El Pleno de Congreso llevó a cabo el último Pleno de la legislatura donde se aprobaron la ley de la carrera del trabajador judicial y el fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Congreso)
El Pleno de Congreso llevó a cabo el último Pleno de la legislatura donde se aprobaron la ley de la carrera del trabajador judicial y el fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un documento en el que criticó el proyecto de ley, presentado por el congresista Mauricio Mulder, que busca prohibir que el Estado compre publicidad en medios de comunicación privados.

"La medida propuesta resulta asimismo excesivamente costosa o desproporcionada para el ejercicio de la libertad de expresión, en su doble dimensión. Por un lado, el proyecto de ley afectará el derecho del sector privado a difundir información, que en nuestra región depende en su mayoría del acceso al financiamiento oficial", se lee en el escrito que fue enviado a la canciller Cayetana Aljovín el pasado martes 23 de enero.

Además, el documento señala que el proyecto de Mulder ignora que "una prohibición de este tipo sin duda afectará a todos los medios no estatales del Perú, pero su efecto para la sustentabilidad de los mismos será mayor en los medios con menor acceso a la pauta privada".

El escrito, firmado por el relator especial Edison Lanza y dirigido a la canciller Cayetana Aljovín, indica también que la difusión de noticias en medios únicamente estatales "no garantiza el acceso a una información plural ni alcanza a todo el público, teniendo en cuenta la realidad de nuestro continente y el carácter gubernamental de la mayor parte de los medios estatales".

A partir de todo ello, la relatoría especial de la CIDH solicitó al Gobierno información sobre "la compatibilidad" del proyecto de ley con las normas y estándares internacionales". Además, "si el Poder Ejecutivo comparte las medidas propuestas".

También se pide información sobre "la viabilidad y el desarrollo de medios privados como consecuencia del proyecto de ley propuesto y su efecto en el público", así como otro tipo de data.

Finalmente, la relatoría pide que toda la información sea enviada "en el plazo de 15 días contados desde la notificación de la presente".

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