Análisis del proyecto Mulder: comunicación estatal en riesgo

Daniela Meneses Sala / Josefina Miró Quesada / André Villacorta

Las comisiones de Constitución y de Transportes sesionarán mañana para discutir el polémico proyecto del congresista aprista Mauricio Mulder que busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados, limitándola solo a los medios públicos y a Internet.

La iniciativa ha sido criticada por instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa Peruana y el Poder Judicial. Incluso parlamentarios de distintas bancadas dudan sobre si el proyecto es una adecuada vía frente al problema del uso incorrecto de la publicidad estatal.

El Comercio consultó a varios especialistas (cinco en políticas públicas, cuatro en comunicación y dos abogados) sobre el impacto que la iniciativa podría tener en la eficacia de la comunicación estatal.
Para la nota, este Diario intentó también comunicarse con Mauricio Mulder, pero no logró dialogar con él.

—¿Es suficiente con los medios estatales?—
Uno de los cuestionamientos al proyecto es sobre la efectividad de los medios públicos para llegar a toda la población.

Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, asegura que en ciertos lugares del Perú, los medios locales son el medio más efectivo para comunicar. “Pongamos de ejemplo que este sábado habrá una campaña de vacunación en los lugares afectados por El Niño. ¿Cómo convocamos a la población,sino?”, se pregunta.

Para Martín Beaumont, decano de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, esa es una pregunta clave. “En las zonas rurales predominan los medios privados. En otras, será mejor optar por los medios estatales”, dice.

El ex presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión Hugo Coya señala que el proyecto tiene un problema adicional: busca que los ciudadanos que quieran informarse estén obligados a ver los medios del Estado, lo que afecta su libertad de elección.

—¿Internet es una solución?—
El proyecto busca establecer también la necesidad de publicitar en la web y en las redes sociales. En este punto, sin embargo, habría otro problema: no todos los ciudadanos tienen acceso constante a Internet. En esto coinciden Martín Beaumont, Gianfranco Castagnola, presidente de Apoyo Consultoría; Rolando Arellano, presidente de Arellano Marketing; y Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú.

Arellano explica que muchos jóvenes cuentan con redes sociales, pero no sucede lo mismo con la población de más edad. Señala que se debe tener una cuenta que una red social o el acceso a Internet no garantizan que esta persona reciba la información compartida por los entes gubernamentales. “Mientras hay ocho canales de TV que son vistos por el 90% de la población, cada red social es un punto de contacto. Los medios tradicionales te buscan, pero en la web yo tengo que buscar a cada uno de ellos” (ver infografía).

El abogado Samuel Abad recuerda que no todas las instituciones van a tener la misma capacidad de manejar las redes sociales. “Cuando hablamos del Estado, no solo es el Ejecutivo, sino todos los gobiernos locales –que son 1.800 en el ámbito nacional–”, comenta.

El Comercio le preguntó al legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, uno de los tres firmantes del proyecto, cómo se puede enfrentar el que las redes no lleguen a toda la población. “Si ese es el planteamiento del proyecto, hay que ampliarlo y que puedan participar los medios privados de comunicación escritos, radiales y televisivos. Pero deben cumplirse los criterios de la ley [28874] que regula la publicidad estatal y que hoy no se cumple”, indica. “El proyecto no se va a aprobar como está. Se puede mejorar”, añade.

— ¿Cómo queda el deber de informar?—
Lo que esta iniciativa estaría poniendo en riesgo es la capacidad del Estado de cumplir con su deber de informar a todos los peruanos. Un deber que no es menor. El economista Richard Webb, por ejemplo, enfatiza la importancia de la comunicación estatal sobre seguridad, salud y educación. Hugo Coya señala que recibir algunos mensajes –sobre desastres naturales o campañas de salud– puede hacer “la diferencia entre la vida y la muerte”.

Asimismo, hay un segundo riesgo: que se dañe aun más la percepción ciudadana respecto a las instituciones públicas. Milton Vela, director de Café Taipá, considera, por ejemplo, que si el gobierno no comunica efectivamente sus labores, los ciudadanos podrían creer que no está cumpliendo con sus obligaciones.

— El análisis de la publicidad estatal—
El experto en políticas públicas Gianfranco Castagnola considera que el proyecto de Mulder no parece basarse en el análisis de data sistematizada. “¿Cuánto se ha gastado en avisos de necesidad pública, explicando una política pública, comunicando obras? ¿Hay un uso desmedido de la publicidad?¿El gasto público se realiza efectivamente tomando en cuenta la audiencia objetiva, el tiraje del medio? Me gustaría ver esa data”, inquiere.

— Opciones de regulación—
Para congresistas de diversas bancadas y la mayoría de entrevistados para esta nota, la iniciativa de Mulder ha abierto la puerta para un debate técnico sobre la mejor manera de minimizar los riesgos de un mal manejo de la publicidad estatal.

Hugo Ñopo, por ejemplo, plantea una veeduría que permita a todos los agentes económicos acceder a datos sobre el gasto en publicidad.
Castagnola, por su parte, señala que, luego de un diagnóstico, otra opción es evaluar “fijar topes en función de los ingresos de ciertos medios para evitar que dependan de la publicidad estatal”.

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