(Foto: Archivo El Comercio)
(Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado ese miércoles un recurso de casación presentado por el empresario Nikolay Castillo Gutzalenko, representante de la empresa e investigado por el caso "", y así archivó la pesquisa en su contra por el delito de tráfico de influencias. 

El juez supremo César San Martín, presidente del tribunal, explicó que si bien el empresario Nikolay Castillo Gutzalenko ya no podrá ser investigado por tráfico de influencias, la pesquisa por el delito de organización criminal sí continuará. 

Según la fiscalía, Castillo Gutzalenko tuvo tres reuniones con Carlos García Alcázar, exfuncionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en la que pagó los consumos correspondientes y, como consecuencia de esos encuentros y "tratativas", logró que Provías adjudique dos obras a Graña y Montero.

"Bajo la intermediación y la venta de influencias de García Alcázar",  según la imputación fiscal que leyó hoy el juez San Martín.

San Martín señaló que el contrato entre Graña y Montero y Provías se suscribió el 23 de noviembre del 2011 y que el acuerdo delictivo ocurrió antes, pero en ese mismo año. Es decir, hace ocho años. 

El delito imputado para Castillo es tráfico de influencias del tipo básico que tiene una pena privativa no menor de 4 años y no mayor de 6 años. El efecto de prescripción es, por lo tanto, de 6 años. Entonces, la prescripción ocurrió en el 2017, según el juez San Martín. 

Para el tribunal supremo, la acción penal por el delito de tráfico de influencias prescribió "incluso previamente" al inicio de la diligencias preliminares contra Castillo por el caso "club de la construcción", que empezaron en diciembre del 2017.

"El proceso ha de ser sobreseído respecto al delito de tráfico de influencias sin perjuicio a la continuación del proceso por delito de organización criminal", remarcó San Martín.

Una casación es un recurso extraordinario que se presenta ante la Corte Suprema. Es la última instancia –una tercera instancia– en la vía penal. En abril del 2018, Castillo había pedido la prescripción de la investigación por tráfico de influencias, pero una sala superior rechazó su solicitud.