En CADE 2017, el presidente de la Confiep destacó (Foto: El Comercio)
En CADE 2017, el presidente de la Confiep destacó (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas () lamentó que la Comisión de Transportes del Congreso haya aprobado por insistencia el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, ignorando las observaciones del Ejecutivo y el hecho de que esta iniciativa atenta contra el derecho de información.

"El Estado tiene el deber de informar en forma permanente a la población sobre las actividades que realiza, los servicios que implementa en favor de la colectividad, el desarrollo de infraestructura y sectores productivos. Asimismo, debe realizar campañas informativas para promover los sectores industriales, productivos y de servicio de nuestro país", señaló Confiep en un comunicado.

En ese sentido, la confederación lamentó la decisión por mayoría de la Comisión de Transportes de aprobar por insistencia un proyecto de ley que "atenta contra el derecho de todos los ciudadanos a estar debidamente informados".

Confiep también recordó que la iniciativa, desde su presentación en noviembre del 2017, fue objeto de críticas por parte de autoridades como la Defensoría del Pueblo, así como entes vinculados al sector como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Radiodifusión.

Pese a eso, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto, lo exoneró de segunda votación en un proceso que Confiep consideró que careció de un debate amplio necesario, y lo envió al Ejecutivo solo para que sea observado.

"En la oportunidad de revisar la observación del Poder Ejecutivo, lamentablemente se está repitiendo (la aprobación) lo cual resulta penoso", indica el gremio empresarial.

Debido a estas razones, la Confiep invocó a los congresistas a actuar con "la necesaria reflexión y prudencia" ya que un Estado moderno tiene el deber de comunicar de una manera efectiva.

"El derecho a la información es un derecho fundamental que no puede ser afectado", concluyen en el comunicado.