigue por presuntamente facilitar a Odebrecht los proyectos IIRSA Sur y Trasvase Olmos.

El pedido fue realizado al juez de Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción, Jorge Chávez Tamariz, durante una audiencia pública en el que la procuraduría fue constituida como actor civil del proceso judicial.

Tras una debate, el magistrado Chávez Tamariz sostuvo que la procuraduría cumplió con los requisitos para ser constituido en el proceso de investigación. Sin embargo, aclaró que el monto solicitado será debatido más adelante.


-Las razones-

Según el representante de la procuraduría, los hechos por los que se solicita dicha compensación a favor del Estado Peruano se circunscriben a la actuación de PPK como ministro de Economía del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

“Es allí que, para beneficiar a la empresa Odebrecht, el investigado participó en la formulación de un marco normativo que facilitaba que a dicha empresa se le otorguen las concesiones de la construcción y mantenimiento del proyecto IIRSA Sur, tramos II y III”, indicó.

Agregó que el 22 de julio del 2004 se promovió una reunión en Palacio de Gobierno con Proinversión, en el que PPK era presidente del Consejo de Directivo. Aquí, dijo el procurador, “facilitó el traslado” del proyecto de obras públicas a favor de privados, “eliminando el SNIP y otras regulaciones”.

De otro lado, el procurador manifestó que PPK también habría incurrido en presuntas irregularidades con relación al Proyecto Olmos, puesto que contrató seguros por parte del Estado Peruano para que se garantice la inversión de la empresa Odebrecht.

Sobre las asesorías en el Caso Olmos, el procurador afirmó que de la documentación entregada por una entidad bancaria se evidenció que en el 2004, la empresa Westfield Capital y un banco ofrecieron asesorar financieramente en el proyecto Trasvase Olmos. Una día después de presentada esa propuesta (el 17 de marzo de 2004) se firmó el contrato de asesoría financiera.

Similar fue la situación en el caso IIRSA Sur: tanto la empresa Westfield Capital como un banco presentaron una propuesta financiera a Odebrecht.

“En su condición de ministro de Economía y luego, como primer ministro, intervino directamente a fin de garantizar y facilitar que la empresa Odebrecht se vea beneficiada con los proyectos IIRSA Sur y Trasvase Olmos”, anotó.

La procuraduría concluyó que era PPK quien realizaba las asesorías financieras, pero los contratos los firmaba su exsocio, Gerardo Sepúlveda.

A cálculo de la procuraduría, el monto insertado al sistema financiero con fines de lavado fue de US$ 2.2 millones. Por lo que, teniendo en cuenta que la reparación civil debe estar relacionada no solo a la forma sino al efecto disuasivo, “el costo debe ser superior”.

“En este caso, el doble del beneficio que ha obtenido producto del hecho ilícito. Es por eso que se está duplicando el monto efectivamente lavado y que arroja 4 millones 401 mil 418 dólares americanos”, concluyó.

La defensa legal de PPK no acudió. Esto debido a que, a través de un escrito, no se opuso a la solicitud realizada por la procuraduría.

-Sepúlveda rechazó pedido-

El representante legal de Gerardo Sepúlveda rechazó la pretensión de la Procuraduría Ad Hoc y sostuvo que los hechos relatados por esta eran “falsos e imprecisos”.

Por tanto, se centró en sustentar que la defensa del Estado no cumplía los requisitos para ser considerado actor civil en el proceso.

“No hay razones que justifiquen la petición”, dijo.

Explicó que ello era porque el delito de lavado de activos es de un peligro abstracto y por tanto, la procuraduría tendría que individualizar los actos ilícitos que cada uno de los investigados habría cometido.

“No se ha determinado cuáles son los actos de ocultamiento que hizo Gerardo Sepúlveda; mucho menos va a poder determinar cuál es el daño que esos actos han producido”, manifestó.

Además, cuestionó el criterio para calcular el monto de la reparación civil propuesta por la procuraduría, alegando que se debe calcular sobre el daño causado y no por el efecto disuasivo.