Colaboración de Odebrecht en riesgo por reparación civil

El acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht ha entrado en una etapa de incertidumbre luego de que se conociera el monto de la reparación civil que la procuraduría del Caso Lava Jato busca que la firma brasileña pague en el Perú.

Fuentes de la constructora dijeron a El Comercio que consideran “impagable” los S/3.468’511.217,67 planteados por el procurador Jorge Miguel Ramírez. Agregaron que ello dificulta el compromiso de cooperación que buscan firmar con la fiscalía.

“La procuraduría actúa como si no estuviéramos apoyando en las investigaciones. Están yendo por un camino totalmente diferente al de la fiscalía”, indicaron.

Carlos Kauffmann, abogado de Jorge Barata, también manifestó su preocupación por la cifra, la que calificó de “exorbitante”, y por los posibles embargos que el procurador Ramírez anunció contra la empresa y sus ex ejecutivos como medida para asegurar los pagos.

“Esta amenaza es contraria al compromiso que las autoridades peruanas tendrían que firmar en Brasil para seguir los procesos de colaboración en el Perú”, declaró Kauffmann a este Diario.

Desde Odebrecht señalan que no descartan acudir a un juez para que establezca una reparación civil diferente a la que Ramírez pide, y la cual dio a conocer el domingo en el programa “Cuarto poder”.

—Dos reclamos—
Según la constructora, la discrepancia se da sobre todo en dos puntos: el monto exigido es más de treinta veces mayor al total de los sobornos que reconoció haber pagado en el Perú, mucho más elevado que las reparaciones civiles acordadas con otros países [ver infografía]; en segundo lugar, que una de las tres obras en las que la procuraduría basa su requerimiento es la del gasoducto sur peruano, proyecto en el que la firma no ha reconocido el pago de sobornos ni está como tercero civil responsable (las otras obras por las que se ha hecho el cálculo son la carretera Chacas y los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur).

Fuentes en la constructora indicaron que aún no van a tomar una decisión sobre el tema, ya que oficialmente no han sido notificados. Sin embargo, remarcan que, si se oficializa el anuncio del procurador, “va a perjudicar” el acuerdo de colaboración con la fiscalía, sobre todo en la entrega de pruebas para futuros juicios.

—Diligencias pendientes—
Kauffmann evitó pronunciarse sobre si el monto exigido por Ramírez afectará el interrogatorio a Barata, programado de manera preliminar para el 27 y 28 de febrero.

Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos indicaron a este Diario que confían en que la diligencia se realizará debido a que el interrogatorio al ex representante de Odebrecht en el Perú será como testigo y no como colaborador eficaz.

Distinta es la situación del equipo especial anticorrupción de la fiscalía del Caso Lava Jato, que espera cerrar el acuerdo de colaboración con Barata en tres meses. Fuentes de dicho equipo indicaron que no comparten las “posturas maximalistas de ningún tipo”, así sean de la procuraduría o de Odebrecht. Añadieron que se debería plantear una reparación razonable, que no “entorpezca los acuerdos a los que se quiere llegar” y que sea acorde con la información que comparten. “Hasta ahora, la colaboración de Odebrecht, limitada a los casos que ya conocemos, sigue en curso y en trámite”, manifestaron.

—Incentivo legal—
A la fecha, Odebrecht ha pagado S/30 millones por los daños causados al Estado como parte de un acuerdo preliminar con la fiscalía. Un monto superior, señalan fuentes de la constructora, será pagado cuando se cierre formalmente un acuerdo de colaboración eficaz.

Desde la fiscalía anticorrupción lamentan que no haya un marco jurídico “que propicie la colaboración de empresas como Odebrecht”, lo que –afirman– podría evitar las discrepancias como las que hoy protagonizan la procuraduría del Caso Lava Jato y la constructora.

MÁS EN POLÍTICA...