Alejandro Soto afirma que su caso fue declarado prescrito en el 2019 por un juzgado del Cusco

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aseguró que el proceso penal en su contra por el presunto delito de estafa y falsedad genérica fue declarado prescrito en el 2019 por un juzgado del Cusco.

En declaraciones a Canal N, afirmó que la Ley 31751 no lo beneficia y que el caso se sigue ventilando en la actualidad porque hay otros involucrados por otros hechos y pasó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Ciudad Imperial.

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“He tenido un proceso por la venta de un terreno que tuve en la ciudad del Cusco a una empresa privada. Ese contrato se llama compraventa, tiene connotación civil y si los señores no estaban de acuerdo con mi terreno, les ofrecí devolverles el dinero y que me lo devuelvan”, expresó.

“Se ha llevado a cabo un proceso penal por una supuesta comisión del delito de fraude en aplicación de personas jurídicas y estafa. En este caso el año 2019 el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, respecto de Alejandro Soto, ha declarado prescrita la acción y fundado el sobreseimiento”, agregó.

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En ese sentido, Soto Reyes aseguró que su abogado no lo desautorizó al utilizar como argumento la Ley 31751 para confirmar la prescripción de la denuncia del Ministerio Público en su contra por dichos delitos.

“Lo que puede decir mi abogado en el ejercicio de mi defensa, no me está desautorizando, sino que está utilizando una norma que a mí no me beneficia en absoluto porque mi caso estaba prescrito hace cuatro años atrás”, subrayó.

Según informó “Cuarto Poder”, Alejandro Soto se acogió a la norma aprobada por el pleno el pasado 11 de mayo, con el respaldo de 88 congresistas, incluyendo su voto mismo, en el juicio que afrontaba por estafa y falsedad genérica.

El pasado 21 de julio el juez Carlos Román Gil aplicó la ahora llamada ‘Ley Soto’ a favor del presidente del Congreso, librándolo de la acusación del Ministerio Público y del pedido de cárcel de 8 años y 8 meses.

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Con la ley anterior, el delito de estafa imputado en dos hechos a Soto debía prescribir en octubre de 2027, pero basándose en la nueva ley, el juez determinó que el caso prescribió en octubre de 2022, es decir cinco años antes.