El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez investiga preliminarmente a Alan García por los presuntos aportes de Odebrecht para su campaña del 2006. (Foto: Archivo El Comercio)
El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez investiga preliminarmente a Alan García por los presuntos aportes de Odebrecht para su campaña del 2006. (Foto: Archivo El Comercio)

Mientras el informe final de la , presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), no señala imputaciones contra el ex presidente por las supuestas irregularidades en la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima, el legislador Humberto Morales (Frente Amplio) presentó un informe en minoría que recomienda lo contrario.

El documento, de 514 páginas, señala que García, algunos ex ministros de su segundo gobierno e incluso congresistas aún en funciones, habrían cometido infracciones constitucionales al haber creado un ‘marco de legalidad’ irregular a través de la emisión de decretos de urgencia y decretos supremos relacionados a los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, IIRSA y los Proyectos Olmos y Alto Piura para favorecer intereses privados.

Estos instrumentos legales, refiere el informe, habrían facilitado que empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaluadas en desmedro del erario nacional.

“Vamos a presentar este informe al Ministerio Público y al fiscal Domingo Pérez”, dijo Morales a este Diario.

El informe, que deberá debatirse este lunes 5 de noviembre, señala que existen indicios con relevancia penal (delito de crimen organizado dentro de partidos políticos, relacionados a delitos de colusión, cohecho, negociación incompatible y lavado de activos), que estarían enmarcados en actos de corrupción que involucrarían a altos ex funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y Legislativo (a través de las Presidencias de la Comisión de Constitución y Reglamento) del segundo quinquenio aprista.

—Decretos y visitas—
El informe de Morales indica que durante el segundo gobierno de García se emitieron 383 decretos de urgencia, ‘hecho que evidenciaría una anomalía del Poder Ejecutivo, debido a que su función no es legislativa’. Añade el documento que 26 de estos decretos de urgencia habrían beneficiado a la empresa Odebrecht y según el legislador del Frente Amplio, no fueron investigados antes por ninguna comisión congresal. Según Morales, esta situación demostraría que el ex presidente y sus ministros, emitieron decretos de urgencia de modo excesivo y sin ningún control político por parte del Legislativo.

Otro punto señalado por esta investigación en minoría consideró las reuniones entre García y funcionarios públicos con directivos de Odebrecht y Graña y Montero mientras se emitían estos decretos de urgencia.

Se señala, por ejemplo, la visita que hizo el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata al ex presidente aprista el 23 de enero del 2009. Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, la reunión duró tres horas con diez minutos. Para Morales y su equipo de trabajo, esta visita guarda cercanía con la emisión del Decreto Supremo N° 008 – 2009 – MTC (13 de febrero del 2009), que autorizó a PROVIAS Nacional a realizar la preparación de gestión, administración y ejecución del Tren eléctrico. También con el Decreto de Urgencia N° 032-2009 (27 de febrero de 2009), que encargó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ejecución del Tren eléctrico, con el Decreto de Urgencia N° 034-2009 (09 de marzo de 2009), que autorizó el endeudamiento con la CAF por US$ 350 millones, y con el Decreto de Urgencia N° 063-2009 (07 de junio de 2009), por el que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - AATE se transfirió o fusionó al MTC.

Según este informe en minoría, esta emisión de normas demostraría la premura por ejecutar el proyecto Línea 1 Metro de Lima, que estuvo a cargo de la empresa Odebrecht.

Al respecto, el abogado del ex presidente García, Erasmo Reyna consideró que “todas estas normas fueron emitidas en el marco de sus facultades para, en conjunto, posibilitar la aceleración de las inversiones y si algún mal funcionario ha actuado indebidamente en el marco de estas normas, pues cada uno tiene que pagar sus responsabilidades”, sostuvo.

El informe en minoría de Morales ha observado también las visitas realizadas por Jorge Barata, Marcelo Bahia Odebrecht, Emilio Elves Odebrecht y Luiz Antonio Mameri, el 11 de setiembre del 2008, al ex presidente García, así como las de Barata los días 3 y 7 de octubre del 2008.

El documento reseña que tras estos encuentros la comisión investigadora del Proyecto Corredor Interoceánico Perú – Brasil, IIRSA Sur emitió un informe a favor del proyecto, indicando que no encontró irregularidades y recomendando continuar con un incremento presupuestal que elevó la obra a $741 millones. Este informe fue sustentado el 30 de octubre del 2008 por el ex congresista aprista Aurelio Pastor.

Sobre esta relación de visitas, el abogado del ex mandatario dijo que eran para coordinar visitas, para la inauguración de obras o para informar sobre alguna situación en particular siempre en el marco de los proyectos. “Si iba a llegar el señor Marcelo Odebrecht seguramente mereció una visita de Barata para establecer las comisiones protocolares, pero son actos agendados, con participación de funcionarios públicos. Creo que esto es parte del discurso político de los congresistas que al no encontrar coimas ni transferencias por parte de los funcionarios brasileños a Alan García, quieren convertir sus citas en actos criminales”, señaló.

—Declaraciones de Barata—
El informe en minoría cita también al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata quien, el pasado 28 de febrero dijo durante un interrogatorio en Brasil, que entregó US$200 mil al ex parlamentario Luis Alva Castro para la campaña del Apra el 2006.

Las entregas, explicó el ex directivo de Odebrecht, habrían sido entre 3 o 4 armadas, de $ 50 mil y las realizó personalmente, una de ellas en el local del partido y las otras en el departamento de Alva Castro.

"Sobre el supuesto aporte y fuera de lo dicho por Barata no hay ninguna prueba ni indicio que incrimine a mi patrocinado", indicó Humberto Abanto, abogado del ex ministro del Interior, en comunicación con este Diario. 

La investigación de Morales señala asimismo, los presuntos vínculos entre Alan García y Zaida Sisson, la lobista brasileña y esposa del ex ministro aprista Rodolfo Beltrán. En el relato, se menciona que Sisson visitó a Pilar Nores, entonces primera dama, el 21 de diciembre del 2009, que estuvo en Palacio durante ocho horas y que su salida coincidió con la de Pedro Grijalba, gerente general de Petrobras Energía Perú S.A., quien también había ingresado al despacho de Nores.

“La esposa del señor García Pérez todavía tiene que ser investigada. Por ejemplo, su desbalance patrimonial. Creo que el Ministerio Público va a tener que investigar porque hay un conjunto de acciones que se han venido organizando y hay documentos que están sueltos pero que seguramente el Ministerio Público los sabrá cerrar”, sostuvo Morales.

Por su parte, Reyna dijo que el tema del dinero supuestamente entregado a Alva Castro no vincula al ex presidente García.

Sobre la alusión a Pilar Nores, Reyna señaló que su patrocinada no tiene ninguna amistad con Zaida Sisson.

“Respecto a la reunión mencionada, es probable que la señora Sisson haya esperado ocho horas. Seguramente la señora Nores estaba en otras ocupaciones. Además, la ex primera dama no está vinculada en ningún acto ilícito, de gestión, de concesiones o de tratos con el Estado”, refirió.

Los representantes de Odebrecht señalaron a este Diario que “están imposibilitados de hacer cualquier comentario porque mantienen su compromiso de confidencialidad sobre el caso, añadiendo que creen fuertemente en la colaboración eficaz, ya iniciada”.

El Grupo Graña y Montero indicó también que no puede pronunciarse sobre un informe cuyo contenido no ha sido analizado, por no ser público.

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