(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)
Luis Paredes

Este viernes, representantes del equipo especial Lava Jato y de la procuraduría ad hoc para el mismo caso suscribieron en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con la empresa.

Dicho acuerdo permitirá que el equipo fiscal reciba información y documentación clave para las investigaciones en cuatro casos en los que la constructora ya admitió la entrega de sobornos.

Estos son el proyecto de la Costa Verde-tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).

Al respecto, El Comercio consultó con los congresistas de las diferentes bancadas del Parlamento para conocer su opinión al respecto.


El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, lamentó que no se haya incluido en la negociación del acuerdo las denuncias que la empresa ha hecho al Perú para la suspensión de los arbitrajes internacionales.

"Eso debería de haberse luchado para que lo retire Odebrecht porque sino, de repente, vamos a terminar nosotros pagándoles a ellos", señaló a Canal N.

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) indicó a este Diario que el acuerdo debe mirarse desde el ángulo de la efectividad que significará para el Perú. 

“Por un lado está la parte de proyectos, estrictamente vinculada al futuro de Odebrecht, y, por otro lado, está la implicancia interna. Es decir, quién es quién en el Perú en relación a los sobornos y pagos indebidos. Si vemos eso a largo plazo, obviamente el acuerdo es positivo.

En ese sentido, el parlamentario recalcó que debe precisarse a la ciudadanía que este acuerdo no significa que Odebrecht tiene “carta libre” en el Perú.

“Cualquier fiscal podrá indagar si encuentra nuevos elementos en cualquier tipo de obra, pero lo fundamental es identificar a quienes hayan tenido algún tipo de beneficio indebido”, acotó.

Por su lado, el vocero alterno de Unidos por la República, Glider Ushñahua, recordó que el acuerdo solo da cuenta de cuatro proyectos y que se ha dejado de lado las otras obras en las que presuntamente hubo irregularidades de parte de Odebrecht.

"El pueblo peruano quiere saber y quiere conocer quiénes son los responsables de los robos que han hecho a nuestra nación", añadió el legislador. 

Del mismo modo, el vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo a El Comercio que el acuerdo no sería “perfecto”, pero era lo más conveniente para el Perú.

"No será un convenio perfecto, pero yo creo que sí es conveniente que sea firmado, porque eso va a permitirnos acercarnos a la verdad", afirmó.

Desde el Frente Amplio, el vocero de la bancada, Humberto Morales, saludó que se haya firmado este acuerdo de colaboración, ya que está en el marco de la importancia de la información que darán los funcionarios de Odebrecht.

"El acuerdo está dentro de la importancia y la valoración que tiene la información. Ahora no solo en cuestión de testimonio, sino también de documentos y demás pruebas que necesita el Ministerio Público", indicó a el Comercio.

En tanto, el parlamentario Richard Acuña (Alianza por el Progreso) aseveró que la suscripción significa “una limpieza profunda de la clase política”.

“Van a caer muchos personajes que han actuado de manera inescrupulosa a costa del perjuicio de millones de peruanos”, manifestó en un comunicado de prensa. 

Por último, el vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, afirmó que el acuerdo es un paso histórico para terminar con la impunidad y la corrupción en el Perú.

"Contra viento y marea se firmó el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht con la fiscalia y la procuraduría peruana. Ganó la verdad y la justicia", agregó en su cuenta de Twitter. 

De otro lado, Victor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo que se ha suscrito un trato que estaba prácticamente en el mismo preacuerdo que se conoció en diciembre. 

"Lo único novedoso es que ante las críticas que hemos hecho del no pago de intereses parecería que ahora sí lo van a incluir, pero están incluyendo intereses a una tasa ridícula que no es la tasa que la Sunat cobra normalmente a los morosos", aseveró.

-La reparación y el permiso para que siga operando en el Perú-

Parte del acuerdo especifica que el monto de la reparación civil que pagará Odebrecht es de S/610 millones, más los intereses legales que se generen. Este dinero será entregado en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso.

Además, la empresa brasileña podrá seguir postulando a obras públicas en el Perú. 

Al resepecto,  Tubino consideró que el monto de S/610 millones de reparación civil que deberá entregar la empresa brasileña al Perú es "muy bajo". 

Sheput refirió que ese tema es discutible, pero afirmó que la ciudadanía debe plantear la pregunta de qué es lo que más le conviene al Perú.

"¿Qué es más importante? ¿Pagar una multa o saber quién es quién? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ya, nos pagan tres mil millones a cambio de silencio. ¿Eso queremos? Cinco mil millones si quieren, pero a cambio de silencio. ¿Qué es más importante a largo plazo, la multa o quiénes son los implicados?", cuestionó el legislador. 

Por su lado, Ushñahua afirmó que no se debe permitir que una empresa que se ha "coludido" con ex presidentes y autoridades peruanas pueda seguir contratando con el Estado y, mucho menos, que se les pague con los mismo fondos del Estado.

"No se puede permitir que una empresa que se ha coludido con ex mandatarios y autoridades del gobierno nacional pueda volver a contratar con el Estado peruano [...]. Es más, cómo se les va a pagar una reparación civil con nuestra propia plata [...]. Por el contrario, esta empresa debe indemnizar al Perú", aseveró. 

En tanto, Humberto Morales dijo que el aporte de la información que dará Odebrecht hará valioso el acuerdo que formuló el Ministerio Público.

En esa misma línea se manifestó Quintanilla, quien agregó que existía el riesgo de que Odebrecht se declare "insolvente" y no pague las reparaciones civiles que debe en el Perú.

"Teníamos que ceder en algo para obtener. Hay otras deudas por reparaciones civiles que no se cobran en el Perú y había el riesgo de que se declare insolvente y no paguen […]. Hay que respetar las decisiones del Ministerio Público y el aval del Poder Judicial sobre esto", concluyó.