El Consejo Directivo del Congreso de la República acordó la mañana de este jueves que los parlamentarios estén obligados a presentar su declaración jurada de intereses. (Foto: Congreso).
El Consejo Directivo del Congreso de la República acordó la mañana de este jueves que los parlamentarios estén obligados a presentar su declaración jurada de intereses. (Foto: Congreso).

El Consejo Directivo del , integrado por la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, acordó este jueves que los parlamentarios están obligados a presentar su declaración jurada (DJ) de intereses. No obstante, la medida mantiene que este documento será entregado a la Contraloría y no a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidad que estableció una plataforma para dicho fin.

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El acuerdo dispone cinco acciones concretas. La primera es que se autoriza a la Oficialía Mayor del Congreso a adoptar las medidas necesarias para “facilitar el acceso a aplicativos o sistemas de bases de datos” implementados por la contraloría para las declaraciones juradas de intereses.

También establece que hasta que se pueda tener el acceso referido líneas arriba, la Oficialía Mayor entregará a los congresistas el formato con los ítems contenidos en el anexo del Decreto de Urgencia N°020-2019, con el que el Poder Ejecutivo dispuso la obligatoriedad de la presentación de la DJ de intereses en el sector público.

“El mismo que será devuelto, llenado y firmado bajo juramento de veracidad”, agrega.

El Consejo Directivo del Congreso, que es presidido por Manuel Merino de Lama (Acción Popular), refiere que el plazo para la devolución de este formato no debe exceder los 30 días calendarios, luego de haber sido recibido por los congresistas.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

Además, ordena que otros funcionarios, como el oficial mayor, el director general del Parlamento, el director general de Administración, así como los asesores de los parlamentarios presenten su declaración jurada de intereses, bajo el mismo formato del DU N°020-2019.

La última disposición señala que, una vez vencido el plazo de 30 días, la Oficialía Mayor remitirá las declaraciones juradas de intereses a la contraloría, “a fin de que proceda a su resguardo y publicación”.

El DU N°020-2019  establece este formato para la declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos. (Foto: Presidencia de la República)
El DU N°020-2019 establece este formato para la declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos. (Foto: Presidencia de la República)


El DU N°020-2019  establece este formato para la declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos. (Foto: Presidencia de la República)
El DU N°020-2019 establece este formato para la declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos. (Foto: Presidencia de la República)

Un ajuste tras cuestionamientos

La decisión del Consejo Directivo se da luego de cuestionamientos a la decisión que tomó el pleno el 7 de mayo. Aquel día, la representación parlamentaria acordó autoexcluirse de los alcances del decreto de urgencia, amparado en su autonomía y la separación de poderes.

Para ello, aprobó una modificación en su reglamento para que la declaración jurada quede bajo el control del Consejo Directivo, encargado de definir los parámetros de la información a consignar. Ahí estableció que los documentos sean presentados ante la contraloría.

El DU N°020-2019 del Gobierno establece que los funcionarios del sector público están obligados a presentar su declaración jurada de intereses como requisito necesario para el ejercicio del cargo o función dentro de los quince días de haber sido nombrados, designados, electos o contratados. Pero precisa que la información se consigna ante la plataforma de la PCM.

El contralor Nelson Shack, , afirmó que, así como había sido aprobados los cambios a la declaración de intereses, el pasado 7 de mayo, la norma “no es muy clara”.

“Da la impresión, por cómo ha sido redactada, que únicamente los trabajadores del congreso estarían obligados a presentar sus declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría”, manifestó.

A raíz de los cuestionamientos a la resolución legislativa aprobada por el pleno días atrás, bancadas como las del Frepap y Podemos Perú presentaron proyectos para aclarar la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses para los congresistas.

“Es discutible desde el lado constitucional”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó a este Diario, el último martes, que la decisión del Congreso de crear un régimen excepcional para presentar la declaración jurada de intereses, “no contribuye” a la transparencia.

“A la ciudadanía le interesa saber cuáles son los vínculos económicos, profesionales y comerciales de los congresistas, estos señores son los que aprueban las normas. No es posible que tengan un régimen especial para la declaración jurada de intereses, consideramos que este es un grave error que no contribuye al fortalecimiento e institucionalidad del propio Congreso”, subrayó.

Gutiérrez también sostuvo que .

“La norma, además, desde nuestro punto de vista, trasgrede el artículo 94 de la Constitución, porque ahí se establece que estas resoluciones legislativas solo se pueden dar para competencias que resultan propias del Congreso, esto es la representación, fiscalización o los actos legislativos, la declaratoria de intereses no afecta ninguna de estas competencias, por lo tanto, también es discutible desde el lado constitucional”, apuntó.

Hace unos días, el presidente del Congreso Manuel Merino justificó el que solo 9 de los 130 congresistas hayan presentado su declaración jurada de intereses, al considerar que elaborar este documento “no es tan fácil” y que el estado de emergencia declarado por la pandemia de coronavirus ha dificultado la labor de verificar el árbol familiar de cada legislador.

“Nosotros no (lo hemos presentado) porque juramos el día 16 de marzo, hace unos 60 días, y ese mismo día ingresamos a cuarentena y hace una declaración jurada de intereses legítima y correcta requiere ver todo el árbol de tu familia. No es tan fácil”, indicó.

Según dijo en aquel momento, presentará la la declaración jurada una vez que se levante el estado de emergencia.

El excontralor Fuad Khoury advirtió que el Consejo Directivo no puede, por medio de un acuerdo, precisar o cambiar detalles de la Resolución Legislativa 004-2020-2021-CR (que tiene rango de ley), que dejaba un vacío respecto a la obligatoriedad de los congresistas de remitir sus declaraciones juradas de intereses al órgano de control.

“Esto tiene que ser aprobado a través de otra resolución legislativa […] Varios de los que no quieren mostrar sus relaciones por alguna razón oscura, no van a presentar [su declaración de intereses] y se van a sujetar a la norma principal. En el sector público las normas tienen que ser expresas, sino buscan una salida para no cumplirlas”, manifestó a El Comercio.

Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, afirmó que si bien una resolución legislativa tiene rango de ley, lo que ha hecho el Consejo Directivo “tampoco es errado”. “El acuerdo es de cumplimiento obligatorio para los congresistas, el Consejo Directivo es un colegiado interno del Congreso, la contraloría debe recibir los documentos”, agregó.

El ex oficial mayor del Parlamento José Cevasco indicó a este Diario que el acuerdo adoptado en el Congreso ha sido operativizar la Resolución Legislativa 004-2020-2021-CR.

Explicó que esta resolución modifica el artículo 23 del reglamento del Congreso, que indica que el Consejo Directivo establece las disposiciones para la presentación de la declaración jurada de intereses de los parlamentarios y funcionarios del Legislativo.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, criticó que los congresistas insistan en crear un régimen excepcional al del resto de los funcionarios de otros poderes del Estado. “Confunden a la ciudadanía al decir que solo tienen que rendir cuentas a la contraloría; el D.U. lo que busca es transparentar intereses, no busca controlar ni hacer investigaciones sobre los documentos que presenten”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el contralor Nelson Shack y con la secretaria de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva.

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