(Foto: CIDH)
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Redacción EC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos () realizó este viernes su audiencia convocada de oficio “Derechos humanos e indulto al ex presidente en Perú” para recabar mayor información al respecto, como parte de su 167 Período de Sesiones.

En este encuentro participaron los agentes del Estado peruano Adrián Simons y Jorge Villegas, así como los representantes de la sociedad civil, entre ellos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y de Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Precisamente, los abogados dieron a conocer la preocupación del Estado peruano por la “competencia de la comisión para tratar este tema estando pendiente una decisión en este caso” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Se estaría dando una contradicción dentro del mismo Sistema Interamericano al tratar la comisión un mismo asunto que está siendo materia de juzgamiento en vía de supervisión de sentencia por parte de la Corte Interamericana”, expresó el abogado Adrián Simons durante su presentación.

En ese contexto, Simons también manifestó el “malestar” del Estado “por el apresurado comunicado de la comisión emitido el 28 de diciembre del año pasado”, en el que se “rechaza” el indulto y gracia a favor de Alberto Fujimori.

“En ese comunicado se censuró al Estado peruano por la concesión del indulto sin siquiera haber escuchado su versión, pese a la comisión tiene la potestad de solicitar informes a los estados y estos tienen la obligación de proporcionarlos”, indicó el agente.

“Lamentamos mucho que se haya invertido el orden natural de las cosas y, luego de habernos censurado, con posterioridad se nos cite para que expresemos nuestra posición sobre los hechos que son materias de esta audiencia”, añadió.

De otro lado, Carlos Rivera, representante de IDL, remarcó que el indulto a Fujimori “no solamente es el resultado de un pacto político entre el hijo del condenado y del presidente sino que constituye una muy grave vulneración y desconocimiento de las disposiciones y mandatos emitidos por la comisión”.

“Y una burla a las víctimas y a sus familiares y también a los principios fundamentales del derecho internacional”, acotó.

Por esto, los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH que “reafirme la posición que ha tenido a la fecha” y que la incluya en la nota final de sus períodos de sesiones.

Asimismo, se solicitó a la comisión que se reúna con las víctimas y que, en el marco de la Cumbre de las Américas, se solicite información al Estado peruano sobre el cumplimiento de la garantía de la justicia de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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