El Poder Judicial ha dictado una sentencia de cinco años y seis meses de prisión efectiva contra Edwin Donayre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
El Poder Judicial ha dictado una sentencia de cinco años y seis meses de prisión efectiva contra Edwin Donayre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Mario Mejía Huaraca

El Poder Judicial formuló ayer al Congreso el requerimiento para levantarle la inmunidad parlamentaria al suspendido congresista  (Fuerza Popular) y así pueda ser procesado por la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam. Sin embargo, este pedido no es el único que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside Luciana León (Apra), tiene pendiente de resolver.

El otro caso que aún no tiene respuesta es la reiterada solicitud de la Corte Suprema para quitarle el fuero al parlamentario Edwin Donayre (APP), con el fin de que pueda cumplir la condena de cinco años y seis meses de prisión que se le dictó en primera instancia por el delito de peculado en agravio del Estado. 

La comisión hasta el momento no ha admitido a trámite el requerimiento del Poder Judicial. El 3 de diciembre del 2018 acordó que antes de tomar esa decisión se debía pedir a la Comisión de Constitución una opinión consultiva sobre si procede levantar la inmunidad de un congresista si la sentencia aún no está confirmada en segunda instancia.

Pese al tiempo transcurrido, hasta la fecha la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular), no ha dado una respuesta a la consulta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.

Otros casos de pedido de levantamiento del fuero que se formularon ante el grupo legislativo han sido los de Betty Ananculi (Fuerza Popular) y Wilbert Rozas (Frente Amplio), pero estos requerimientos fueron rechazados por mayoría el 19 de diciembre del año pasado.

Ananculi fue denunciada por la fiscalía por presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones presuntas actas falsificadas de estudios del instituto Alas Peruanas de Ica. Por ello, se pedía levantarle el fuero para procesarla.

En el caso de Wilbert Rozas, se requirió el levantamiento de su fuero para que pueda ser procesado por el delito peculado por un caso de la época que era alcalde de Anta, en Cusco.

Otra solicitud de levantamiento de la inmunidad que también fue declarada infundada por la comisión fue la que el Poder Judicial hizo contra Richard Acuña (APP). El acuerdo se tomó por unanimidad el 13 de junio del 2018. 

El pedido, presentado el 6 de abril de ese año, era para poder procesar a Acuña por presuntamente haber cometido los delitos contra la administración de justicia en modalidad de fraude procesal y contra la fe pública en la modalidad de uso de documento público falso y uso de documentos privados falsos.

Inicialmente, el 2 de mayo la comisión admitió a trámite el pedido del Poder Judicial para poder investigarlo por la supuesta compra irregular de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo. Pero semanas después declaró improcedente la solicitud.

Otro pedido de levantamiento de inmunidad que también llegó a ser admitido, pero que después fue rechazado, es sobre el congresista Edilberto Curro (Frente Amplio), a quien se le imputa el presunto delito de falsedad genérica en agravio de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno.

La comisión admitió a trámite su caso el 11 de setiembre del año pasado. El Poder Judicial pedía suspenderle su prerrogativa para que pueda ser procesado porque aducía que el legislador puneño había aprobado de manera irregular el último ciclo de Derecho entre agosto y diciembre del 2016, pues en esa época residía en Lima.  

El 21 de noviembre, los integrantes de la comisión acordaron por unanimidad declarar improcedente el pedido del Poder Judicial.

El único caso en el que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria recomendó levantar el fuero a un legislador en el actual Congreso fue el de Benicio Ríos Ocsa (APP), quien fue condenado a siete años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión en agravio de la Municipalidad de Urubamba.

El 23 de agosto, el pleno del Congreso aprobó el pedido. En ese momento, Ríos se encontraba como no habido. El 14 de noviembre se entregó a la justicia.